Luis Manuel Mendoza Palomino
Expediente 350/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Georgina Rocío Pallares Pallares
- Rosalba Elizabeth Rodríguez Almazán
- Luis Manuel Mendoza Palomino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Amparo en revisión
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso por el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente recurso de revisión y el anexo descrito en el referido oficio. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el oficio de mérito para que surta los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de revocar la sentencia recurrida y, sobreseer en el juicio de amparo indirecto 647/2022-IV, asimismo se remitió el testimonio de dicha resolución, cuyo acuse de recibo se acuerda por este auto; en consecuencia, archívese este recurso como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 3, fracciones II y XV, 6, fracciones I y II, 20, 21 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.
- Amparo en revisión
REVOCA Y SOBRESEE.
- Amparo en revisión
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en proveído de trece de enero de dos mil veintitrés a LUIS MANUEL MENDONZA PALOMINO, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa por este Tribunal Colegiado, sin que haya desahogado la referida vista; por tanto, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado José Martínez Guzmán.
- Amparo en revisión
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el doce de enero de dos mil veintidós, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dése vista a la parte recurrente LUIS MANUEL MENDOZA PALOMINO, por propio derecho, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10ª.), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "CUARTO. Estudio del recurso. En el caso, conviene destacar que el juicio de origen involucra derechos del menor de identidad reservada L.D.M.V., toda vez que su progenitora, promovió un procedimiento sobre controversia sobre violencia familiar, en contra del hoy recurrente, donde se emitieron diversas medidas cautelares. Asimismo, se precisa que en el referido expediente, identificado con el número 1066/2020, iniciado ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, la cual de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del numeral 2 de la Ley de Amparo vigente, permite advertir que la fecha de su nacimiento, fue el treinta y uno de octubre de dos mil seis; por tanto, al momento en que se promovió este recurso de revisión principal, es decir, el once de octubre de dos mil veintidós, el menor contaba con quince años, once meses de edad. En las condiciones narradas, se actualiza el supuesto normativo que contempla el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que debe suplirse la deficiencia de la queja respecto de los agravios, en favor del menor de que se trata. En efecto, la suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual, debe ser total cuando se encuentran en litigio los derechos de menores, es decir, no se limita al carácter del promovente, ni a una sola instancia, ni a los conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el período de ejecución de la sentencia en caso de que se conceda el amparo. En este sentido se encuentra la jurisprudencia surgida de la contradicción de tesis 106/2004-PS, identificada con el número 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, del Tomo XXIII, mayo de 2006, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." En esas condiciones, conforme con lo dispuesto, se considera que en el caso se resolverá teniendo como directriz el interés superior de los menores de edad. Antecedentes 1. ADRIANA VÁZQUEZ NÚÑEZ, por propio derecho y en representación de su hijo de iniciales reservadas L.D.M.V., demandó del hoy quejoso - aquí recurrente- LUIS MANUEL MENDOZA PALOMINO, en la vía de procedimiento de controversia sobre violencia familiar; asunto que se radicó con el número de expediente 1066/2020, ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 2. En auto de ocho de diciembre de dos mil veinte se previno a la parte actora para que señalara la fecha en qué sucedieron los hechos, entre otras cuestiones. 3. El once de diciembre de dos mil veinte se admitió a trámite el asunto, se ordenó emplazar al demandado; se requirió a Monserrat Mendoza Vázquez (hija de la actora mayor de edad), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto los hechos de violencia referidos por la accionante; asimismo. Como medidas de protección, se fijaron las siguientes: a) Se prohibió al presunto generador de violencia LUIS MANUEL MENDOZA PALOMINO, para acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de la promovente y sus hijos o cualquier otro que frecuentara la promovente y sus hijos, b) Se prohibió al presunto generador de violencia intimidar o molestar a la promovente y a sus hijos; así como ingresar a sus redes sociales y correos electrónicos, apercibido que para el caso contrario se le impondrán las medidas de apremio establecidas en el artículo 1.124 fracción I del Código de Procedimientos Civiles. Como medidas de protección preventiva, se estableció: 1.- Se EMITE una ORDEN DE AUXILIO POLICIACO DE REACCIÓN INMEDIATA a favor de ADRIANA VÁZQUEZ NUÑEZ, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentra la dicente en el momento de que llegase a requerir dicho auxilio. 2. Se emite una orden de protección y auxilio policial, por lo que se ordena girar oficio tanto a la Dirección de Seguridad Publica de Atizapán y Dirección de Seguridad Pública Estatal, a fin de que las víctimas, pueda acudir a la Autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio, por lo que sin más trámite y para que en caso de que la actora o sus hijos requieran el auxilio de las Autoridades de Seguridad Publica o de cualquier otra índole de apoyo a la Ciudadanía, de cualquier lugar en donde se encuentren, se les proporcione dicho auxilio." Como medidas de protección de carácter civil, las siguientes: I. La GUARDA Y CUSTODIA.