Luis Manuel Corona Martínez
Expediente 670/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Manuel Corona Martínez
- L.E. C. B. (Olivia Benitez Reyes)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se negó la protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ********************por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, las constancias que adjuntó como sustento de su informe justificado consistente en copia certificada del juicio ordinario oral familiar ********************, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa, aún cuando no resulta de relevancia documental, es susceptible de conservar al haberse negado la protección de la Justicia de la Unión. Por lo que, una vez que se cumplan los tres años, del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, deberá transfiéranse éste juicio de amparo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 26, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al cuaderno incidental, toda vez que la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra el acto del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- El auto de fecha 9 de mayo de 2023 dos mil veintitrés, derivado del Juicio Ordinario Oral Familiar número ********************, que sobre Divorcio sin expresión de causa promueve ********************, mismo que reza de la siguiente manera: [Lo transcribe]". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó y admitió la demanda bajo el expediente número ********************, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo reconoció el carácter de terceras interesadas a ********************, parte actora en el juicio de origen, así como a ********************, tutora especial del menor de iniciales ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para los efectos legales conducentes. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos del menor indicado, a fin de garantizar sus intereses, este Juzgado Federal determinó designarle un representante especial designado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente, lo que así se tuvo efectuado en auto de veinte de junio del actual. Finalmente, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emanado por una autoridad del orden familiar que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional es el siguiente: El auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral familiar ********************, que sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovió ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, contra de ********************. A través de dicho proveído el juez familiar responsable decretó un régimen de convivencias provisional del menor con su progenitor, de la siguiente manera: los días sábados en forma intercalada (un fin de semana con el padre y otro con la madre), de las diecisiete a las diecinueve horas, en el Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a partir del trece de mayo del año en curso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Contra la apreciación del representante social adscrito que vertió en su pedimento, es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el juez responsable en su informe justificado que obra en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio ordinario oral familiar ******************** del índice del juzgado responsable, en las que obra el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, que se reclaman en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, virtud de tratarse de actuaciones certificadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se hace la siguiente relatoría que se desprende de las constancias allegadas al sumario: 1. El seis de marzo de dos mil veintitrés, ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, promovió demanda en la vía ordinaria oral familiar, en contra de ********************, de quien reclamó: El divorcio sin expresión de causa que los une. La guarda y custodia de su menor hijo. Fijación de alimentos provisionales y definitivos a favor de éste; y El pago de gastos y costas judiciales. En ese ocurso, la actora narró que contrajo matrimonio civil con el demandado, que de esa unión procrearon al infante antes identificado -quien al momento de la presentación de la demanda contaba con ******************** de edad-, que después de diversas desavenencias -señaladas por la accionante como violencia familiar- dejaron de hacer vida en común, por lo que actualmente la promovente habita con su menor hijo, en el domicilio en el domicilio que fungió como conyugal, ubicado en la calle******************** número ********************, colonia ********************, de esta ciudad capital. Que el demandado le suministra la cantidad de $******************** (******************** M.N.) semanales para la manutención de su hijo, sin que resulte suficiente, al tener gastos mensuales que ascienden a $******************** (******************** M.N.); cuando, dice, el obligado alimentista se desempeña como ********************, de donde percibe aproximadamente $******************** (******************** M.N.) semanales, para hacer frente a su obligación con el menor. Además, la promovente solicitó como medida cautelar la prohibición para el demandado de acercarse al domicilio en el que actualmente vive, a fin de evitar agresión física, emocional y psicológica en su persona y el menor, según los hechos narrados -como violencia familiar-. Finalmente, a su ocurso adjuntó la propuesta de convenio sobre la materia de la litis, en el que manifestó su voluntad de que la convivencia del menor con su progenitor fuera suspendida hasta en tanto el juez familiar determine si éste es apto para tal extremo, una vez evaluada la situación de violencia familiar, según los hechos narrados en la demanda. Asimismo, propuso el pago de la pensión alimenticia reclamada, por el monto de $********************(******************** M.N.) mensual. