Luis Manuel Chao Sánchez
Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Eliseo Alejandro Garza García
- Luis Manuel Chao Sánchez
Actuaciones
- Principal
Se notifica por lista al quejoso el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda de garantías, solicitando los informes justificados a las responsables, señalandose las nueve horas con cuarenta y un minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio.
- Principal
Vista la cuenta antecedente, téngase por recibido el escrito signado por ** en su carácter de Asesor Jurídico del directamente quejoso **, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de trece de agosto del año en curso: Que no cuenta con la información para poder proporcionar los nombres de las personas que les surge el carácter de terceros interesados en términos del artículo 5 fracción III inciso b); esto es de indiciado o investigado, en virtud de estar imposibilitado en agendar cita ante la autoridad responsable (Juez de Control) ya que se le niega por motivos de la pandemia y contingencia del Virus COVID-19; lo anterior, a fin consultar en físico la expediente y tener certeza de tal solicitud. De igual manera, señala que, sabe que comparecieron varios imputados a la carpeta a rendir declaración no recuerda de memoria sus nombres y direcciones y que en ese entendido, solo recuerda los nombres de Ramón Alejandro Baca Mcguire, quien es imputado en diversa carpeta judicial, donde fue notificado por edictos; así como el licenciado **, Titular de la Notaría Número 40, quien cuenta con domicilio en Gonzalitos Norte, número 230, colonia Vista Hermosa, en Monterrey, Nuevo León. Al efecto, y tomando en consideración dichas manifestaciones las cuales realiza bajo protesta de decir verdad, se admite en sus términos la demanda de amparo presentada por ** en su carácter de Asesor Jurídico del directamente quejoso **, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, en tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y 125 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso abrir el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado. Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberán rendir, sin falta, dentro del término de quince días, al que, en su caso, deberán acompañar copia certificada legible de las constancias que apoyen su informe, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente cada una a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), en la sentencia que resuelva el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual modo, se solicita a la autoridad responsable que, en caso de admitir la existencia del acto que se le reclama, informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo diverso promovido por el quejoso o alguna otra de las partes del procedimiento de origen; además, de no tener inconveniente legal alguno, al momento de rendir su informe justificado, envíe el archivo respectivo a la dirección de correo electrónico r cinthia.rodriguez.tenorio@correo.cjf.gob.mx; lo anterior en términos del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por treinta unidades de medida y actualización equivalente cada una a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se precisa que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se señala en un lapso superior a treinta días naturales, en virtud de que conforme a las reglas contenidas en el diverso artículo 117 de la ley de la materia, las autoridades responsables cuentan con un plazo de quince días hábiles para rendir su informe con justificación (plazo que incluso puede ampliarse por otros diez días cuando las circunstancias lo justifiquen). Asimismo, que entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días hábiles y que de lo contrario, debe diferirse la audiencia; de ahí que, para atender a dichos plazos, sumado al tiempo en que se publica la lista (que es al día siguiente del auto que recibe el informe) y el día en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo, se requieren por lo menos veinticinco días hábiles, mientras que un mes en promedio tiene veintiún días hábiles; por ello, se estima necesario fijar la audiencia constitucional para la fecha que más adelante se precisara, pues el suscrito no puede anticipar si las autoridades rendirán sus informes antes del término conferido -lo que sin duda alguna puede acontecer-, o bien, si lo harán con posterioridad, por lo que ambos plazos se erigen como pilares de las garantías de defensa y de acceso a la justicia de los gobernados, previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se fijan las nueve horas con cuarenta y un minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Bajo otro contexto, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención que legalmente le corresponde. Por otra parte, en atención a las manifestaciones realizadas por el promovente de amparo, esta se reserva a proveer lo conducente respecto a las personas a quienes les pudiera surgir el carácter de tercero interesados conforme a lo previsto en el artículo 5 fracción III de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto obren hasta en tanto obre el informe justificado solicitado a la responsable. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado oficial al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de Monterrey, mismo que tiene su domicilio el lugar de su adscripción; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en dicho domicilio y emplace a juicio al Fiscal tercero interesado en comento, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y del presente proveído. Se reiteran autorizaciones hechas el trece de agosto del año en curso. En la inteligencia de que el presente oficio se acuerda el día de hoy y no dentro del plazo a que se refiere el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del mismo ordenamiento legal, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional; lo que se apoya en lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, emplácese al tercero interesado oficial y vía oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta antecedente, con la demanda de amparo signada por ** en su carácter de Asesor Jurídico del directamente quejoso **, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y copias que se acompañan; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal con el número consecutivo 419/2021-II y fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de dicha ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 114, fracción I, del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito mandará prevenir al quejoso que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 112, 108, fracción II en relación con la diversa V, de la Ley de Amparo, antes de resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda, esta autoridad estima prevenir a la accionante constitucional, para que dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste bajo protesta de decir verdad: Precise el nombre de la persona a quién le surge el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5 fracción III inciso b); esto es de indiciado o investigado. Lo anterior, con la independencia que bajo protesta de decir verdad manifestó que dicho carácter no existe y únicamente señaló al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura, toda vez que del cuerpo de la demanda de amparo, se desprende que en apartado de Antecedentes del acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad que, en el año dos mil quince, su representado interpuso una denuncia y/o querella por la posible comisión, entre otros, de los delitos establecidos en los artículos 245 al 247 del Código Penal del Estado de Nuevo León en contra de quien o quienes resultaran responsables de dicho delito ilícito; luego entonces como se puede observar existe una persona a quien le surge un interés contrario al promovente de garantías, ya que las conductas que se encuentran previstas en dichos numerales, se encuentran contempladas en el TÍTULO DÉCIMO denominado "FALSEDAD", CAPÍTULO III "FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTOS EN GENERAL"; de ahí que surja la obligación por parte del promovente de mencionar a quién y/o quienes les puede surgir dicho carácter. En la inteligencia de que de no cumplir con lo anterior, transcurrido el lapso concedido, se procederá en términos del artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada. Con el apercibimiento que en caso de omitir información o manifestar hechos falsos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que se menciona en la demanda; asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que al consultarse la dirección de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se constató que la cédula número **, efectivamente se encuentra a nombre de **; por tanto, téngase a la parte promovente autorizando a la profesionista en mención, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y respecto a las diversas personas que refiere, se les tiene únicamente autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto justifiquen contar con cédula profesional, que los acredite encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Ahora bien, en cuanto a su solicitud de acceso al expediente electrónico con el usuario **, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del Expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del presente expediente, con el usuario referido, para que pueda acceder al expediente electrónico. Y de igual manera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del citado ordenamiento, y en atención a la manifestación expresa del compareciente, se autoriza al usuario antes mencionados para la práctica de las notificaciones electrónicas a través del el portal de Servicios de Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial A, para que proceda a dar de alta a los referidos usuarios, con efectos de autorización, en el sistema mencionado. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 fracción II del diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se requiere al promovente para que proporcione datos de contacto, como lo puede ser algún correo electrónico o número de teléfono, a fin de que este juzgado pueda entablar comunicación no procesal la cual de ser necesario deberá registrarse e incorporarse al expediente, previa certificación correspondiente; aunado que dicha información es de suma relevancia en atención que con ésta, se buscará acordar previamente la realización de las notificaciones, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma; no así como medios de notificación, toda vez que éstos no se encuentran previstos como tal en la legislación aplicable a la materia. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede al promvente la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Notifíquese personalmente al promovente.
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