- Atendiendo a que de la narratoria de hechos se advierte que actualmente el menor L.D.M.V. se encuentre bajo el cuidado de su progenitora, provisionalmente se decreta la guarda y custodia provisional del citado, a favor de ADRIANA VÁZQUEZ NUÑEZ. II. PENSIÓN ALIMENTICIA.- Tomando en consideración que los alimentos son de primera necesidad, que la sociedad está interesada en su cumplimiento de manera inmediata, así como que, con la documental pública consistente en el acta de nacimiento de los menores se acredita la filiación entre estos y el deudor alimentario, en consecuencia, con fundamento en los artículos 4.126, 4.128 y 4.135 del Código Civil en relación el artículo 5.43 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta una pensión alimenticia provisional en favor del menos L.D.M.V., y a cargo de LUIS MANUEL MENDOZA PALOMINO, a razón del 20% VEINTE POR CIENTO de los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtiene el señor LUIS MANUEL MENDOZA PALOMINO como producto de su trabajo en el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL." 4. El doce de enero de dos mil veintiuno, la Juez responsable autorizó la desocupación del presunto agresor del domicilio familiar ubicado en Cerrada Doctor Gustavo Baz Número Nueve, Colonia y/o Fraccionamientos Ampliación el Chaparral, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, y el reingreso al mismo de las víctimas, a fin de lograr la consolidación de las medidas de protección emitidas el once de diciembre de dos mil veinte. Además, ordenó que dicho inmueble se pusiera en posesión de la señora ADRIANA VÁZQUEZ NÚÑEZ, dejando a salvo los derechos de terceros con una mejor posesión. 5. En proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por apersonada a Montserrat Mendoza Vázquez, hija del hoy recurrente, y se hicieron extensivas las medidas de protección ordenadas mediante auto de once de diciembre de dos mil veinte. 6. En desacuerdo con los autos de once de diciembre de dos mil veinte, doce de enero y uno de marzo de dos mil veintiuno, LUIS MANUEL MENDOZA PALOMINO, promovió recurso de apelación, ante la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, el Estado de México, con el que se integró el expediente del toca 321/2022, quien mediante resolución de tres de mayo de dos mil veintidós declaró infundados los agravios expuestos y confirmó los autos recurridos. Resolución que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 647/2022-IV, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y su ejecución, el cual una vez substanciado, el veintinueve de julio de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional, terminada de engrosar el veintiséis de septiembre siguiente, donde se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión solicitados. 7. En el juicio de origen 1066/2020, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental, donde se revisaron las medidas cautelares decretadas en los autos, en el Juez resolvió tener por hechas las manifestaciones de las partes, pero señaló que las mismas resultaban insuficientes e injustificadas para modificar las medidas provisionales por los diversos motivos que expuso, por lo tanto, consideró confirmar las medidas provisionales decretadas, las cuales deberían subsistir durante el tiempo que ocupara la tramitación del juicio, las cuales sólo podrían ser modificadas en la sentencia definitiva. En desacuerdo con ello, la parte demandada -aquí recurrente- promovió recurso de revocación, el cual se tuvo por interpuesto, se hizo notar que los agravios eran infundados y carentes de derecho en razón de que en los autos las medidas de protección señaladas en el mismo, no versaba ninguno sobre un bien inmueble; de igual manera, se difirió la audiencia y señalaron para su continuación a las catorce horas del día seis de mayo de dos mil veintidós. En la continuación de la audiencia inicial de seis de mayo de dos mil veintidós, se señaló que en la audiencia inicial pasada, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se desahogaron todas la fases de la audiencia inicial, con excepción de la revisión de medidas provisionales, toda vez que quedó pendiente de resolver el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, por ello, se procedió a resolver en la siguiente forma: "EL JUEZ RESUELVE: Y tomando en consideración lo expuesto por las partes, a juicio de este juzgador, los agravios expuestos por la parte demandada resultan insuficientes, inoperantes e injustificados para revocar la determinación recurrida, toda vez que refiere que las medidas provisionales decretadas en el auto inicial, en primer términos (sic) porque únicamente hace referencia a la medida de protección de naturaleza civil, por la cual se determinó conceder a las presuntas víctimas de violencia, la posesión exclusiva del inmueble que sirvió de domicilio conyugal, sin exponer en sus agravios ninguna manifestación o argumento respecto de las demás medidas provisionales decretadas en autos. Por otra parte, los agravios expuestos se consideran insuficientes, inoperantes e injustificados, dado que constituyen meras manifestaciones subjetivas carentes de sustento factico y jurídico, que no combaten ni controvierten la legalidad de la resolución recurrida, concretándose a hacer manifestaciones respecto de que el inmueble al que se hace referencia en la medida de protección de naturaleza civil decretada por auto del doce de enero de dos mil veintiuno, y no el once de diciembre de dos mil veinte como lo asevera el recurrente, es diverso al que jamás ha sido ocupado por alguna de las partes, siendo que de las constancias de autos se advierte que dicha medida fue decretada conforme a lo solicitado por la parte actora, quien asevero que en dicho inmueble se estableció el último dominio donde las partes cohabitaron juntos, manifestación que se robustece con el dicho de la también presunta receptora de violencia, MONSERRAT MENDOZA VAZQUEZ, así como con los referido por el propio demandado y recurrente en su escrito de contestación de demanda, específicamente en lo narrado en el hecho E de su