Luis Manuel Lara López
Expediente 555/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luis Manuel Lara López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó el en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído el amparo, una vez transcurridos cinco años.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, residentes en Chetumal, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, enviado por razón de turno a este Juzgado de Distrito el veintisiete siguiente, Luis Manuel Lara López promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otras autoridades por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA reclamo: LA RESOLUCIÓN DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS MEDIANTE LA CUAL INJUSTIFICADAMENTE SE CONFIRMA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA que se me impuso en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis dentro de la carpeta administrativa 73/2016. b) De la AUTORIDADES (sic) RESPONSABLE EJECUTORA, reclamó la ejecución de Acto de Autoridad que se le reclama a la autoridad Ordenadora.". ".manifiesto que el acto que reclamo en la demanda de amparo de referencia es ÚNICAMENTE LA RESOLUCIÓN DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS MEDIANTE LA CUAL LA RESPONSABLE ORDENADORA CONFIRMÓ LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, y no deseo señalar como acto reclamado en este asunto, el auto de vinculación a proceso, lo cual manifiesto para los efectos legales a que haya lugar." SEGUNDO. Por auto de doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 18 a 20), previo desahogo de prevención, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó notificar a la parte tercera interesada, lo que así ocurrió, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que, previos diferimientos, se desarrolló en términos del acta que antecede; y, Ello es así, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, para evidenciar la actualización de la causal de improcedencia aludida, conviene precisar que la quejosa reclama a las autoridades responsables: La resolución de tres de junio de dos mil dieciséis dictada por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la carpeta administrativa 73/2016, mediante la cual confirmó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso el veintiocho de abril de dos mil dieciséis. En ese sentido, si el acto reclamado en concreto resulta ser resolución de tres de junio de dos mil dieciséis que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso y de acuerdo a la documental que se tuvo por recibida en auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (foja 65), consistente en copia certificada de la diversa resolución emitida en la carpeta administrativa de origen el cinco de septiembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento total de la causa, al haberse declarado la extinción de la acción penal, ello en virtud del acuerdo reparatorio suscrito por el imputado y la parte agraviada [en el proceso natural] (fojas 63 a 64), a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Por tanto, se observa que el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, el cinco de septiembre del año en curso, decretó el sobreseimiento total de la causa, en autos de la carpeta administrativa 73/2016 de la que igualmente emanó la resolución de tres de junio de la anualidad en curso, aquí combatida, dejó insubsistente todas las medidas cautelares dictadas contra el ahora quejoso; tal circunstancia pone de manifiesto en forma notoria e indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la medida de que se dolió, quedó insubsistente por virtud de dicho sobreseimiento. Para mayor claridad, resulta pertinente destacar que el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta responsable emitió una resolución en los términos siguientes: "[.] R E S U E L V E PRIMERO.- Se APRUEBA en todos sus términos el ACUERDO REPARATORIO de cumplimiento inmediato, suscrito por los ciudadanos LUIS MANUEL LARA LÓPEZ y EDUARDO MACIEL CETINA ROSALES, en consecuencia, con fundamento en el artículo 189 párrafo último del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, en lo que respecta al delito de ROBO, ilícito previsto por los artículos 142, párrafo primero en relación al 146 y sancionado con pena privativa de libertad y multa por el artículo 145 bis, fracciones I y IV, en concordancia con el artículo 13, fracción I, 14, párrafo segundo y 16 fracción II, todos del Código Penal Vigente en el Estado, a favor de LUIS MANUEL LARA LÓPEZ. SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 327, fracción VI, se declara el SOBRESEIMIENTO TOTAL de la causa, en lo que respecta al delito de ROBO, relativa a la carpeta administrativa 73/2016, que se instruyó en este Juzgado contra de LUIS MANUEL LARA LÓPEZ. TERCERO.- En términos del artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose decretado el sobreseimiento, se deja insubsistente todas las medidas cautelares dictadas en contra del señor LUIS MANUEL LARA LÓPEZ por lo cual se ordena girar atento oficio al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, haciéndole de su conocimiento que ha quedado insubsistente la medida cautelar en la prisión preventiva justificada del acusado de mérito, que le fue impuesta en fecha veintiocho de abril del año en curso, esto para su conocimiento y alcances legales correspondientes. [.] SEXTO.- Se encuentran legal y debidamente notificados del presente auto las partes comparecientes, de conformidad con los artículos 63 y 82 inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.]". Esto es, la autoridad responsable, con motivo del sobreseimiento total de la causa decretado, dejó insubsistentes todas las medidas cautelares dictadas contra el aquí quejoso, entre las que se encontraba la de prisión preventiva, determinación que le fue notificada a las partes comparecientes en la misma audiencia de cinco de septiembre del año en curso, todo lo cual se advierte de las constancias que se tuvieron por recibidas en auto de veintitrés del mes y año en curso (fojas 65), las cuales fueron debidamente valoradas en párrafos precedentes. En consecuencia, es inconcuso que si la presentación de la demanda de amparo tuvo lugar el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis y, como ya se expuso, la autoridad responsable decretó mediante resolución de cinco de septiembre de la presente anualidad el sobreseimiento total de la causa en la carpeta administrativa 73/2016 de origen y, por ende, la insubsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva del acusado [aquí quejoso], y tal determinación le fue notificada en la audiencia de la propia fecha, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado por el que se resuelve en este apartado. Ello es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Resulta aplicable la tesis II.1o.18 P (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata.". Así como la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. En esta tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria de amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado que en esta vía se combate, de conformidad con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". SEXTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Manuel Lara López, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Encargada de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado, Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, conforme al artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control Adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por medio del cual, informa que las últimas notificaciones realizadas al aquí tercero interesado *****, se llevaron a cabo por medio de lista de estrados de ese órgano jurisdiccional. Por otra parte, hace del conocimiento que en la carpeta administrativa 73/2016 de su índice, se decretó el sobreseimiento total de la causa. En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad oficiante para que de manera inmediata remita a este Juzgado, en copia certificada, completa y legible, la resolución de cinco de septiembre del año en curso dictada en la carpeta administrativa 73/2016 de su estadística, así como las constancias de notificación respectivas, ello para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Queda apercibida la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, se le impondrá una multa.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el pedimento 150/2016, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto, sin perjuicio de ser relacionados al celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia. Asimismo, como lo solicita el citado Agente, una vez que se dicte resolución en este asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su normativo 2°, expídase a su costa copia certificada de la constancia que refiere y hágasele debida entrega de las mismas, cuando las labores de este Juzgado Federal así lo permitan, previa toma de razón que por su recibo se efectúe.
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