Luis Lima Corona

Expediente 887/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
887/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Luis Lima Corona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO NÚMERO....LA RESOLUCIÓN DE ALZADA SE DETERMINÓ QUE: PRIMERO.- SI EXISTE CONFLICTO DE COMPETENCIA...SEGUNDO.- SE DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE AL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA....ARCHIVESE COMO CONCLUIDO....EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO....

  2. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR...MEDIANTE EL CUAL INFORMA EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO SE ADVIERTE QUE SE ADMITIÓ A TRÁMITE EL CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE ESTE JUZGADO Y EL JUZGADO...

  3. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...

  4. Principal

    *AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 01/07/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...V I S T O el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo número 887/2019, del índice de este Juzgado, y cinco copias de la demanda de amparo; mediante el cual se comunica el auto dictado el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo número 562/2019, del índice del Juzgado Segundo de distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por el que no aceptó la competencia planteada por este juzgado, mediante diverso proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, éste juzgado no comparte el criterio tomado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por lo que se insiste en declinar la competencia, por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen. Los argumentos expuestos en el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el juzgado oficiante para no aceptar la competencia planteada por este Juzgador esencialmente se hacen consistir en que el hecho de que al reclamarse en el presente juicio de amparo la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de nulidad 3052/16-09-01-1-OT, del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, que en su momento condenó a la Subdelegación de Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, Delegación Estatal en Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, teniéndose en consecuencia, por cumplida la resolución precisada, constituye un acto que no requiere ejecución material. Lo anterior lo consideró así pues indica que en la sentencia que se llegue a dictar en el presente juicio de amparo únicamente habrá de determinarse si la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa calificó adecuadamente las diligencias realizadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para cumplir con la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 3052/116-09-01-1-OT dado que la resolución que se combate en la que se declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia y se declara cumplida la misma, ya no tiene ejecución en virtud de tener efectos declarativos. En ese sentido continúa señalando que en caso de que en la sentencia de amparo que se dicte en el presente asunto, se determine que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, en todo caso el actuar de la responsable será el seguir con el trámite inherente en el juicio de nulidad fuente del acto reclamado ordenando el archivo correspondiente y en caso contrario, la sentencia de amparo únicamente tendrá como efecto que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar dicte otra determinación, en la que tenga por no cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3052/116-09-01-1-OT del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debiendo requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su cabal cumplimiento sin que en ninguno de los casos los efectos de la ejecutoria que se dicte tenga como objeto ordenar el pago de pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, de ahí que considera que la competencia se surte a favor del Juez que previno, es decir este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Sin embargo, este juzgador no comparte tales consideraciones, pues contrario a lo que sostiene el homólogo federal, como se señaló en el auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de nulidad 3052/16-09-01-1-OT, del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, que en su momento condenó a la Subdelegación de Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, Delegación Estatal en Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, teniéndose en consecuencia, por cumplida la resolución precisada, si posee ejecución material, al considerarse sus consecuencias directas o inmediatas. En primer término es preciso señalar que el acto combatido se encuentra relacionado con el cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio de nulidad 3052/16-09-01-1-OT del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual se declaró la nulidad de la resolución emitida por el Subdelegado de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, Delegación Estatal en Tlaxcala en la que se negó el pago de diversas prestaciones que le reclamó, para el efecto de que emitiera una nueva providencia, en la que allegándose de los elementos necesarios para ello, realizara el incremento de la pensión considerando el porcentaje que resultara mayor de los obtenidos respecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior y los incrementos a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, lo que debía justificar debidamente, y en caso de resultar diferencias a favor de éste, procediera a su pago dese la fecha de otorgamiento de pensión. En primer lugar, debe tomarse como punto de partida para definir la competencia, la calidad especial con la que acude el quejoso Luis Lima Corona, a la presente instancia constitucional; ello es así, en razón de que el acto reclamado le causa perjuicio en virtud de la calidad con la que insta la presente acción constitucional, esto es como jubilado o pensionado. De ahí que contrario a lo que sostiene el Juzgado requerido, la sentencia que se pudiera llegar a emitir en el juicio en que se actúa, tomando en consideración los efectos de la sentencia emitida en el juicio de origen cuyo cumplimiento constituye la materia del acto reclamado, sí podría llegar a tener como consecuencia la entrega de alguna cantidad a razón de alguna diferencia a pagar por concepto de pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala. Lo anterior máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, señalando que el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo, por tanto, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución. De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. En ese sentido al haber señalado el quejoso como su domicilio particular el ubicado en CALLE FRANCISCO I. MADERO, NÚMERO 2, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 90730, TETLATLAHUCA, TLAXCALA, es que le resulta competencia al juzgado federal que ejerce jurisdicción en dicho domicilio. Bajo ese contexto como se indicó en auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de nulidad 3052/16-09-01-1-OT, del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, que en su momento condenó a la Subdelegación de Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, Delegación Estatal en Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por sí misma -por su forma de expresión-, no produce un cambio material, al tratarse de una negativa simple; pero sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables y se relacionan con el incremento de la pensión, entonces rige la primera regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que en el caso acontece, pues el propio quejoso en su demanda de amparo manifestó que su domicilio se ubica en la ciudad Tetlatlahuca, Tlaxcala, e incluso exhibió copia de la credencia para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral de la cual se advierte como domicilio del quejoso en el estado de Tlaxcala. En consecuencia, cuando el acto reclamado tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas (como acontece en la especie) el cual se desenvuelve en su domicilio, será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, es competente para conocer del acto impugnado, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio particular del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior Tesis: 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, que establece: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Así como la Jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), sustentada por el Pleno del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1506, que a la letra dice: PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de fondo de pensiones, efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados. Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en la página 1397, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, que señala: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. En ese sentido se establece, como se señaló en el auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, si el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, si en la especie se reclama la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de nulidad 3052/16-09-01-1-OT, del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, que en su momento condenó a la Subdelegación de Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, Delegación Estatal en Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, teniéndose en consecuencia, por cumplida la resolución precisada, siendo que el quejoso manifestó tener su domicilio en el Estado de Tlaxcala, por tanto al encontrarse relacionados los efectos de la misma con el pago de una pensión otorgada a su favor, lo que se materializa en el ámbito privado del quejoso, el cual se desenvuelve en su domicilio lugar en el que este Juzgado no ejerce jurisdicción y si el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, es evidente que la competencia se surte a favor de dicho Tribunal. Es aplicable a la anterior determinación la Tesis I.1o.A.44 A, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, plasmado en el tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que es del tenor literal siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En las condiciones relatadas, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 37 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en Turno, a efecto de que decida sobre el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, con éste Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el que tiene su jurisdicción y que es el órgano que previno. Por otra parte, comuníquese lo anterior a la JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO, para los efecto legales a que haya lugar en relación al conflicto competencial propuesto, en términos del artículo 48 de la ley de la materia..."

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