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, el que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, lo radicó bajo el expediente número ******************** y determinó prevenir a la accionante, sobre lo siguiente: "A. Ajuste el domicilio que señala como de la demandada a lo dispuesto en el artículo 960 Fracción II, del Código Familiar para el Estado, como lo es entre las calle en que se encuentra y demás datos para su localización, toda vez que omitió mencionar la colonia a la que corresponden dichos domicilios. B. Señale el régimen de convivencias incluyendo los periodos vacacionales y días festivos, señalando horario. C. Manifiesta bajo protesta de decir verdad si está solicitando alimentos para su persona.". 3. Dicho requerimiento lo solventó en los términos de su escrito de trece siguiente, en el que destacadamente señaló que el demandado conviviría con el menor, cada quince días, pasando a recogerlo de forma personal al domicilio en el que se encuentra, a las trece horas y restituyéndolo a las diecinueve horas, de cada viernes. Que en los periodos vacacionales, el infante podrá pasar la primera mitad con su padre y la segunda con su madre, alternando ese orden el orden en lo subsecuente. Mientras que en los días festivos, como excepción a lo anterior, el infante pasará cada evento con su padre y el otro con su madre, alternándose en los mismos términos descritos. Que la convivencia propuesta se efectuaría en forma alternada, iniciando el próximo con la madre, el del siguiente año con el padre y así sucesivamente. Que en la fecha de los cumpleaños de los progenitores, el menor podrá estar con el progenitor que cumpla años, ocurriendo lo mismo el día de la madre y del padre, para estar con quien corresponda. Finalmente, que en los días festivos del calendario escolar y laboral, el menor los pasará alternadamente con sus padres, en el entendido de que el próximo día festivo lo pasará con la madre, el siguiente con el padre y se alternaran sucesivamente. Todo lo anterior, dijo, en anteposición de su interés superior, debiendo los progenitores cumplir con tal convivencia en forma personal y sin posibilidad de que el infante pueda ser entregado a un tercero (abuelos, tíos, niñeros, etc.), sin previa consulta de la parte contraria. 4. Así, en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, el juez familiar admitió a trámite la demanda, ordenó correr traslado al reo, nombró una tutora especial al infante cuyos intereses se encuentran de por medio y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de su adscripción. Asimismo, en cuanto a las medidas cautelares, decretó las siguientes: Alimentos provisionales La suma que corresponda al ******************** de todas y cada una de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el demandado, por su trabajo o de cualquier otro empleo que desempeñe con posterioridad, una vez hechos los descuentos de ley, no los personales. Guarda y custodia A favor de la madre, atento a que según su propio dicho, el infante se encuentra viviendo a su lado y no existe dato que revele que sea perjudicial. Convivencia Se determinará lo conducente una vez que se haya efectuado la contestación de demanda, o bien, transcurra el tiempo para ello y se lleve a cabo la escucha del menor. - Restricción La prohibición para el demandado de acercarse a una distancia menor de cien metros al domicilio particular o laboral de la actora. La prohibición para el demandado de acercarse a la propia compareciente a una distancia menor de cien metros a menos de que lo haga en presencia de una autoridad judicial, con motivo de alguna comparecencia y sin riesgo para la actora. La prohibición para el demandado de acercarse al domicilio familiar, así como realizar actos de molestia en forma personal, haciendo uso de las redes sociales o de cualquier medio que permita la tecnología. Finalmente, en el propio auto que se describe, el Juez familiar señaló día y hora para que tuviera lugar la escucha del menor, con presencia de la psicóloga y fiscal adscritas, así como su tutora especial. 5. El demandado fue emplazado a juicio y efectuó su contestación en la que aceptó la procedencia de las prestaciones reclamadas -incluida la custodia y alimentos provisionales decretados-, con excepción del pago de costas de la instancia; también negó los hechos y conducta violenta que se le atribuyó; y, que desde que salió del hogar conyugal no convivía con el menor. En su capítulo de medidas cautelares, solicitó la designación de un régimen provisional de visitas a su favor, a desarrollarse de manera libre y sin restricción, de las ******************** de los días sábados y hasta las ******************** de los domingos de cada semana, con recepción y entrega en su propio domicilio. 6. En auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo efectuada la citada contestación y, respecto de la medida solicitada, el juez familiar ordenó reservar en cuanto al fondo, mandando otorgar vista a la contraria. 