LUIS MANUEL CASTILLO VALDIVIEZO y Otros.

Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • LUIS MANUEL CASTILLO VALDIVIEZO y Otros.
  • Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor
  • Nancy Jaqueline Mercado Valdez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 409/2022-II, promovido por Luis Manuel Castillo Valdiviezo, Nancy Jaqueline Mercado Valdez y Ángel Alberto Meléndez Lomeli, contra actos que reclamó del Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, y en la propia fecha ante éste Juzgado de Distrito Luis Manuel Castillo Valdiviezo, Nancy Jaqueline Mercado Valdez y Ángel Alberto Meléndez Lomeli, presentó demanda de amparo contra actos que reclamó al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. SEGUNDO. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo a trámite, quedando registrada como expediente 409/2022-II; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañen a la vía indirecta, al reclamarse una norma general, cuya ejecución podría tener en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Los actos reclamados que en concreto se reclaman al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor es el siguiente: "El Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de Carácter General para la Operación, Organización y Funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado el cinco de abril de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Director General de lo Contencioso y Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Ciudad de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado. Lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, cabe puntualizar que la certeza de los actos reclamados a la autoridad responsable es implícita a los actos que dentro de su ámbito de competencia se le imputan, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, pues basta que sea publicada en el Periódico Oficial respectivo. Luego, si en este juicio no se advierte probanza alguna que desvirtúe o contradiga la certeza de los actos de que se trata, esto basta para tenerlo por cierto. Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como la reclamada en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, en virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo cual no se está en condiciones de desconocerlas. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, intitulada: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la persona moral quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se aprecia que en relación a los actos que impugna la parte quejosa, no se afectan sus intereses jurídicos por falta de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, por lo cual se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, lo que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación y es, por consecuencia, ese derecho protegido lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio constitucional. Así, del precepto constitucional transcrito, se aprecia que quien acude a instar el juicio de amparo debe aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, que de ello deriva una afectación a su esfera jurídica, de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico A su vez el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, condiciona la procedencia de la acción a la existencia de una afectación a la esfera jurídica del quejoso, por parte del acto de autoridad. Precisa señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional, ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular que se concreta en forma individual y que otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; por lo que es menester, para la procedencia del juicio de amparo, que quien lo promueva acredite fehacientemente ser titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Se itera, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en los términos establecidos en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo y, contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia que repercuta, igualmente, en un derecho jurídicamente tutelado; al respecto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca al juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio, si se colman los extremos necesarios; agregó que el interés legítimo, consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Desde esta línea argumentativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adicionó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que tal individuo requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por ello, el Alto Tribunal determinó que para demostrar el interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo, como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse; que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Sirve de sustento, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia, publicada en la página 60, del Libro 12, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en noviembre de 2014, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Ahora, tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Materia(s): Común, Página: 374, Registro: 196955, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." En este contexto, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio constitucional cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que la persona se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios. En otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta, es decir, que por su sola expedición y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a las personas un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético, esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este contexto, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación. Mismo que, generalmente proviene