Luis Manuel Muñoz Escobedo

Expediente 252/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
252/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Luis Manuel Muñoz Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    TODA VEZ QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO DE 15 DÍAS OTORGADO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA RESPECTO DEL AUTO EN QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, ARCHÍVESE ESTE JUICIO DE AMPARO COMO ASUNTO CONCLUIDO, EL CUAL CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el cual remitió diversas constancias a fin de acreditar las gestiones realizadas para cumplir a cabalidad los efectos de la ejecutoria de amparo y manifestó la imposibilidad material en que se encuentran las responsables para dar total observancia a lo ordenado en la misma, por los motivos ahí expuestos. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa desahogó dicha vista, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a XXX, contra actos de la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco -autoridad vinculada al cumplimiento-, cuyos efectos consistieron en los siguientes: "(.) Le sean desincorporadas de su esfera jurídica las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de Construcción del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, únicamente en cuanto a los valores de construcción en cuanto a la calidad de lujo, superior, medio, económico y austero; El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad no implica que el impetrante deje de pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales correspondiente, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable del inmueble, la autoridad municipal correspondiente aplicará el monto de menor cuantía señalado para la respectiva subclasificación de calidad de construcción en el decreto impugnado, esto es la relativa a los "austeros"; Hecho lo anterior, le devolverá la diferencia entre el monto que resulte y las cantidades que pagó en exceso. Esto último, con el propósito de eliminar la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, con motivo de la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación de las distintas categorías y, por consiguiente, la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad administrativa para dicha aplicación. Cabe señalar que la devolución correspondiente deberá efectuarse debidamente actualizada, conforme a los mecanismos legales aplicables al presente asunto." Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: Mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, por el que manifestó que la Dirección de Catastro informó que respecto a la cuenta catastral XXXXX, no se presenta construcción alguna, por lo que resulta imposible, aplicar la inconstitucionalidad detectada este órgano jurisdiccional, puesto que no puede aplicarle valores de menor cuantía por lo que ve a la subclasificación de calidad de construcción, además, manifiesta que como se advierte del recibo oficial 3253140 AA de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, donde se advierten los valores de construcción, la cuantía por Valor de Construcción es de 0.00 (cero punto cero cero). En atención a lo anterior, se ordenó dar vista con el oficio en comento a la parte quejosa en citado proveído, otorgándole al quejoso el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por Ismael Rendón Villanueva, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, desahogó la vista otorgada en auto de veintiocho de marzo anterior, manifestando que existe una notoria negligencia en el cumplimiento del fallo constitucional por parte de la autoridad responsable, toda vez que, a su parecer los señalamientos resultan carentes de sustento legal, en consecuencia, este órgano jurisdiccional requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable, a fin de que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante proveído de diez de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 1400/2019/T-3444 signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por medio del cual, informó que giró oficio al Director de Catastro solicitándole, realizara las gestiones necesarias a efecto de corroborar si la cantidad entera a través del recibo oficial 3253140 AA, fue considerada con valores de construcción y explique los motivos por los cuales fue tomado en cuenta el avalúo donde clasificó el inmueble como construido; al respecto, se requirió a las autoridades para que, informaran la respuesta del oficio remitido al Director de Catastro. Posteriormente, mediante oficio 1400/2019/T-3759 suscrito por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, recibido en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, la responsable manifestó la imposibilidad jurídica para realizar la devolución a favor del quejoso, toda vez que, ante la Dirección Catastral del municipio de Zapopan, Jalisco, el inmueble registrado bajo la cuenta predial XXXXX propiedad del aquí quejoso, se encuentra registrado como predio baldío, con lo que se ordenó correr traslado a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. En ese tenor, en el presente, se actualiza la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo dado que, la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso, en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional, dado que con la separación y consignación de la autoridad, tampoco podría hacerlo la autoridad sustituta. