Luis López Panadero
Expediente 816/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis López Panadero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
MESA"7" En la Ciudad de México, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo anterior, toda vez que se declaró sin materia el incidente de suspensión. Notifíquese. .
- Principal
MESA"7" En la Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
MESA "7" En la Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia BJ-1, en la Unidad de Investigación Número Dos Sin Detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y anexo que lo acompaña. Causales de improcedencia. Al efecto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y tomando en consideración que conforme a la técnica que rige el juicio de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado de Control Constitucional, analizar de oficio si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público. En esas condiciones, este Juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. Para precisar el alcance de la norma en estudio resulta pertinente realizar la trascripción de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dada su estrecha vinculación, las cuales son del siguiente contenido: " Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" A efecto de una mejor comprensión, es necesario hacer las siguientes precisiones: El quejoso ostenta la calidad de probable responsable en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T3/01218/16-03. El catorce de marzo del año en curso, se dio inicio a la averiguación previa FBJ/BJ-1/T3/01218/16-03, con motivo del escrito de denuncia de hechos suscrito por José Antonio González Galicia, quien formuló denuncia por el delito de fraude en agravio de su poderdante Emilia Martha Leonor Elizondo Torres y en contra de Salvador Abascal Álvarez y Luis López Panadero. La averiguación previa referida se radicó en la Unidad Dos Sin Detenido en la Coordinación Territorial BJ-1, el quince de marzo del año que transcurre. El diecinueve de mayo de la presente anualidad se giró citatorio al denunciante a fin de que ratificara su denuncia presentada por escrito sin que se presentara. El catorce de junio del presente año, se giró de nueva cuenta citatorio al denunciante a fin de que se presentara ante la responsable para que ratificara y aportara mayores elementos de pruebas, sin que se presentara. El veinticuatro de junio del año en curso, una vez que fue citado el denunciante y no presentarse ante la responsable, se propuso en la averiguación previa el acuerdo de reserva. El treinta de junio de la presente anualidad, se aprobó el acuerdo de reserva por el Agente del Ministerio Público Responsable de la Coordinación Territorial en BJ-1, en la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez. De lo anterior se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del Artículo 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Como se aprecia, para que el juicio de amparo sea procedente, además de que el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso, esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual, se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Así en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Ahora, el presente juicio de amparo fue señalado como acto reclamado la abstención de la autoridad responsable de citar al quejoso para que comparezca en la indagatoria FBJ/BJ-1/T3/01218/16-03. Luego, del contenido del informe y de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que en fecha veinticuatro de junio del año que transcurre se propuso el acuerdo de reserva en la indagatoria antes referida, el cual fue aprobado por el Agente del Ministerio Público Responsable de la Coordinación Territorial en BJ-1, en la Fiscalía Desconcentrada Benito Juárez el treinta de junio siguiente, por lo que no obstante que el acto subsiste, en el sentido de que la autoridad señalada como responsable si bien fue omisa en citar al quejoso a efecto de que compareciera en la referida indagatoria y esté se encontrará en posibilidad de ejercitar su derecho a una adecuada defensa, la averiguación previa ya fue determinada. En ese sentido, es de considerarse que derivado del procedimiento de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se equipararon los efectos de la resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal con los de la reserva de la averiguación previa, bajo el argumento de que era preciso evitar que las resoluciones dictadas por el Ministerio Público respecto de la persecución de los delitos fueran negligentes o arbitrarias y que por actos de corrupción quedara algún delito sin perseguir, otorgando con ello la facultad a los gobernados de atacar dichos acuerdos de reserva mediante la vía constitucional (juicio de amparo). Por lo que la omisión del agente del Ministerio Público investigador a citar al quejoso, no puede considerarse como un efecto que haya dejado huella en la esfera jurídica del quejoso susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse, pues en el supuesto de que en el presente asunto se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, los efectos de la sentencia sólo tendrían por objeto constreñir a la responsable a que citara al quejoso a efecto de que se impusiera de las constancias que integran la averiguación previa, y por ende jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, pues como se dijo en acápites precedentes, en la indagatoria de referencia el treinta de junio del presente año se aprobó el acuerdo de reserva propuesto el veinticuatro de junio pasado. Es aplicable por identidad la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, a pesar que el acto reclamado subsiste (omisión de citar al quejoso para que comparezca en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T3/01218/16-03), su objeto material o de ejecución procesal, ya no está vigente al haber sido aprobada la propuesta de reserva en la averiguación previa en la que surgió dicha omisión, esto es, se actualizó un acto procesal que modificó el entorno en que se suscitó el acto reclamado. Por ello, se insiste que la protección que se concediera en vía de amparo, de analizarse este acto, carecería de efectos jurídicos. En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. Lo anterior, sin menester dar vista al impetrante de amparo, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.), que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA "7" RESUELVE: ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA el incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 816/2016- promovido por LUIS LÓPEZ PANADERO, en virtud del razonamiento expuesto en el considerando único de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese.
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