capítulo correspondiente, en el cual asevero que el 15 de octubre de 2012, se trasladaron a vivir al domicilio adquirido por el demandado, manifestando también que decidió rentar dicho inmueble a su hermano en el mes de diciembre de 2020, siendo un hecho notorio para este Juzgador que de las constancias remitidas por la autoridad federal respecto del Juicio de Amparo 1334/2021-VIII, se desprende un contrato de arrendamiento de fecha diversa a la referida por el hoy recurrente, pero se acompañan diversos recibos oficiales de los cuales se advierte que el inmueble al que hace referencia, se encuentra registrado a su nombre en el Catastro Municipal y en el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Atizapán de Zaragoza. Aunado a lo anterior, los agravios referentes a que este Juzgador no puede revocar sus propias determinación, resultando no solo inoperantes e insuficientes por si para revocar la determinación recurrida, pues en primer término, la legislación civil adjetiva estable la obligación en sus artículos 5.45, 5.50 fracción V y 558, de revisar oficiosamente la medidas provisionales que se dicten, sin que ello se considere una revocación de las propias determinaciones, ni mucho menos alguna violación a los principios de seguridad jurídica y debido proceso, aunado a que de las constancias de autos no se advierte ninguna resolución judicial que hubiere modificado, revocado o dejado insubsistente la medida de protección de naturaleza civil decretada por auto del doce de enero de dos mil veintiuno, haciéndose la precisión, que la suspensión de su ejecución a la que se hace referencia en el diverso proveído del doce de enero de dos mil veintidós, atiende a la suspensión provisional que fue decretada en el juicio de amparo 1334/2021-VIII del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito del estado de México, con residencia en Naucalpan de Juarez, pero no implica de modo alguno que este órgano jurisdiccional hubiere revocado o dejado sin efectos la medida de protección de naturaleza civil que nos ocupa, sin que tampoco resulte necesario para el otorgamiento y ejecución de dicha medida/provisional, que la parte actora y presunta generadora de violencia, tenga que acreditar la propiedad del bien inmueble respecto del cual pide se le conceda la posesión exclusiva acorde a lo previsto por los artículos 2.355. 2.355 Quinquies fracción III del Código Civil Adjetivo, y 28, 29, 31 Bis fracción III y 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, para lo cual basta que se soliciten y se considere inclusive de manera presuntiva, el riesgo o peligro existente, y la seguridad de la víctima y de sus hijas e hijos. Por lo anterior, resultan insuficientes, inoperantes e injustificados los agravios expuestos por el recurrente, y en consecuencia, de conformidad con lo previsto por los artículo 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 2.345, 2.355, 5.1, 5.3 bis, 5.8, 5.16, 5.44, 5.45, 5.58 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 28, 29, 31 Bis y 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA REFERENTE A LA CONFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES DECRETADAS EN AUTOS, LAS CUALES DEBERÁN SUBSISTIR DURANTE EL TIEMPO QUE OCUPE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENIOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. (.)" Cabe señalar que en las audiencias inicial de dieciocho de marzo de dos mil veintidós y su continuación de seis de mayo posterior, donde se revisaron las medidas cautelares y se confirmaron, estuvo presente el hoy recurrente, así como su abogado patrono. Decisión Ahora bien, atendiendo a los antecedentes expuestos, se considera que se debe revocar la sentencia emitida por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 647/2022-IV, donde negó el amparo y la protección de la justicia de la unión solicitados. Lo anterior, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La causa de improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización: a) Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En ese contexto, como se advirtió de los antecedentes del asunto, en la audiencia inicial de dieciocho de marzo de dos mil veintidós y su continuación de seis de mayo posterior, se revisaron las medidas cautelares y se confirmaron; por tanto, esta última determinación sustituyó procesalmente a la emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, el Estado de México, en el toca 321/2022, que confirmó los autos de once de diciembre de dos mil veinte, doce de enero y uno de marzo de dos mil veintiuno, relativos a las medidas provisionales decretadas en el expediente de origen. Esto es, la emitida en la audiencia inicial de dieciocho de marzo de dos mil veintidós y su continuación de seis de mayo posterior, son las que actualmente rigen la situación jurídica de la parte recurrente y la que, en su caso, le causa perjuicio. De ahí que, respecto de dicho acto se actualiza de la causa de improcedencia de cesación de efectos por sustitución procesal, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad -la de dieciocho de marzo de dos mil veintidós y su continuación de seis de mayo posterior-, el cual se insiste, es el que rige ahora la situación jurídica de la recurrente, con sus menores hijos. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, Registro: 2002188, del contenido siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." (Lo resaltado en el texto no es de origen). Sin que se analicen los agravios expuestos, ya que al sobreseerse el juicio existe un obstáculo jurídico que impide la decisión del fondo de la controversia. Al caso se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49, Registro digital: 239006, Séptima Época, Materias(s): Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo indirecto 647/2022-IV, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez." En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado José Martínez Guzmán, para los efectos que en derecho corresponda.
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