de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Es sustento a lo antes expuesto, el contenido de la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 5, Registro: 198200, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En este contexto, resta analizar la norma cuya constitucionalidad se reclama a fin de evidenciar, como se verá, que la misma no causa afectación alguna a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, sino que, por el contrario, se requiere acreditar la existencia de un acto de aplicación de la misma, a fin de que resultara procedente el presente juicio de amparo. En efecto, para dilucidar la naturaleza de una norma de carácter general relacionada con la procedencia del juicio de amparo contra normas autoaplicativas, el Pleno del Máximo Tribunal ha desarrollado el concepto de individualización incondicionada respecto del cual indicó que la mera vigencia de las disposiciones trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, atento su estatus, sin exigirse ningún acto de implementación; en tanto que en normas heteroaplicativas, estimó que esta modalidad de disposiciones exige un acto de aplicación o concreción que cause agravio, lo que implica la individualización condicionada a ese acto en concreto. En el caso, los quejosos reclaman la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de Carácter General para la Operación, Organización y Funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, como norma autoaplicativa, al estimar que está vinculada a su cumplimiento y observancia desde el inicio de su vigencia, bajo el razonamiento de que se imponen nuevos requisitos para la operación y registro de las casas de empeño. Cabe precisar, que en relación con la presente sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el estándar de agravio aplicable al caso concreto es el relativo al interés jurídico, toda vez que lo que se reclama es una afectación sobre la titularidad de un derecho subjetivo, con motivo de la entrada en vigor el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de Carácter General para la Operación, Organización y Funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño que prevé los supuestos y requisitos para que operen los establecimientos cuya finalidad es ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria; y precisan que dentro de sus funciones está comprendida la valuación de prendas, sin contar con unas certificación; de ahí que necesariamente se requiere que los impetrantes acrediten una lesión actual y directa sobre su esfera de derechos. Por ende, para efectos de analizar si la disposición combatida en su carácter de autoaplicativa le genera o no a los quejosos una afectación, se tomará como parámetro de agravio el relativo al interés jurídico. De ahí que, sea necesario establecer si las disposiciones del consabido Acuerdo que por esta vía se reclama, crea, modifica, extingue, una situación de derecho, o genera una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, que impacta en la esfera jurídica del gobernado por su sola entrada en vigor. Así, para evidenciar que la norma reclamada es de naturaleza heteroaplicativa, resulta necesario, de inicio, establecer su contenido que es el siguiente: "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LAOPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO "Que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene funciones de autoridad administrativa, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores" (.) CAPÍTULO I OBJETO "Artículo 1. Las presentes disposiciones, tienen por objeto regular la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño." (.) CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES Artículo 4. La vigencia del registro de una Casa de Empeño será de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha de su inscripción; sólo se ampliará la vigencia mediante el trámite de renovación anual. Artículo 5. La constancia de registro de inscripción, renovación anual y modificación, que la Procuraduría expida a cada establecimiento, deberá contener lo siguiente: I. Número Único de Identificación; II. Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral; III. Registro Federal de Contribuyentes; IV. Marca o nombre comercial; V. Domicilio completo de la matriz; VI. En su caso, domicilio completo de la sucursal materia de registro, en donde se autoriza la operación de la Casa de Empeño; VII. Fechas de inscripción en el registro y de vigencia de la autorización a operar como Casa de Empeño; VIII. Nombre y firma del funcionario que autoriza; y IX. Mecanismo de seguridad para verificar su autenticidad. (.) 18. Las casas de empeño deberán contar con procedimientos de seguridad adecuados para garantizar en su funcionamiento y operación, la seguridad de los consumidores y sus prendas. Asimismo, el valuador que realice la valoración de los objetos dados en prenda, deberá contar con la capacidad técnica acreditada y certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. CAPITULO IV DE LOS TRÁMITES ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO Sección Primera De la inscripción al Registro. Artículo 19. Para que las Casas de Empeño obtengan su constancia de registro deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Solicitud de Inscripción por cada establecimiento debidamente requisitada, que contenga los siguientes datos: a) Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral, que pretende ser autorizada y en su caso, del representante legal; b) Nombre de la marca comercial que en su caso utilice; c) Registro Federal de Contribuyentes de la Casa de Empeño; d) Domicilio del establecimiento que pretenda inscribir en el Registro Público para obtener autorización a operar como Casa de Empeño, señalando si se trata de un establecimiento matriz o sucursal, acompañando para tal efecto la constancia