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto. Entonces, si bien del artículo 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En el caso, se trata de una sentencia que constriñe a la autoridad responsable a un hacer, ya que conforme a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable está obligada a desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de Construcción del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, únicamente en cuanto a la calidad de lujo, superior, medio económico y austero; asimismo, para que atendiendo a la violación constitucional generada por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable del inmueble, la autoridad municipal, aplique el monto de menor cuantía señalado para la respetiva subclasificación de construcción en el decreto impugnado, esto es, la relativa a austeros, y una vez realizado lo anterior, le devolver la diferencia entre el monto que resulte y las cantidades que pagó en exceso. Sin embargo, la autoridad responsable refiere que no le es posible aplicar el monto de cuantía mentor a la construcción del inmueble en cuestión, toda vez que, éste no presenta registrada construcción alguna y ante dicha dependencia se encuentra catalogado como lote baldío, dado lo cual, se encuentra impedida materialmente para aplicar monto de menor cuantía por lo que ve a la subclasificación de calidad de construcción a un predio que carece de construcción. En consecuencia, el impedimento invocado por la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo encuadra dentro de estos supuestos jurídicos, pues constituye un obstáculo para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, pues así se desprende de las constancias de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de amparo, la ejecutoria se declara de imposible cumplimiento, por lo que ve al tercer punto de los efectos para los que se concedió el amparo en el presente asunto. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007, página 140, con registro rápido de localización 172140, cuyo epígrafe y sinopsis son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. Resulta igualmente aplicable, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de 2009, página 441, con registro rápido de localización 166412, cuyo rubro y texto son: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS DETERMINA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación del artículo 105 de la Ley de Amparo se colige que corresponde al juez de distrito o al tribunal colegiado de circuito que haya conocido del juicio de garantías determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. Así, cuando el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse emite un acuerdo en el sentido de que existe imposibilidad jurídica y material para que se cumpla la sentencia concesoria del amparo y dicha determinación se comunica oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia por haber dejado de existir el presupuesto que lo originó al resultar excusable el incumplimiento de la autoridad responsable y, por ende, queda sin efectos el dictamen relativo a la aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se está en espera de que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto; en el entendido de que, aun cuando éste no sea recurrido, una vez que dicho plazo fenezca se proveerá lo relativo a la remisión del presente juicio de amparo a la superioridad, para que determine si existe o no imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo establecen los artículos 193 y 196 último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia P./J.23/2018 (10a), de rubro y texto siguientes: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por XXXXX, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, a fin de desahogar la vista otorgada en auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DICTADO EL 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el cual remitió diversas constancias a fin de acreditar las gestiones realizadas para cumplir a cabalidad los efectos de la ejecutoria de amparo y manifestó la imposibilidad material en que se encuentran las responsables para dar total observancia a lo ordenado en la misma, por los motivos ahí expuestos. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa desahogó dicha vista, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a XXX, contra actos de la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco -autoridad vinculada al cumplimiento-, cuyos efectos consistieron en los siguientes: Le sean desincorporadas de su esfera jurídica las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de Construcción del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, únicamente en cuanto a los valores de construcción en cuanto a la calidad de lujo, superior, medio, económico y austero; El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad no implica que el impetrante deje de pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales correspondiente, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable del inmueble, la autoridad municipal correspondiente aplicará el monto de menor cuantía señalado para la respectiva subclasificación de calidad de construcción en el decreto impugnado, esto es la relativa a los austeros; Hecho lo anterior, le devolverá la diferencia entre el monto que resulte y las cantidades que pagó en exceso. Esto último, con el propósito de eliminar la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, con motivo de la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación de las distintas categorías y, por consiguiente, la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad administrativa para dicha aplicación. Cabe señalar que la devolución correspondiente deberá efectuarse debidamente actualizada, conforme a los mecanismos legales aplicables al presente asunto. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: Mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, por el que manifestó que la Dirección de Catastro informó que respecto a la cuenta catastral XXXXX, no se presenta construcción alguna, por lo que resulta imposible, aplicar la inconstitucionalidad detectada este órgano jurisdiccional, puesto que no puede aplicarle valores de menor cuantía por lo que ve a la subclasificación de calidad de construcción, además, manifiesta que como se advierte del recibo oficial 3253140 AA de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, donde se advierten los valores de construcción, la cuantía por Valor de Construcción es de 0.00 (cero punto cero cero). En atención a lo anterior, se ordenó dar vista con el oficio en comento a la parte quejosa en citado proveído, otorgándole al quejoso el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por Ismael Rendón Villanueva, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, desahogó la vista otorgada en auto de veintiocho de marzo anterior, manifestando que existe una notoria negligencia en el cumplimiento del fallo constitucional por parte de la autoridad responsable, toda vez que, a su parecer los señalamientos resultan carentes de sustento legal, en consecuencia, este órgano