7. Al evacuar dicho acto procesal, la actora reiteró las conductas violentas del reo y solicitó que la convivencia del menor con su progenitor fuera suspendida, en tanto se determine si es apto para tal fin, una vez evaluada la situación de violencia familiar narrada en la demanda. 8. El dieciocho de abril del año en curso, tuvo lugar la audiencia de escucha programada, en la que, según lo asentado, el menor de ******************** de edad no pudo entablar un diálogo, teniendo problemas para interactuar. En atención a ello, la representante social adscrita solicitó que se decretaran las convivencias con el padre no custodio, tomando en cuenta la propuesta y contrapropuesta de los contendientes; mientras que la tutora especial solicitó que la determinación asumida se apegara a su interés superior del infante. 9. Mediante escrito de veintiséis siguiente, el demandado insistió en que se le autorizara un régimen de visitas en similares términos a los propuestos, con la especificación de que la entrega recepción se efectuara en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, para su debido control. 10. A lo anterior recayó el proveído de veintiocho de abril del actual, en el que, previo a proveer en cuanto al fondo, mando requerir a las partes para que informaran: a. Los horarios de trabajo y descanso. b. Los horarios de escuela y descanso de su menor hijo, así como si tiene alguna otra actividad; y, c. La presentación de propuesta de los días y horas en que habrá de efectuarse la convivencia con el demandado, de modo que, en su caso, éste también externe lo que a sus intereses convenga respecto de las documentales aportadas. 11. Así, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, tomando en cuenta la dificultad del menor para interactuar con las personas y que es muy hermético, el juez familiar decretó un régimen de convivencias provisional del menor con su progenitor, de la siguiente manera: los días sábados en forma intercalada (un fin de semana con el padre y otro con la madre), de las diecisiete a las diecinueve horas, en el Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a partir del trece de mayo del año en curso. Dicha determinación constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, ni que se advierta de oficio, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio se indica que, si bien es cierto que en el caso, opera la suplencia de la queja en toda su amplitud, al estar inmiscuidos los intereses directos del menor de iniciales ********************, sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares en controversia. Ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda susceptible de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Empero, cierto es también que este juzgado constitucional no advierte que sea necesario suplir tal deficiencia. En ese contexto, el Máximo Tribunal de Justicia del País ha sostenido que el principio del interés superior del menor de edad implica que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. Tal criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 7/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.". En su demanda de amparo el quejoso medularmente argumenta que el auto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado. Esto porque, en su opinión, el juez responsable no valoró las particularidades del caso para fijarle una convivencia provisional en los términos en que la solicitó, según el ordinal 449 del Código Familiar del Estado. Aduce que no existe evidencia de que haya ejercido algún acto de violencia en contra del menor o que la interacción lo coloque en riesgo. Arguye que en el auto reclamado no se expone el por qué se decretó la convivencia en el Centro establecido para ese fin, si ello era o no necesario, o alguna modalidad diferente, pues incluso se pasó por alto la cercanía de los domicilios de los contendientes (******************** metros de distancia). Finalmente, agrega, el juez responsable dejó de lado la propuesta de la actora sobre la convivencia -presentada en escrito de trece de marzo de dos mil veintitrés- en la que manifestó su voluntad de que ésta se llevara a cabo sin restricción ni vigilancia, de las trece a las diecinueve horas de los viernes de cada semana, así como la interacción en el ******************** de los periodos vacacionales y días festivos; cuando que dicha circunstancia debió ser tomada en cuenta como una confesión que por sí sola desvirtúa la existencia de actos de violencia familiar hacía el menor. Dichos planteamientos son ineficaces. De inicio se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por otra parte, también es preciso transcribir el texto del artículo 873 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece lo siguiente: "Artículo 873. El juez resolverá sobre las modalidades del derecho de convivencia provisional con sus progenitores, teniendo en cuenta el interés superior del menor, para lo cual deberá valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor a fin de determinar cuál es el ambiente que resulte más benéfico para los hijos menores de edad o con discapacidad.". De lo que se obtiene que el juez familiar debe resolver sobre las modalidades del derecho de convivencia provisional del menor con sus progenitores, atendiendo a su interés superior, valorando las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor a fin de determinar cuál es el ambiente que resulte más benéfico para que se lleve a cabo la