Luis Manuel Jaimes Patricio

Expediente 145/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
145/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Manuel Jaimes Patricio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de dieciocho de febrero del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de demanda y copias, presentados por .., contra actos de la licenciada Julia Palafox Vega, agente del Ministerio Público de la Federación actuante en la región Metropolitana; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 145/2021-V. De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en "el citatorio de veintisiete de noviembre de dos mil veinte". Al respecto, cabe precisar que de la fracción XII, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica de la impetrante del amparo. Así, el interés jurídico, puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, considerado como aquél que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, lo cual, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En el caso se estima que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el acto reclamado precisado anteriormente, pues un citatorio sin apercibimiento, no es más que una simple exhortación a comparecer ante el Ministerio Público, que emite en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación que no afecta derechos sustantivos de la gobernada, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual fue citada; actuación que no le afecta, pues de la documental que anexa, se advierte que se le citó en calidad de testigo hasta ese momento. En efecto, el citatorio como parte de la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ésta se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos (lo cual no se advierte en la especie); lo mismo acontece cuando se acuerda sobre la consignación de la indagatoria y se ejerce la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que afectaría la esfera jurídica del quejoso. Bajo esas condiciones, el juicio de amparo es improcedente, contra actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendientes a la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales -derechos sustantivos-, aquellos inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 21 constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva de los órganos investigadores, quienes en ejercicio de esa atribución, practican diversas diligencias dentro de la carpeta de investigación respectiva, a fin de probar la comisión del delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que por sí no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues las mismas son de orden público; desde luego, siempre y cuando, con ellas no se ordene o se prive de la libertad, posesiones o derechos del gobernado. Por ello, el actuar de la responsable, per se, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, pues el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; determinación esta última que en todo caso tampoco, por sí misma, afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que con ella no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al juez de control a quien le corresponde resolver sobre el pedimento de la Representación Social y la determinación que se emitiera al respecto, es la que podría afectar tales derechos, consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas de los impetrantes. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." Así como la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Luego, en el caso, el citatorio de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, girado por la Agente del Misterio Publico Federal, no trasgrede los derechos sustantivos a la libertad del impetrante, por el hecho de que constituyen un mandato emitido por la autoridad responsable ordenadora que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Lo anterior, pues como se anticipó, el Ministerio Público en ejercicio de su actividad de investigación, entre otras cuestiones, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con las excepciones correspondientes, ello será cuando se afecten -o exista posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos. Asimismo, tiene la facultad de ordenar, por medio de la fuerza pública, la presentación de aquella persona que habiendo sido debidamente citada, no hubiere comparecido sin causa justificada; es decir, en ese caso se estaría en presencia de una orden de presentación, circunstancia en la que sí se vería afectado el derecho sustantivo relativo a la libertad, derivado de los efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse al gobernado, pues se limita temporalmente su derecho a la libertad, la cual finaliza cuando se desahoga la diligencia que motiva la presencia del individuo, instante en que el citado puede retirarse del lugar, lo que en el caso no acontece. De tal manera, este juzgador estima que la presente instancia constitucional no es procedente contra la citación emitida por el agente del Ministerio Público responsable en contra del quejoso, pues no contiene apercibimiento alguno en el supuesto de que no asistiera a la diligencia correspondiente, la cual a la fecha de la presentación de la demanda ha trascurrido (once de enero de dos mil veintiuno). En esos términos, se aprobó la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1341 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo III, materia común, décima época, de rubro siguiente: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA.". Sin que sea obstáculo a lo anterior, que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio. En el Estado de Derecho no se pueden ignorar los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, como en el caso, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, se han establecido los presupuestos y criterios de admisibilidad, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la invocación genérica de los derechos humanos o de la interpretación de los tratados internacionales. En tales condiciones, deviene incontrovertible que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la nueva ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado y por autorizadas a las personas indicadas en los términos que precisa. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y SOLICITUD DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis y veintitrés de enero, seis y trece de febrero de dos mil veintiuno, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de Distrito regresó al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero del año en curso; motivo por el cual únicamente se tramitaron asuntos urgentes y juicios en línea, por lo que para los restantes, como el presente, se suspendieron plazos y términos procesales, circunstancias por lo cual resultó jurídica y materialmente imposible celebrar actuaciones en este juicio. El dieciséis de enero de dos mil veintiuno, entró en vigor el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al período de vigencia, en el que se establece en su artículo único que con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero del presente año, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020 citado. En esa línea argumentativa, el artículo 1 del Acuerdo General citado el último término, así como su anexo 1, establecen que la jornada de este juzgado de Distrito, durante el mencionado período, será de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos; se ordena la reanudación del presente asunto y se fijan las TRECE HORAS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa y Ministerio Público adscrito.

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