Luis Madrigal Geronimo
Expediente 1032/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Madrigal Geronimo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno, e informa que mediante auto de siete de octubre del año en curso, dicho órgano se avocó al conocimiento del mismo. Ahora bien, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Asimismo, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso i), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado: Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. Impedimentos; Recusaciones; Excusas; Returnos; Incompetencias; Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Director de Seguridad Pública de Chilchota, Michoacán, y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno e ingrésese al sistema electrónico con el número I-1032/2022-1. Ahora bien, la parte quejosa promueve la demanda de garantías contra los actos consistentes en: El ordenar que se prive del derecho que tengo a dedicarme al trabajo, actividad o profesión, industria o comercio, o trabajo que me acomode, no obstante de ser licito, sin que para ello, preceda mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, violando con ello lo estipulado en el artículo 5° Constitucional. El ordenar que se me prive de la posesión, uso y disfrute, de mi vehículo de la marca Dodge tipo -, modelo - con número de serie -, y número de placas de circulación - del Estado de Michoacán. Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie, es o no, el que tiene que conocer de la demanda de garantías de cuenta. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De igual manera, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el considerando CUARTO, fracción XI, establece: ".CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: "[.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." Del análisis de los preceptos antes transcritos, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, y como según constancia secretarial de cuenta, se advierte lo siguiente: El quejoso -tiene su domicilio particular en calle -. Que los actos de comercio relativos al transporte de personas vía terrestre a que alude, lo ejerce en aquel municipio de Chilchota, Michoacán. Además, del contenido de la demanda de garantías en el capítulo "hechos o antecedentes", el quejoso manifestó: ".el suscrito me encontraba circulando sobre la carretera Carapan-Zamora, precisamente en la Localidad de Carapan, Municipio de Chilchota, Michoacán; sin mostrar orden escrita de autoridad competente, que además estuviera fundada y motivada; diciéndome además que el Gobernador del Estado de Michoacán, les había dado la orden de impedir al suscrito que ejerza el comercio, esto es, la prestación del servicio de transporte de personas, vía terrestre." Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luis Madrigal Gerónimo, por propio derecho, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejerce jurisdicción dicho órgano, comenzaron a ejecutarse los actos que en esta vía se reclaman. Ahora, como en el particular los acto que se reclaman en esta vía lo es atendido a que con independencia del lugar en el que radique las autoridades emisoras de los actos reclamados, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado los actos reclamados, tiene sustento la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio parar oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizados para tal efecto a la persona que indica por así manifestarlo expresamente. Finalmente, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena hacer la notificación del presente proveído por medio de lista, virtud a que el juez competente que se avoque al conocimiento del presente asunto ordenará la notificación de manera personal del proveído respectivo. Notifíquese.
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