Luis Manuel Montoya Cabrera
Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Luis Manuel Montoya Cabrera
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 24 y 29), se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitiendo el expediente original del juicio laboral número *** de su índice, en apoyo a su informe justificado, se ordenó la devolución de dicho expediente y se formó un tomo de pruebas con las copias que se obtuvieron del mismo, las cuales se certificaron para los efectos legales conducentes. Por tanto, tomando en consideración que en auto de veintisiete de abril de la anualidad que transcurre (fojas 42 a 44), causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo de este asunto, al resultar innecesarias las citadas constancias, se ordena su destrucción; en consecuencia, comisiónese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, a fin de que destruya la copia del juicio de origen. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 24 a 29), en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que hicieran manifestación alguna, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, Punto 8.1.2. apartado 12 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Libro de Control Electrónico; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del expediente original número *** devuelto, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado y al efecto adjunta el expediente original del juicio laboral número ****. Derivado de lo anterior, se ordena la devolución del expediente original en mención, a la citada autoridad responsable, previa copia que se obtenga del mismo, que serán certificadas para formar el tomo de prueba correspondiente. Se instruye al Actuario Judicial adscrito para que al momento de hacer entrega del oficio que de este proveído se genera, y de las constancias a que se hace referencia, recabe el registro de la entrega, debiendo asentar el nombre y cargo de la persona que lo recibe y el sello de la dependencia. Ahora bien, dado lo voluminoso de las copias certificadas del expediente laboral número ****, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, para su mejor manejo, respetando folios, rúbricas y entresellos. Asimismo, toda vez que las constancias en cita y la información contenida en las pruebas aportadas por la autoridad responsable, son voluminosas, se precisa que no serán digitalizados, por lo que se hace del conocimiento de las partes que para su consulta, sería necesario acudir a las instalaciones del órgano jurisdiccional, ello en términos del artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece que los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales, con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial; y, que la digitalización de pruebas, quedará al arbitrio del juzgador. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que **** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que enseguida se precisan: Autoridad responsable: ? Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. De quién reclamó lo siguiente: ? La omisión acordar el escrito de seis de enero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ***. De igual forma, se desprende que, por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 6 a 11), se recibió la citada demanda promovida por Luis Manuel Montoya Cabrera, se radicó bajo el número de expediente 342/2023, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Luego, en líneas que anteceden, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta localidad (foja 22), mediante el cual, negó el acto reclamado y remitió el juicio laboral número *** y argumentó que la promoción presentada por el quejoso ya estaba acordada. Documental, a la cual se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2, de la Ley de Amparo, de la que se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (foja 71 del cuaderno de pruebas), la junta responsable dictó un auto, en el que acordó el escrito signado por ***, apoderado legal de la parte actora en el juicio de origen -aquí quejoso-; el cual fue recibido el seis de enero de dos mil veintitrés y, en esencia, se le dijo que debía estarse a lo ordenado en acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, para los fines legales conducentes. Asimismo, comisionó al actuario de su adscripción para que notificara a las partes dicho acuerdo, lo que aconteció el trece de marzo de la anualidad en curso, fecha en que la parte quejosa, quedó notificada de tal auto (foja 72 ibídem). Por lo tanto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista regulada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y, c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sobre esa base, se afirma como se dijo, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de la copia certificada del juicio ordinario laboral ****, se desprende, en lo que interesa, que mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (foja 71 del cuaderno de pruebas); la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito presentado el seis de enero actual, por Edgar Gerardo Torreblanca Martínez apoderado legal de la parte actora en el juicio de origen y proveyó lo conducente; asimismo, comisionó al actuario de su adscripción, para que notificara a las partes dicho auto. Determinación, que fue notificada a **** apoderado legal de la parte actora, el trece de marzo del año en curso, como se advierte de la notificación que obra en autos (foja 72 ibídem). De lo hasta aquí expuesto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión acordar el escrito de seis de enero de dos mil veintitrés, presentado en el expediente ***, pues si bien es cierto que, la autoridad responsable atendió el ocurso de mérito, en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, es decir, antes de la presentación de la demanda -seis de marzo de dos mil veintitrés-; lo cierto es, que tal determinación, se le notificó el trece de marzo de esta anualidad, es decir, con posterioridad a la admisión del presente juicio, por lo tanto, han quedado destruidos los efectos de los actos violatorios de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce de los derechos esenciales transgredidos, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que es evidente que, como quedó apuntado en párrafos que anteceden han cesado los efectos de los actos reclamados. Lo anterior es así, ya que jurídicamente a nada práctico se llegaría con el trámite del presente juicio si desde un inicio se conoce el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Tiene aplicación al caso la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Página 71, registro 197367, que .a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, dictada por Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, Novena Época, Materia Común, con registro digital 173878, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, registro digital 184572, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con veinte minutos del cuatro de abril de dos mil veintitrés (foja 7 vuelta). No es óbice para emitir la presente determinación la circunstancia que el tercero interesado Grupo Asesor "Z" Sociedad Anónima de Capital Variable y Productos de Consumo "Z" Sociedad Anónima de Capital Variable, no se imponga del contenido del informe justificado que se agrega en líneas precedentes, a efecto que aporte las pruebas que considere necesarias conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, para acreditar sus pretensiones; dado que, en la especie, aun cuando lo realizara no se lograría desvirtuar la causal de improcedencia invocada. Razón por la que en modo alguno, el presente sobreseimiento fuera de audiencia, no lo deja en estado de indefensión ni transgrede sus derechos fundamentales. Apoya lo expuesto, por sus consideraciones, la Jurisprudencia 1a./J. 49/2017(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.". Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada
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