Luis Manuel Castillo Ahumada
Expediente 108/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Manuel Castillo Ahumada
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 108/2019, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el ocurso del quejoso ..., por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de veintiséis de marzo del año en curso, y precisa el lugar de residencia de la autoridad responsable, de igual manera refiere bajo protesta de decir verdad que la última actuación en el juicio laboral de origen lo es de fecha veinte de marzo del año en curso, la cual consistió en que fueron turnados los autos al Secretario de estudio y cuenta para proyectar el laudo. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí con sede en ciudad del mismo nombre, por trasgresión que estima del artículo 17 Constitucional; atento a que fue registrado en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 108/2019-II-F. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo que se recibe así como de su escrito aclaratorio, de los que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Es así, toda vez que se advierte que el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo biinstancial. Se afirma lo anterior, dado que el quejoso en su escrito demanda señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal Laboral de integrar el procedimiento en el expediente laboral 1273/2015/mesa 5 en los términos y plazos de ley a efecto de llegar al dictado del laudo, lo cual transgrede su derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional, relativo al acceso a la impartición de justicia, luego en su escrito aclaratorio señaló que la última actuación data del veinte de marzo y que consistió en que se turnaron los autos al Secretario de estudio y cuenta para la elaboración de proyecto de laudo; por lo que, resulta inconcuso que la dilación procesal reclamada a la autoridad responsable se traduce en la omisión de dictar el laudo respectivo en el citado contradictorio laboral. En efecto, el presente juicio constitucional es improcedente, pues dicho acto reclamado no es de imposible reparación, toda vez que con el mismo no se causa al quejoso una afectación directa a los derechos humanos o sustantivos que tutela la Ley Suprema, sino sólo de carácter formal o intraprocesal, pues como el propio quejoso lo señala, bajo protesta de decir verdad, la Junta responsable emitió su última actuación el veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la cual ordenó se turnaran los autos al Secretario de estudio y cuenta para la elaboración del proyecto de laudo respectivo; de ahí que, para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveído, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deberían haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del plazo en que legalmente debió pronunciarse, tomando en consideración que ese es el periodo máximo que el artículo 772 de la citada ley federal laboral tolera para que el juicio permanezca inmóvil, situación que en el presente caso no acontece, dado que, de la citada data (veinte de marzo de dos mil diecinueve) a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (veinticinco de marzo de dos mil diecinueve), ni siquiera ha comenzado a transcurrir el término de cuarenta y cinco días de referencia. Es así porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí por disposición de su artículo 4, se deduce una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener los requisitos ahí descritos, de tal suerte que desde la fecha en que refiere el quejoso se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de laudo -veinte de marzo de dos mil diecinueve- a la presentación de la demanda ni siquiera había fenecido el plazo establecido en el citado numeral para la realización de esa actuación procesal, mucho menos el término de cuarenta y cinco días de inactividad para que pueda considerarse paralizado el procedimiento. Cobra aplicación por identidad de razón, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a), de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Asimismo, la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostenida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, tomo II, materia constitucional, común, Décima Época, página 1086, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve a la parte quejosa, que dice: "Téngase recibido el ocurso del quejoso ..., por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de veintiséis de marzo del año en curso, y precisa el lugar de residencia de la autoridad responsable, de igual manera refiere bajo protesta de decir verdad que la última actuación en el juicio laboral de origen lo es de fecha veinte de marzo del año en curso, la cual consistió en que fueron turnados los autos al Secretario de estudio y cuenta para proyectar el laudo. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí con sede en ciudad del mismo nombre, por trasgresión que estima del artículo 17 Constitucional; atento a que fue registrado en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 108/2019-II-F. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo que se recibe así como de su escrito aclaratorio, de los que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Es así, toda vez que se advierte que el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo biinstancial. Se afirma lo anterior, dado que el quejoso en su escrito demanda señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal Laboral de integrar el procedimiento en el expediente laboral 1273/2015/mesa 5 en los términos y plazos de ley a efecto de llegar al dictado del laudo, lo cual transgrede su derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional, relativo al acceso a la impartición de justicia, luego en su escrito aclaratorio señaló que la última actuación data del veinte de marzo y que consistió en que se turnaron los autos al Secretario de estudio y cuenta para la elaboración de proyecto de laudo; por lo que, resulta inconcuso que la dilación procesal reclamada a la autoridad responsable se traduce en la omisión de dictar el laudo respectivo en el citado contradictorio laboral. En efecto, el presente juicio constitucional es improcedente, pues dicho acto reclamado no es de imposible reparación, toda vez que con el mismo no se causa al quejoso una afectación directa a los derechos humanos o sustantivos que tutela la Ley Suprema, sino sólo de carácter formal o intraprocesal, pues como el propio quejoso lo señala, bajo protesta de decir verdad, la Junta responsable emitió su última actuación el veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la cual ordenó se turnaran los autos al Secretario de estudio y cuenta para la elaboración del proyecto de laudo respectivo; de ahí que, para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveído, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deberían haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del plazo en que legalmente debió pronunciarse, tomando en consideración que ese es el periodo máximo que el artículo 772 de la citada ley federal laboral tolera para que el juicio permanezca inmóvil, situación que en el presente caso no acontece, dado que, de la citada data (veinte de marzo de dos mil diecinueve) a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (veinticinco de marzo de dos mil diecinueve), ni siquiera ha comenzado a transcurrir el término de cuarenta y cinco días de referencia. Es así porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí por disposición de su artículo 4, se deduce una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener los requisitos ahí descritos, de tal suerte que desde la fecha en que refiere el quejoso se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de laudo -veinte de marzo de dos mil diecinueve- a la presentación de la demanda ni siquiera había fenecido el plazo establecido en el citado numeral para la realización de esa actuación procesal, mucho menos el término de cuarenta y cinco días de inactividad para que pueda considerarse paralizado el procedimiento. Cobra aplicación por identidad de razón, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a), de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Asimismo, la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostenida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, tomo II, materia constitucional, común, Décima Época, página 1086, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. "
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por *********** contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por trasgresión que estima del artículo 17 Constitucional; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 108/2019-II-F. PREVENCIÓN Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones III y IV del artículo 108 del propio ordenamiento, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con tres copias de su escrito aclaratorio: Indique la fecha de la última actuación dentro de los autos del expediente laboral *********** y precise en qué consistió la misma. De igual manera, precise el lugar de residencia de la autoridad responsable, en virtud de que señala Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, sin embargo, en Ciudad Valles no existe la referida responsable. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los profesionistas que señala en el ocurso que se provee. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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