Luis Manuel Lozano Moreno

Expediente 1012/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1012/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Luis Manuel Lozano Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta signado por *, en su carácter de apoderada del tercero interesado *, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo de veintidós de junio del año en curso (fojas 230 a 232); exhibe más copias del ocurso que presentó el veintiuno de junio del año en curso (fojas 216 a 228), por el que, entre otras cuestiones, ofreció la prueba testimonial a cargo de ******; en consecuencia, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de mérito. Ahora bien, en virtud de que del estado de autos, se advierte que por acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 124 a 125), se reservó proveer sobre la prueba pericial en materia de grafoscopía y grafometría ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto se emplazaran a la totalidad de las partes. En ese sentido, al quedar satisfecho el supuesto anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se procede a proveer lo conducente. Por tanto, con sustento en el ordinal de previa mención, se admite la prueba pericial de referencia; en consecuencia, córrase traslado a las partes con copia simple del cuestionario para el perito; además, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se les practique del presente acuerdo, de estimarlo conveniente, adicionen preguntas al cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial ofrecida, en el entendido de que de no formular manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá su desinterés en ello. De igual forma, con apoyo en el numeral 120 de la Ley de la materia, requiérase a las partes, con excepción de la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, propongan perito de su parte, para que se asocie al nombrado por este órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa designó como perito a Eduardo González Muro, con domicilio ubicado en calle Zacatecas número 148 A Sur, zona Centro de esta ciudad; consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, requiérase al citado diestro, en el domicilio antes indicado, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a la notificación del presente proveído, se sirva comparecer ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificado, a efecto de aceptar el cargo de perito que le fue conferido por la citada parte procesal, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tuviera para ello. Por otra parte, este Órgano de Control Constitucional, a efecto de designar perito oficial en materia de grafoscopía y grafometría, con fundamento en los arábigos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 120 del último ordenamiento en mención, ordena girar oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Nayarit de la Procuraduría General de la República, así como al Director General del Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y al Director del Instituto Tecnológico de Tepic, todos con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, se sirvan informar a este juzgado si en las instituciones a su cargo, cuentan con algún perito en la aludida materia que pueda llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en comento; lo anterior, con el objeto de agilizar el procedimiento en el presente juicio de amparo, como lo dispone el numeral 17 Constitucional. En otro orden de ideas, en cuanto a la prueba testimonial ofrecida por el tercero interesado Moisés Pelayo Rodríguez, a cargo de Rodrigo Vázquez Morales, Adriana Guadalupe Padilla Castillo y Zoila Beatriz Castillo Flores, se desecha por su falta de idoneidad para el objeto de que se plantea, según se precisa a continuación. En efecto, la parte oferente con dicha prueba pretende acreditar que la carta poder de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, que obra agregada en el juicio laboral 136/2011/III de donde deriva el acto reclamado en la presente instancia constitucional, sí fue firmada por Enrique Yamuni Robles, en representación de la persona moral Tierras Costa Alegre, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, tal cuestión requiere conocimientos técnicos y por tanto, debe ser probada por medio de peritos. En efecto, el dicho de los testigos no puede dar fe ni crear convicción, pues aunque se aduzca que se presenció la celebración del acto jurídico consignado en el documento de que se trata, de manera alguna permite establecer un conocimiento indudable de que el acto existió, ya que tal aseveración es susceptible de alteración o de falsedad. Es aplicable, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y tres, Tomo XXXII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "FIRMA, AUTENTICIDAD DE LA. La información testimonial, no es medio de prueba para acreditar la autenticidad de una firma, que es una cuestión que requiere conocimientos técnicos, y que, en consecuencia debe ser probada por medio de peritos." Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, en su actualización de dos mil uno, cuyo rubro y texto señalan: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."

  2. Principal

    ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por *** respecto del acto indicado en el considerando segundo de esta determinación atribuido al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Xalisco, Nayarit, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada del auto de veintitrés de mayo del presente año, dictado dentro de los autos del juicio laboral 50/2012 de su índice, por el que expone la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al presente juicio de amparo, con motivo de la tramitación del diverso sumario constitucional 718/2018, del índice de este juzgado federal, por el que se concedió la suspensión definitiva en contra de la interlocutoria de veintidós de febrero del año en curso, que resolvió el incidente de liquidación dentro del referido juicio laboral; por lo que informa, que hasta en tanto, no sea modificada la suspensión definitiva no podrá dar cumplimiento con el fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, agréguense a sus autos el oficio de cuenta junto con su anexo y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Con independencia de lo anterior, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del laudo a fin de establecer si sus efectos implican únicamente el pago de una cantidad que se debe de cuantificar, o en su caso, prevé el reconocimiento de un derecho para estar en condiciones determinar si se puede ejecutar el laudo respecto de ese derecho. En razón a lo anterior, se apercibe a la multicitada autoridad responsable que de no dar cumplimiento sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá, una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    SE RESULEVE. ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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