de apertura del establecimiento emitida por el Servicio de Administración Tributaria; e) Domicilio y, en su caso, correo electrónico para oír y recibir toda clase de notificaciones, manifestando su autorización para que se notifique por este último medio; f) En caso de tratarse de sucursal, señalar el domicilio de la matriz; g) Teléfonos de contacto; h) Fecha y lugar de la solicitud, y i) Firma del solicitante, para el trámite de solicitudes por escrito o la aceptación de la Casa de Empeño para llevar a cabo los trámites en línea través del portal del Registro Público. II. Las personas morales deberán presentar copia certificada por fedatario público del acta constitutiva, así como del acta en que obre la última asamblea de socios, y en su caso, del último instrumento, también certificado ante fedatario público, en el que consten los cambios de socios, accionistas, directivos, patronos, administradores y representantes legales o apoderados con facultades para actos de administración y dominio, así como del documento que faculte y acredite la personalidad jurídica de su representante legal o apoderado. Las personas físicas que sean representadas por un tercero, deberán exhibir copia certificada del poder notarial para acreditar su personalidad. III. Las personas morales deberán presentar una relación de sus socios o accionistas, directivos, patronos, administradores y de los representantes legales o apoderados actuales que tengan otorgados poderes en actos de administración y de dominio, la cual deberá ir firmada por el solicitante, misma que deberá anexar a su solicitud, por cada uno de ellos; asimismo deberá presentar: copia de identificación oficial o en su caso documento migratorio vigente, además de copia del Registro Federal de Contribuyentes. Las copias de los documentos a los que se refiere la presente fracción, también deberán ser exhibidas por las personas físicas que pretendan obtener su inscripción en el Registro Público, así como de ser el caso, el de su representante. IV. Las personas físicas, y en su caso su representante legal, así como las señaladas en la relación a que hace referencia la fracción anterior, para el caso de personas morales, deberán acompañar por cada uno de ellos, la constancia relativa a los antecedentes penales, expedida por autoridad federal competente, en original, y deberá estar vigente a la fecha del trámite. Lo anterior, a fin de acreditar no haber sido condenados en sentencia firme por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. Para el caso de extranjeros, éstos deberán presentar, además del documento señalado en el primer párrafo de la presente fracción, el documento que acredite no haber sido condenados por los delitos antes mencionados en su país de residencia. Para efectos del Registro Público, los documentos señalados en la presente fracción sólo serán válidos si son expedidos en el año en curso al momento de la solicitud del trámite. V. Copia simple del contrato de adhesión vigente, aprobado y registrado por la Procuraduría, que se utilizará para las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, o bien, señalar por escrito, la fecha y número de registro del mismo. VI. Copia del comprobante de pago de la tarifa por concepto de solicitud de trámite. Para el caso de realizar el trámite en línea a través del portal del Registro Público, no será necesario presentar el comprobante de pago, en virtud de que ello será validado a través de dicho portal. VII. Póliza de seguro vigente que garantice el pago por daño y robo del establecimiento del cual se solicita el registro, con copia del pago de la misma. VIII. Copia simple del documento vigente que acredite la contratación de empresa autorizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, para prestar servicios de seguridad. IX. Copia simple del documento emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que certifique la capacidad técnica del o los valuadores que realicen la valoración de los objetos dados en prenda en el establecimiento, y X. Copia digitalizada de toda la documentación solicitada en las fracciones anteriores para la inscripción, misma que se podrá entregar en un dispositivo de almacenamiento USB o CD. Lo anterior no es aplicable para el caso de realizar el trámite en línea a través del portal del Registro Público. Sección Segunda (.)." Las disposiciones transcritas, tienen por objeto, en lo medular, regular la operación, organización y funcionamiento del registro público de casas de empeño; asimismo, dicho registro tiene como finalidad inscribir los establecimientos de las casas de empeño para autorizar sus operaciones con interés y garantía prendaria, renovar anualmente y realizar las anotaciones correspondientes a los actos de modificación, suspensión y cancelación; y, con ello, dar certeza a los consumidores antes de acudir a alguna casa de empeño para revisar si está listada dentro de las que se encuentran reguladas por la ley. Máxime que, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene a la vista como hecho notorio al momento de resolver el presente asunto, la página electrónica oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor https://rpce.profeco.gob.mx/operacionyfuncionamiento.php, de la cual se advierte la forma de realizar el trámite para obtener el Registro que autorice la operación de los establecimientos mercantiles denominados casas de empeño. