Luis Manuel Pacheco Gaxiola
Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/01/2021
Partes del expediente
- Luis Manuel Pacheco Gaxiola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional; y, se procede a dictar la resolución que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. En consecuencia, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión del Departamento de Pensiones y Jubilaciones pertenecientes a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en dar contestación a la solicitud de pensión presentada el treinta de enero de dos mil veinte por Luis Manuel Pacheco Gaxiola. Por resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Luis Manuel Pacheco Gaxiola, contra los actos del Departamento de Pensiones y Jubilaciones pertenecientes a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: (.) La autoridad responsable Departamento de Pensiones y Jubilaciones pertenecientes a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberá realizar todas las acciones necesarias para dar respuesta dentro del término de tres días posteriores a la notificación del auto que declare ejecutoria esta sentencia, a la parte quejosa, en cuanto a su solicitud de pensión, presentada desde el treinta de enero de dos mil veinte....". Posteriormente, el diez de noviembre de dos mil veinte la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Departamento de Pensiones y Jubilaciones pertenecientes a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Mediante oficio UAJ/801/2020 del Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, recibido en la oficialía de este Juzgado el treinta de noviembre de dos mil veinte, remitió copia del oficio DG/139-095/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte signado por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por el cual dan contestación a la solicitud presentada por Luis Manuel Pacheco Gaxiola, de treinta de enero de dos mil veinte; y, le informaron que fue aprobada su solicitud de pensión por jubilación mediante acuerdo 096/2020 de treinta de octubre de dos mil veinte. Por lo anterior, el uno de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el ocho de los referidos mes y año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de justicia pronta y expedita por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que por oficio DG/139-095/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte signado por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se dio contestación a la solicitud presentada por Luis Manuel Pacheco Gaxiola de treinta de enero de dos mil veinte; en el cual, le hicieron del conocimiento que fue aprobada su solicitud de pensión por jubilación mediante acuerdo 096/2020 de treinta de octubre de dos mil veinte; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Atento a lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran el plazo que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo, deberán transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta con evidencia criptográfica del Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual remite el oficio DG/139-095/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el cual informa que fue aprobada la pensión por jubilación del aquí quejoso, ante la Junta Directiva de dicho instituto. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta con evidencia criptográfica del Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual remite el oficio DG/139-095/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el cual informa que fue aprobada la pensión por jubilación del aquí quejoso, ante la Junta Directiva de dicho instituto. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa Carlos Guzmán Serrano, a través del cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte y manifiesta su deseo de ampliar la demanda de amparo en contra del procedimiento administrativo que culminó con la resolución del cese de su cargo como guardia policial y su respectiva notificación, además, señala nuevas autoridades responsables y formula conceptos de violación que estima pertinentes. En esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en el testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de agosto del año en curso, dentro del toca R.A.-605/2019 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se admite a trámite la ampliación de demanda. Por tanto, se tiene a la parte quejosa señalando como autoridades responsables dentro de la citada ampliación de demanda a las siguientes: CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA. NOTIFICADOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA. En esas condiciones, se admite a trámite la ampliación de demanda; en consecuencia, con copia del escrito de la misma, con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las mencionadas autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Asimismo, se les hace del conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con dieciséis minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Por otra parte y en razón de lo anterior, instrúyase al Analista Jurídico adscrito a este juzgado federal, a efecto de que realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], para el efecto de que ingrese a la nueva autoridad señalada como responsable: Notificador del organismo público descentralizado denominado Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana. Dese a conocer lo anterior a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado federal, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogada dada su especial naturaleza únicamente las pruebas presuncional legal y humana; instrumental pública de actuaciones y documental consistente en las fotografías que adjunta al ocurso de cuenta, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Respecto a la prueba de inspección judicial no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad; toda vez que, el primero de tales principios, impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por lo que respecta al segundo principio citado, éste es regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado por el quejoso lo hace consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1) LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A REALIZAR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGO DERECHO, EN VIRTUD DEL DESPIDO INJUSTIFICADO DEL QUE FUI OBJETO, QUE COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE REMUNERACIÓN ORDINARIA DIARIA, VEINTE DIAS POR CADA AÑO DE SERVICIO PRESTADO, AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE ANTIG[EDAD, QUINQUENIOS, AYUDA DEPORTIVA Y DEMÁS PRESTACIONES QUE INTEGRAN MI REMUNERACIÓN ORDINARIA DIARIA; Y 2) A CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DESPLEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, LE RECLAMO A LA CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA EL CESE INJUSTIFICADO SIN QUE MEDIARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO. En el caso, se insiste, la prueba de inspección judicial ofrecida, no sería la idónea para demostrar que la autoridad responsable se constituyó en vialidad diversa, pues no son situaciones que el actuario pueda apreciar a simple vista y sin ayuda de otros elementos o conocimientos especiales en una materia determinada; por tanto, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, por las razones asentadas en el presente proveído.
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