Luis Manuel Munguia Casillas
Expediente 2320/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2320/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/12/2019
Partes del expediente
- Luis Manuel Munguia Casillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Delegada de la Fiscalía General del Estado. Atento a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que toda vez que la misma fue emplazada en el presente juicio y condenada al pago al quejoso de las prestaciones que se indicaron en el incidente innominada, además de que la misma fue la encargada de la entrega del mismo, será quien para efectos del presente juicio de amparo, deba cumplir con la ejecutoria de amparo, con independencia de la comunicación que el oficiante pueda tener con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para el cumplimiento de la sentencia dictada en autos.
- Principal
Visto el escrito de cuenta que suscribe el autorizado en amplios términos de la parte quejosa; mediante el cual, realiza diversas manifestaciones con relación a la vista ordenada en autos el pasado seis de noviembre de dos mil diecinueve; referente al dictamen pericial emitido por la perito oficial; al respecto, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar y téngasele realizando las manifestaciones correspondientes.
- Principal
Visto el oficio signado por la Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual informa en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada del título de concesión 815146; sello de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, así como sus constancias de notificación; al respecto, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con copia simple del oficio de cuenta y anexos, dese vista y córrase traslado a la parte quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en la ciudad de México. Atento a su contenido, se le tiene informando en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo y remita constancia de la que se advierta que envió las constancias de emplazamiento al tercero interesado por correo certificado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa, de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, conforme a lo establecido por la contradicción de tesis 375/2011, que precisa que las Juntas y Tribunales Laborales, no se encuentran sometidas a la potestad de autoridad alguna, por lo que no tiene superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, al ser éstas organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, es decir, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función, es por lo que no se requiere a diversa autoridad. Al respecto, cabe transcribir la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J.36/2011, cuyo rubro y texto, son los siguientes: De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."
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