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, que este tribunal comparte, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Lo expuesto, pone de manifiesto que la norma reclamada está condicionada a la realización de diversos actos concretos de aplicación ?en síntesis, que la casa de empeño para la que laboran (persona moral), obtenga la autorización para el funcionamiento de esa negociación, así como efectuar el pago por la expedición del mismo; y, entre otros requisitos, deberá contar con procedimientos de seguridad adecuados para garantizar en su funcionamiento y operación, la seguridad de los consumidores y sus prendas; además, el valuador que realice la valoración de los objetos dados en prenda, deberá contar con la capacidad técnica acreditada y certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por tanto, será hasta ese momento en el que los quejosos podrán cuestionar su constitucionalidad, haciendo valer los razonamientos pertinentes, pues debe resaltarse que no basta con afirmar que se está en los supuestos de la norma, esto es, que aduzcan ser empleados de una casa de empeño con funciones de valuación de prendas previo a la realización de actividades de empeño, la cual realizan sin ninguna certificación porque nunca se las han pedido, pero con conocimientos y experiencia suficientes, pues se insiste, debe existir un acto concreto de aplicación que permita conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se les haya aplicado el Acuerdo impugnado. Máxime, que los impetrantes fueron omisos en exhibir prueba alguna que evidenciara que las normas controvertidas les causan perjuicio, esto es, no acreditaron con algún elemento probatorio la calidad de empleados y valuadores de una casa de empeño debidamente constituida, esto es, no acreditaron de manera fehaciente ser destinatarios de la norma tildada de inconstitucional. De ahí que, la simple afirmación de los quejosos respecto a que tienen la calidad de valuadores de prendas en una casa de empeño, no es idónea para acreditar su interés jurídico o legítimo necesario para solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Lo expuesto en el párrafo previo, tiene su justificación en que el interés jurídico debe acreditarse en forma indubitable y plena, por lo que no puede inferirse con base en meras afirmaciones sin sustento probatorio ?como acontece en el caso a estudio?, en el que los quejosos no exhibieron medios de convicción para acreditar el acto concreto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada visible en la página ciento diez, Volumen 193-198, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de 'instancia de parte agraviada'. El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." En ese contexto, al no existir un acto concreto de aplicación que permita conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el cual se le hubiere aplicado a los quejosos la normatividad impugnada, es de concluirse que es improcedente la presente instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 77/97, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro es: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO". Así como la tesis 3a. LII/91 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA". Además, la diversa tesis II.2o.C.83 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ubicada en la página 1135, Tomo XVIII, Julio de 2003 del Semanario oficial, con número de identificación 183801, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA QUE SE CALIFIQUE DE INCONSTITUCIONAL." Luego, atendiendo al sentido del fallo, no se analizan los conceptos de violación encaminados a combatir la inconstitucionalidad de los preceptos legales, debido a los efectos que provoca el sobreseimiento. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, Volumen 86, Sexta Parte, página 93, con número de registro digital 254008, que sostiene: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional." Por otro lado, no sobra añadir que el sobreseimiento en el juicio no entraña, por sí mismo, el desconocimiento del derecho a un recurso judicial efectivo en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, frente a la actuación del poder público, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa. Lo anterior, en términos del criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.7o.A.15 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1947, con número de registro digital 2006083, que reza: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Luis Manuel Castillo Valdiviezo, Nancy Jaqueline Mercado Valdez y Ángel Alberto Meléndez Lomeli, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que el informe con justificación rendido por el Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la ley de la materia, a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, con fundamento en el precepto en mención, el suscrito juzgador ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha y para su verificativo se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del seis de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en esta ciudad, agréguese a sus autos para que obre como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que se indica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa corriéndole traslado con el informe justificado. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. En cumplimiento a lo ordenado en autos le corro traslado con la documental referida en el auto que antecede a la parte quejosa, la cual queda a su disposición en el tribunal de su adscripción.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que el informe con justificación rendido por el Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el carácter de representante legal de la autoridad responsable Procurador Federal del Consumidor, con residencia en Ciudad de México, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la ley de la materia, a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, con fundamento en el precepto en mención, el suscrito ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha y para su verificativo se señalan las once horas con veinticinco minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

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