Luis Maldonado Manzanilla

Expediente 632/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
632/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México
  • Luis Maldonado Manzanilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito devolvió el juicio de amparo 632/2017, asimismo, remitió testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 258/2017; al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida. En cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales -, procédase a su destrucción. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, procedente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que se acusa recibo del oficio 49526, asimismo, se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, que quedó registrado con el orden R.P. 258/2017.

  3. Principal

    Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual el defensor del quejoso interpone recurso de revisión contra la sentencia; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia de dicho ocurso y agréguese una al juicio, asimismo, en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente, remítase este último al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, así como el original del escrito relativo, para la sustanciación del medio de impugnación de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 632/2017, promovido por Luis Maldonado Manzanilla, por conducto de su defensor, contra el acto reclamado de la Jueza Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México; yR E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Décimo, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17, 18, 20, 22 y "133" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día de su recepción, el juzgado que previno el conocimiento del juicio admitió a trámite la demanda; solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dio al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado de origen; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. IV. Por auto de veintiséis de julio pasado, el titular del Juzgado Décimo mencionado estableció que el asunto está relacionado con el diverso 268/2014, del registro de este órgano jurisdiccional, por lo que estimó que no le correspondía conocer y resolver el presente asunto, por razón de turno, dado que el acto reclamado se emitió en la causa 18/2001, del registro de la autoridad judicial que instruyó el proceso penal de origen, de la cual también emanaron aquellos que fueron materia de análisis en el juicio del que previamente conoció este juzgado, razón por la que envió el asunto a este órgano de control constitucional para continuar con la tramitación correspondiente. V. Por auto de treinta y uno de julio del presente año, este juzgado se avocó al conocimiento del juicio, que se registró con el orden 632/2017; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a la representación social adscrita al juzgado señalado como responsable; y se fijaron fecha y hora para la audiencia de ley, que se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado es el siguiente: - El acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 83/2017, en que se resolvió el recurso de revocación contra el auto por el cual se autorizó la propuesta del tratamiento preliberacional concedido al quejoso. Que reclamó de la Jueza Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la jueza responsable, pues así lo manifestó al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió, entre las que se encuentra la determinación controvertida; documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, pues no existe algún precepto que así lo establezca. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Previamente a exponer las razones por las que se llega a esa conclusión, es necesario precisar que este órgano de control constitucional considera que la causa de pedir del quejoso al instar la acción constitucional se circunscribe a analizar la legalidad de la temporalidad fijada por la jueza responsable para el cumplimiento del tratamiento preliberacional concedido, de ahí que no serán materia de análisis los términos y las condiciones en que estableció debe cumplirse tal beneficio penitenciario. Precisado lo anterior, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese contexto, se estima que el acuerdo reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues la jueza responsable citó el precepto legal que consideró aplicable y expuso las razones o causas particulares por las que determinó confirmar la temporalidad del tratamiento preliberacional concedido al quejoso, a fin de que este último sea reincorporado a la sociedad, por ende, estimar procedente, pero infundado, el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del quejoso; además, indicó la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicada. Así es, este órgano de control constitucional considera que fue legal que la jueza responsable, acorde el artículo 34 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad estableciera que el quejoso deberá someterse por tres años a las actividades propuestas por el Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad, a fin de que se prepare al justiciable y a su familia, en forma grupal o individual, acerca de los efectos del beneficio concedido, así como a la preparación del sentenciado respecto de su corresponsabilidad social, con motivo del beneficio penitenciario concedido; posteriormente, estableció que el peticionario de amparo será trasladado a la Institución Abierta "Casa de Medio Camino", donde permanecerá un año, en que se le concederán salidas grupales con fines culturales y recreativos, visitas guiadas y supervisadas por el personal técnico. En efecto, fue correcta tal decisión, porque se considera que la fijación de la duración de dicho tratamiento derivó de la facultad discrecional concedida por el numeral 34 de la ley especializada de ejecución de penas de referencia a dicha juzgadora, pues de este precepto se advierte que el sentenciado queda sometido a las formas y condiciones de dicho tratamiento preliberacional, aunado a que se señaló la naturaleza jurídica de tal beneficio, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el tratamiento mencionado "tiene como finalidad la realización de ciertos actos y conductas destinadas a preparar al sentenciado a su incorporación a la sociedad, es decir a su vida en libertad", como acertadamente indicó la autoridad responsable, de lo que se obtiene que tal preparación debe realizarse por un tiempo determinado. Consecuentemente, si la jueza responsable estableció la duración del tratamiento preliberacional concedido al quejoso con base en la pena de prisión impuesta, que indicó probablemente concluiría el diecinueve de enero de dos mil treinta y uno, el tiempo compurgado, así como el desempeño en el tratamiento técnico, es inconcuso que su decisión no puede considerarse arbitraria, como estimó el sentenciado. Al respecto, es orientadora la tesis 1a.CLXXXVII/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1088 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, cuyo rubro y contenido disponen: "FACULTADES DISCRECIONALES DE LAS AUTORIDADES. LIMITACIÓN A SU EJERCICIO. El otorgamiento de facultades discrecionales a las autoridades no está prohibido, y ocasionalmente su uso puede ser conveniente o necesario para lograr el fin que la ley les señala; sin embargo, su ejercicio debe limitarse de manera que impida la actuación arbitraria de la autoridad, limitación que puede provenir de la propia disposición normativa, la cual puede establecer determinados parámetros que acoten el ejercicio de la atribución razonablemente, o de la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad". Derivado de lo anterior, es infundado el concepto de violación en que el quejoso refirió que el acuerdo reclamado no está fundado y motivado, pues como se estableció, la autoridad judicial responsable citó el precepto que estimó aplicable y expuso las razones o causas particulares por la que resolvió en el sentido en que lo hizo, de las que se advierte adecuación con la norma citada. Asimismo, no asiste razón al peticionario de amparo al afirmar que la duración del tratamiento al que debe someterse es excesivo, si se toma en consideración que durante el tiempo de su cumplimiento cubriría tres quintas partes (3/5) de la pena de prisión impuesta, situación que podría beneficiarle para obtener la libertad preparatoria; sin embargo, no debe perderse de vista que el sentenciado optó por dicho tratamiento, cubriendo los requisitos indispensables, sin que esperara la oportunidad para que eventualmente se le concediera la libertad preparatoria referida. De igual forma, es infundado el restante motivo de disenso, en que afirmó que la jueza responsable, en diversos asuntos, similares al del quejoso, ha otorgado un tratamiento mucho menor (en cuanto a la temporalidad); lo anterior es así, pues como se indicó, la decisión de la autoridad judicial responsable fue discrecional y, para tal efecto, tomó en consideración, de manera preponderante, el delito por el que se le enjuició, esto es, homicidio en razón del parentesco (diversos dos), lo que de manera implica que deba resolver de manera idéntica como lo hizo en los diversos expedientes que refirió el peticionario de amparo, por lo que se reitera que su determinación está adecuadamente fundada y motivada. En ese contexto, toda vez que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Maldonado Manzanilla, contra el acto consistente en: - El acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 83/2017, en que se resolvió el recurso de revocación contra el auto por el cual se autorizó la propuesta del tratamiento preliberacional concedido al quejoso. Que reclamó de la Jueza Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México.

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