jurisdiccional requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable, a fin de que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante proveído de diez de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 1400/2019/T-3444 signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por medio del cual, informó que giró oficio al Director de Catastro solicitándole, realizara las gestiones necesarias a efecto de corroborar si la cantidad entera a través del recibo oficial 3253140 AA, fue considerada con valores de construcción y explique los motivos por los cuales fue tomado en cuenta el avalúo donde clasificó el inmueble como construido; al respecto, se requirió a las autoridades para que, informaran la respuesta del oficio remitido al Director de Catastro. Posteriormente, mediante oficio 1400/2019/T-3759 suscrito por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, recibido en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, la responsable manifestó la imposibilidad jurídica para realizar la devolución a favor del quejoso, toda vez que, ante la Dirección Catastral del municipio de Zapopan, Jalisco, el inmueble registrado bajo la cuenta predial XXXXX propiedad del aquí quejoso, se encuentra registrado como predio baldío, con lo que se ordenó correr traslado a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. En ese tenor, en el presente, se actualiza la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo dado que, la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso, en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional, dado que con la separación y consignación de la autoridad, tampoco podría hacerlo la autoridad sustituta. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto. Entonces, si bien del artículo 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En el caso, se trata de una sentencia que constriñe a la autoridad responsable a un hacer, ya que conforme a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable está obligada a desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de Construcción del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, únicamente en cuanto a la calidad de lujo, superior, medio económico y austero; asimismo, para que atendiendo a la violación constitucional generada por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable del inmueble, la autoridad municipal, aplique el monto de menor cuantía señalado para la respetiva subclasificación de construcción en el decreto impugnado, esto es, la relativa a austeros, y una vez realizado lo anterior, le devolver la diferencia entre el monto que resulte y las cantidades que pagó en exceso. Sin embargo, la autoridad responsable refiere que no le es posible aplicar el monto de cuantía mentor a la construcción del inmueble en cuestión, toda vez que, éste no presenta registrada construcción alguna y ante dicha dependencia se encuentra catalogado como lote baldío, dado lo cual, se encuentra impedida materialmente para aplicar monto de menor cuantía por lo que ve a la subclasificación de calidad de construcción a un predio que carece de construcción. En consecuencia, el impedimento invocado por la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo encuadra dentro de estos supuestos jurídicos, pues constituye un obstáculo para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, pues así se desprende de las constancias de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de amparo, la ejecutoria se declara de imposible cumplimiento, por lo que ve al tercer punto de los efectos para los que se concedió el amparo en el presente asunto. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007, página 140, con registro rápido de localización 172140, cuyo epígrafe y sinopsis son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. Resulta igualmente aplicable, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de 2009, página 441, con registro rápido de localización 166412, cuyo rubro y texto son: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS DETERMINA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación del artículo 105 de la Ley de Amparo se colige que corresponde al juez de distrito o al tribunal colegiado de circuito que haya conocido del juicio de garantías determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. Así, cuando el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse emite un acuerdo en el sentido de que existe imposibilidad jurídica y material para que se cumpla la sentencia concesoria del amparo y dicha determinación se comunica oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia por haber dejado de existir el presupuesto que lo originó al resultar excusable el incumplimiento de la autoridad responsable y, por ende, queda sin efectos el dictamen relativo a la aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se está en espera de que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto; en el entendido de que, aun cuando éste no sea recurrido, una vez que dicho plazo fenezca se proveerá lo relativo a la remisión del presente juicio de amparo a la superioridad, para que determine si existe o no imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo establecen los artículos 193 y 196 último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia P./J.23/2018 10a, de rubro y texto siguientes: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por XXXXX, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, a fin de desahogar la vista otorgada en auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por el Director de Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco, por medio del cual, remite copia simple del oficio 1406/2038/2019 dirigido a la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, en respuesta al diverso oficio 1400/2019/T-3445, a través del cual, manifiesta su imposibilidad material que ésta tiene para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, únicamente se ordena agregar el oficio de cuenta sin mayor acuerdo en lo substancial, toda vez que en auto de veinticuatro del presente mes y año, se tuvo por recibido diverso oficio, así como el oficio original 1406/2038/2019, mismas constancias con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese.

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