interacción. Ahora bien, se recuerda que el acto reclamado se emitió dentro del juicio ordinario oral familiar sobre convivencia y alimentos promovido por la aquí tercera interesada, frente al aquí quejoso, en el que se lleva a cabo una audiencia preliminar y de juicio. Luego, atento a la solicitud de fijación de convivencia provisional que efectuó ******************** y una vez agotadas las vistas otorgadas, así como tomada la escucha del menor de iniciales ********************, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, el juez familiar emitió el auto de la literalidad siguiente: "Visto el escrito de cuenta signado por ********************, en cuanto apoderado jurídico de la parte actora, se le tiene haciendo las manifestaciones que refiere en su ocurso de cuenta, así como cumpliendo con el requerimiento hecho mediante auto de fecha veintiocho de abril del año en curso, el titular queda enterado de su contenido y ordena agregarlo a sus antecedentes. En consecuencia, y toda vez que por auto de fecha 14 de marzo del año en curso, se decretó la custodia provisional del menor de edad en favor de su madre, que es con quien actualmente vive, como se constata de la escucha de éste que tuvo verificativo el día 18 dieciocho de abril del año que corre, de la que se desprende que el menor cuyos derechos se involucran dentro del presente juicio, tiene problemas para interactuar con las personas y es muy hermético. De ahí que como medida cautelar este Juzgador estima ajustado a derecho decretar la convivencia provisional del menor ********************, con su progenitor ********************, mismas que serán llevadas a cabo en el Centro de Convivencia del Poder Judicial del Estado, dadas las circunstancias del menor antes citadas, atendiendo a las consideraciones siguientes: 1. De acuerdo con el interés superior del menor de edad es prerrogativa de él convivir con sus ascendientes; 2. En auto no obra dato alguno que permita a este Juzgador afirmar válidamente que materializar esa convivencia implicaría algún riesgo para el menor de edad. 3. Se toma en cuenta la información que proporcionaron las partes, donde señalan los días laborales y de descanso de cada semana. En consecuencia, con la finalidad de garantizar que sí se lleven a cabo las convivencias entre padre e hijo, en un día y horario que sea posible y se reduzca la posibilidad de generar la incertidumbre de un posible aviso, salvo causa de fuerza mayor, se ordena que se realice de la siguiente manera: a. Los días sábados en forma intercalada, (un fin de cada semana con el padre y otro con la madre), comenzando el siguiente sábado el siguiente sábado ********************, a partir de las ******************** a las ********************. Para materializar tal convivencia: 1. ********************, deberá acudir al Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en Calzada La Huerta, número 400 cuatrocientos, colonia Nueva Valladolid de esta ciudad, precisamente a un costado donde se ubican los juzgados Civiles y Familiares del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde se llevará a cabo la misma con el menor ********************; 2. En los supuestos en que el padre por razones ajenas a su voluntad, no pueda acudir a la convivencia, deberá informarlo con la anticipación que solicita a la progenitora de su descendiente; 3. ********************, deberá abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a impedir la convivencia decretada; 4. Se apercibe a ambas partes del deber de cumplir con el régimen de convivencia decretado; así como del deber de abstenerse de realizar comentarios denostativos que denigren de cualquier manera la imagen que su hijo debe tener de ambos progenitores; y procurar velar por la integridad física y emocional de su hijo mientras estén bajo su cuidado. Se ordena notificar personalmente este auto judicial a las partes, apercibiéndolas del deber de respetar las medidas provisionales decretadas. De igual forma notifíquese personalmente este auto a la Agente del Ministerio Público y Tutora Especial nombrada en autos para su conocimiento y fines legales conducentes, así como a la encargada del Centro de Convivencia del Poder Judicial del Estado para su debido conocimiento y fines legales conducentes. Finalmente, además se exhorta al demandado que debe de respetar las horas de entrega y recepción de su descendiente, así como de evitar cualquier retención ilegal del mismo. Así, motivado y con fundamento en los artículo 712, 713, 716, 769, 827, 820, 833 y 870 del Código Familiar para el Estado, lo acordó y firma el Licenciado Carlos Arroyo Toledo, Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, quien actúa con la Licenciada Lucila Díaz Jiménez, Secretaria de Acuerdos que da fe de lo actuado. Doy fe.". De lo anterior se obtiene que, para decretar el régimen de convivencias solicitado por el aquí quejoso, el juez responsable se allegó de los elementos que estimó pertinentes -manifestaciones de las partes y, sobre todo, la escucha del menor-, especificando que su decisión se apegó al interés superior de éste y al hecho de que no obra dato que permita afirmar válidamente que la interacción implica algún riesgo para el infante. Lo anterior, para concluir la medida cautelar provisional de que se trata, habría de materializarse en uno horario de las diecisiete a las diecinueve horas de los días sábados (en forma intercalada), en el Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es