Luis Manuel León Aranda

Expediente 1018/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1018/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/12/2017

Partes del expediente

  • Luis Manuel León Aranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativo 150/2017, interpuesto por....., autorizado de la parte quejosa..............., contra el auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo 1018/2017-V, mediante el cual desechó la demanda de amparo promovida por ......................, contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **********, autorizado de la parte quejosa, en contra del proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el siete de noviembre del año en curso, determinó desechar la demanda de amparo promovida por **********.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1018/2017-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo ndirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De igual forma, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que la parte quejosa esencialmente reclama: La resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por los Magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, en los autos del expediente **********, en la que se declaró infundado el recurso de queja promovido por el aquí quejoso **********, contra el oficio **********, emitido por la Directora Regional de Auditoría Fiscal "B" de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. De igual forma, es necesario traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 616/2017-III del índice de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; del cual se obtienen los siguientes datos: a) Mediante sentencia dictada el uno de agosto de dos mil diecisiete, se concedió la protección constitucional al aquí quejoso *********, para el efecto de que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, cumpliera con lo siguiente: Deje sin efecto la sentencia de veinte de abril de dos mil diecisiete, emitida en los autos del expediente *********, con motivo del recurso de queja, por repetición de acto impugnado, propuesto por el ahora quejoso ********. Con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones de este fallo, resuelvan lo que en derecho proceda, en el entendido que deberán referirse a los planteamientos cuya omisión se destaca en este fallo; asimismo, precisar las razones de su decisión y los preceptos legales en que ésta se sustente; y, Al emitir el cumplimiento de este fallo, además de fundar y motivar debidamente, deberán ser coherentes con los aspectos sometidos a su potestad." En cumplimiento a la referida ejecutoria el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, remitió el oficio *********, al que adjuntó copia certificada de la determinación de veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Mediante proveído de veinticinco de septiembre pasado, se ordenó dar vista al quejoso con la determinación anterior, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. El auto de referencia se notificó al quejoso por lista publicada el veintiséis de septiembre de la presente anualidad. De lo anteriormente expuesto, se advierte que la demanda en estudio es EXTEMPORÁNEA, toda vez que el acto que reclama el aquí quejoso le fue notificado por lista el veintiséis de septiembre del año en curso, esto es, con anterioridad a la fecha en que señaló tuvo conocimiento. En efecto, de las constancias que integran el referido juicio de amparo 616/2017-III del índice de este tribunal, se desprende que la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete (acto reclamado), se notificó al solicitante del amparo por lista que se publicó el veintiséis del mismo mes y año. Por lo que, se afirma que la acto cuestionado en esta instancia constitucional se notificó al solicitante del amparo el veintiséis de septiembre de la anualidad que cursa, es decir, con anterioridad a la fecha en que señaló tuvo conocimiento (diez octubre del año en curso). Bajo las consideraciones anteriores, es factible afirmar que el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de septiembre pasado al veinte de octubre del año en curso, dado que: El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que, conforme a la Ley del acto, se le notificó la resolución reclamada. Fueron inhábiles los días treinta de septiembre, uno, siete, ocho, catorce y quince de octubre, por ser sábados y domingos, el doce de octubre conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el trece de octubre por haberlo declarado inhábil mediante circular 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que si la demanda que se analiza se presentó hasta el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es incuestionable que se hizo fuera del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Además, la resolución reclamada no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no se cuestiona una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. No es obstáculo a lo anterior lo manifestado por el quejoso, en el sentido que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diez de octubre del año en curso, en que ".se notificó por correo certificado con acuse de recibo por personal del Servicio Postal Mexicano."; dado que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para computar el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe atenderse a la primera de cualquiera de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, ya que desde el momento en que se actualice cualquiera de ellas el quejoso está en aptitud legal de instaurar la vía constitucional. Entonces, al existir en autos prueba fehaciente de que la resolución reclamada se notificó al quejoso con anterioridad a la fecha en que arguye tuvo conocimiento, debe considerarse la primera fecha como punto de partida para iniciar el cómputo de los quince días para promover la demanda. Máxime que el quejoso no controvierte la notificación que se le practicó el veintiséis de septiembre pasado, por lo que debe tenerse por legalmente hecha hasta en tanto no se decrete su ineficacia y, como se dijo, servir de punto de partida para hacer el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Méndez Sánchez, al contar con cédula profesional 3886484 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano