Luis Manuel Nepomuceno Orbe
Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Manuel Nepomuceno Orbe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa y tercera interesada el término de tres días otorgados a efecto de que desahogaran la vista ordenada en proveídos de once de julio y siete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 151 y 157), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubieran hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, ************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral 876/2018 II. Luego, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 121 a 129), se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, por lo que la autoridad responsable estaba obligada a realizar lo siguiente: "El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, deje sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental de acumulación en el juicio laboral de origen y señale una nueva fecha en la que se apegue lo más humanamente posible a los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley Número 51 para el Estado de Guerrero; de manera que ya tomando en cuenta el parámetro razonable, tal audiencia deberá programarla dentro de un plazo máximo de diez días hábiles. Deberá señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, de igual forma con apego a lo más humanamente posible en los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley Número 51 para el Estado de Guerrero; de manera que ya tomando en cuenta el parámetro razonable, tal audiencia deberá programarla dentro de un plazo máximo de diez días hábiles" (foja 129). III. Por auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (fojas 135 a 138), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. IV. A fin de cumplir con lo anterior, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 7117/2019 (foja 144), remitió copias certificadas del auto de veintiséis de junio y resolución interlocutoria de nueve de julio, ambos de dos mil diecinueve, por los cuales por una parte dejó sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental de acumulación y señaló una nueva; asimismo, señaló día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, apegándose a los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley Número 51 para el Estado de Guerrero, en el expediente laboral 876/2018. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma, al señalar fecha para el desahogo de la audiencia incidental de acumulación y para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el juicio de origen, lo cual fue el efecto de la sentencia amparadora. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de once de julio de dos mil diecinueve (foja 151), se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, no se ordenó dar la referida vista al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en proveído de once de julio de dos mil diecinueve, dese vista al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, visto el oficio firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual anexa copia certificada del auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen; glósese a los autos para que obre como corresponda, por lo expuesto en párrafos precedentes. Notifíquese por medio de oficio al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, como está ordenado en auto de seis de mayo de dos mil diecinueve.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copias certificadas del auto de veintiséis de junio y resolución interlocutoria de nueve de julio, ambos de dos mil diecinueve, por los cuales señaló fecha para el desahogo de la audiencia incidental de acumulación y para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en el expediente laboral 876/2018; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa con copias del oficio y anexo de cuenta.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 121 a 129); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sin que sea óbice que no se cuenta con la constancia de notificación de la autoridad responsable Juez Mixto de Paz de Atoyac de Álvarez, Guerrero, relativa a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que al haberse sobreseído el juicio respecto de ella, resulta innecesario el acuse de recibo de referencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, deje sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental de acumulación en el juicio laboral de origen y señale una nueva fecha en la que se apegue lo más humanamente posible a los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley Número 51 para el Estado de Guerrero; de manera que ya tomando en cuenta el parámetro razonable, tal audiencia deberá programarla dentro de un plazo máximo de diez días hábiles. Deberá señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, de igual forma con apego a lo más humanamente posible en los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley Número 51 para el Estado de Guerrero; de manera que ya tomando en cuenta el parámetro razonable, tal audiencia deberá programarla dentro de un plazo máximo de diez días hábiles. (foja 129). Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración los efectos de la ejecutoria de amparo; por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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