decir, el juez familiar decretó una convivencia asistida con su progenitor en dicho Centro, en beneficio del interés superior del menor, tomando en cuenta los problemas que éste tiene para interactuar y que es muy hermético. Lo anterior pone de manifiesto ante este Juzgador Federal que, contra lo afirmado por el quejoso, el auto reclamado sí se encuentra fundado y motivado, en tanto precisó los preceptos aplicables y expuso las razones que tuvo para emitirlo. Destacadamente, el juzgador responsable se apegó al artículo 873 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, pues se allegó de los elementos suficientes que, a su consideración y en ese momento, le permitían sopesar sobre la convivencia provisional del aquí quejoso con su menor hijo, bajo la modalidad y los horarios establecidos. Proveído en el cual citó los preceptos legales que estimó conducentes al caso (712, 713, 716, 769, 827, 820, 833 y 870 del Código Familiar del Estado). Al margen de que en ese proveído no se invocan amplios motivos y fundamentos legales que sustenten ese proceder, esta Potestad Federal estima que el concepto de violación relativo a la indebida fundamentación y motivación, se torna ineficaz para obtener la protección constitucional solicitada. Es así porque, como se evidenció a suprapárrafos, en su momento, el juez familiar resolvió lo conducente sobre la convivencia provisional solicitada, de acuerdo a las particularidades del caso. De modo que, en lo primordial, dio a conocer al quejoso las razones y fundamentos legales de su proceder, pues señaló expresamente que la decisión partía del interés superior del menor, de las manifestaciones de las partes, la falta de prueba que acreditara el riesgo de la interacción con el progenitor pero, sobre todo, las circunstancias particulares del menor al haberse efectuado su escucha, con notorios problemas para interactuar con las personas y ser muy hermético. Por ello, se estima que dicho proceder cumple con las exigencias de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Luego, contra la apreciación del peticionario de amparo, este Juzgador Federal estima que el juez responsable sí valoró las particularidades del caso, puesto que, de manera relevante, partió de los problemas que presenta el menor para interactuar con todas las personas. De tal suerte que se converge con su decisión de haber establecido el régimen de convivencias provisionales en forma asistida en el Centro de Convivencias del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, puesto que es en dicho lugar en donde se cuentan con las instalaciones más adecuadas para llevar a cabo tal fin y propiciar un ambiente apto para que el menor pueda paulatinamente desenvolverse con su progenitor. Ello, en la inteligencia de que dicha modalidad supervisada de convivencia no encuentra su justificación en algún riesgo del menor con su progenitor, al desarrollarla, como lo dijo el propio juez responsable; cuando que la forma en que habrá de materializarse la convivencia tiene su origen y justificación en la propias circunstancias personales del menor, no así en las de sus progenitores, ni de la distancia entre sus domicilios. Incluso, al margen de lo precisado por la responsable, en principio, el régimen de convivencia paterno-filial supervisado en un Centro de Convivencia Familiar, es acorde al interés superior del menos, pues basta que se manifieste como una posibilidad de riesgo de violencia, para que, inicialmente, pueda decretarla; a más de que a través de ella podrán recabarse reporte fidedignos e imparciales de una tercera persona, ajena a la controversial, que sirven como base para modificar o reiterar el régimen de convivencia provisional fijado. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor.". Bajo esta tesitura, contra lo afirmado en los conceptos de violación, si bien el accionante de amparo insiste en que existe un propuesta de convenio de la aquí tercera interesada para que la convivencia se verifique en forma libre, ello no abona a variar la ineficacia de lo alegado, puesto que aun existiendo anuencia entre las partes, el juez familiar se encuentra facultado y obligado a decidir sobre la medida cautelar en el máximo beneficio del menor, acorde a las circunstancias particulares del caso. Más aún que la actora fue reiterativa en su demanda, y al responder la vista de la contestación a la demandada, sobre la violencia atribuida al progenitor, aquí quejoso. Es decir, en el caso, las circunstancias particulares del menor son las que motivan la convivencia en forma asistida en el Centro bajo un horario determinado, puesto que ello, por el momento, es lo más benéfico para su desarrollo psicoemocional, hasta en tanto se alleguen mayores elementos al natural, a través de las vías legales previstas en el Código Familiar del Estado. Apoya todo lo expuesto por identidad jurídica esencial, la tesis siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO PUEDE QUEDAR SUJETO A LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PACTÓ EN EL CONVENIO DE DIVORCIO O HASTA QUE SE ESTABLEZCA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Si la Sala responsable no resolvió el tema relativo al régimen de convivencia de los menores con sus padres, y sólo señaló que quedara sujeto a la forma y términos en que se pactó en el convenio de divorcio y que, de no hacerlo, se estableciera en ejecución de sentencia, ello es ilegal, pues ante el conflicto de ambas partes (progenitores) la convivencia debe resolverse por la responsable por ser de estudio oficioso y atento al interés superior del menor. En ese tenor, la convivencia amerita una relación a efecto de salvaguardar los derechos del menor, para restaurar la relación filial, es decir, su derecho a convivir con sus progenitores, que es de alto interés, porque para el sano desarrollo emocional y formación de su personalidad es necesario que los menores tengan relación con aquéllos, de conformidad con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño(1) que establece el derecho de los niños de convivir con sus padres, el cual debe protegerse y procurarse a menos de que haya evidencia de que se ponga en riesgo su seguridad.". Así como la diversa que cita el propio quejoso en su demanda de amparo: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial.". Más aún que la determinación condigna puede modificarse en términos de lo dispuesto por el precepto 1062 del Código Familiar, que es del contenido siguiente: "Artículo 1062. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este Código, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.". Conforme al cual se colige que las determinaciones emitidas con el carácter de provisionales, pueden modificarse, mediante sentencia interlocutoria o, en su defecto, en la definitiva. Incluso, se prevé que las resoluciones judiciales declaradas firmes, en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y, las demás previstas por el citado Código Familiar aplicable, pueden alterarse y modificarse cuando se acredite que cambiaron las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción deducido en el juicio condigno. Además, en términos de los artículos 985 y 966 de la multicitada normativa, la medida provisional podrá ser objeto de revisión y modificación en la audiencia preliminar correspondiente. Esto quiere decir que serán en aquel momento procesal cuando, conforme a la forma en que se haya venido desplegando la convivencia provisional, o bien, allegados otros elementos relevantes para el caso, incluidos los reportes de las convivencias realizadas, el juez familiar podrá variar, de manera fundada y motivada, el régimen asistido de convivencia en el propio beneficio del menor. Ello hasta en tanto se dicte sentencia que concluya los términos en que ésta habrá de concretarse. Por todo lo anterior, ante lo ineficaz de los conceptos de violación hechos valer y al no advertir queja deficiente a suplir, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por las terceras interesadas y el representante social adscrito, en virtud de que en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis P./J. 26/2018 (10a.), consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy cinco de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA DULCE MARIA BARRERA PANIAGUA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra el acto del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy cinco de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 670/2023 promovido por Luis Manuel Corona Martínez contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Acto continuo, el Secretario da cuenta con un escrito signado por ********************, representante de la menor de edad de inciales ******************** registrado con el número 9712, a través del cual formula alegatos. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resulto el carácter de tercero interesada a ********************, quien fue debidamente emplazada al presente juicio como se corrobora de las constancias que obran en autos. De igual forma se hace constar que en auto de trece de junio de dos mil veintitrés, se ordenó girar oficio al Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, con la finalidad de designar representante especial a la menor de iniciales ********************, el cual mediante oficio presentado el diecinueve de junio del año en curso, informó que designó para tal fin a ********************, a quien se tuvo aceptando y protestando el cargo conferido mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés. De la misma forma, se hace constar que se llamó a juicio a ********************, quien funge como tutora especial de la menor de edad en el procedimiento de origen mediante oficio 10068, mismo que fue recibido el quince de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, representante de la menor de edad de inciales ******************** atento a su contenido tengasele por hechas las diversas manifestaciones que vierte en su ocurso de cuenta, en vía de alegatos mismos que se ordena tener en consideración en el momento procesal oportuno. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en cuaderno de prueba por separado; la documental que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe, consistente en copia certificada del juicio ordinario oral familiar 148/2023, prueba que se tuvo por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que los formularon la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; la tercero interesada ********************, así como ********************, representante de la menor de edad de inciales ******************** a través del pedimento y escitos presentados el trece, diecinueve y veintiocho de junio de dos mil veintitrés. EL JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. JOSÉ SIERRA ORTIZsvm Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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