Luis Manuel Hernández Meza
Expediente 331/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Manuel Hernández Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación y razón de cuenta que antecede, de la que aparece que ha transcurrido el término a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de sobreseimiento de nueve de junio de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que el auto de nueve de junio de dos mil dieciséis, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del citado proveído. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 715/2016, firmado por la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada de la resolución de tres de los corrientes, en la que dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal 65/2016, instruida en contra de LUIS MANUEL HERNANDEZ MEZA, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar. Ahora bien, en el caso el quejoso reclamó la citación a la audiencia inicial en el procedimiento 65/2016, con apercibimiento que de no comparecer se libraría orden de comparecencia; asimismo, por resolución de tres de los corrientes, se decretó auto de vinculación a proceso por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar; previsto y sancionado por los artículos 241 Bis y 241 Bis C en su fracción V del Código Penal para el Estado de Sinaloa, por tanto, es evidente que ha operado cambio de situación jurídica, en el procedimiento judicial del que deriva el acto reclamado, dentro del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, actualizándole de esta manera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Orienta as lo anterior la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2002240 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: II.2o.P.20 P (10a.) Página: 1287 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." Asimismo, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 10/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dos de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso LUIS MANUEL HERNÁNDEZ MEZA, mediante el cual hace una narrativa de lo que aconteció en la audiencia inicial a la que fue citado por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur de Sinaloa, con sede en esta ciudad; asimismo, refiere que se le impuso como medidas cautelares la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso cada quince días, así como la prohibición de salir del Estado, durante el tiempo que dure el proceso, si por causa urgente es necesario salir de esta entidad, deberá pedir autorización; asimismo, la prohibición de acercarse al domicilio de Margarita Hernández Meza; y la prohibición de acercarse a la mencionada, así como a los testigos Leonel Francisco Gómez Hernández y Leonel Hernández Meza; también solicita se requiera al Juez responsable para que rinda informe justificado en relación a lo hechos que expone en el escrito de cuenta; de igual manera manifiesta que amplía la demanda de amparo en contra del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en relación a la ampliación de demanda, es pertinente reproducir el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda" En cuanto a dicho tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 15/2003, (visible en la página 12, tomo XVIII, de Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época), fijó los supuestos de su procedencia. Dicho criterio, es del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así, del precepto legal y jurisprudencia indicados, se aprecia que la ampliación de la demanda de amparo procede: Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, y en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado. Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad estrechamente relacionados con los reclamados; y c) Siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos por la Ley, contados a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido hágase saber al quejoso, que no ha lugar a tener por ampliada la demanda en relación a lo que expone en el escrito de cuenta, lo cual le atribuye al Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur de Sinaloa, con sede en esta ciudad, toda vez que las medidas cautelares a que hace referencia son materia de otro juicio de amparo y no de la ampliación como lo pretende el quejoso. Por tanto, en el caso no se está en alguno de los supuestos señalados con antelación para que proceda la ampliación de la demanda dado que los actos de los que se duele no guardan relación con los reclamados inicialmente; por tanto, los mismos serían materia de un juicio de amparo diverso; la ampliación de demanda en ese sentido resulta improcedente, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, primero de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 648/2016, signado por la Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se señalaron las once horas del día tres de junio del año en curso, para la continuación de la audiencia inicial, en la Sala "C". En consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
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