Luis Justo Bautista

Expediente 854/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
854/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Luis Justo Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de julio de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Luis Justo Bautista, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Guerrero, contra actos de la Sala Superior de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 854/2023-IV, fórmese el expediente impreso y electrónico que corresponde. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. INCOMPETENCIA. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, se explica. En efecto, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Conviene determinar además los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. Es importante precisar que, del escrito de demanda se aprecia que literalmente la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "A) A LA ORDENADORA:Le reclamo el ilegal acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, en el cual impone al suscrito, una multa como medida de apremio, por la cantidad de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) equivalente a la cantidad de $11,546.40, (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MN), y ordena a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero la aplicación de dicha medida B) A LAS EJECUTORAS:1. La orden ejecución derivado del acuerdo emitido por la Sala Superior responsable, consistente en la multa impuesta al suscrito como medida de apremio, en el acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, por la cantidad de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y A CTUALIZACION (UMA) a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS, 22/100 MN) equivalente a la cantidad de $11.546.40 (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)2. El mandamiento de ejecución de fecha 25 de abril de 2023 dictado por la persona titular de la Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en cumplimiento al ilegal acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, emitido por la Sala Superior responsable, en el cual impone al suscrito, una multa como medida de apremio por la cantidad de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 MN) equivalente a la cantidad de $11,546.40, (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.).3. El acta de requerimiento de pago derivado del mandamiento de ejecución de fecha 06 de junio de 2023, dictado por la persona titular de la Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en cumplimiento al ilegal acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, emitido por la Sala Superior responsable en el cual impone al suscrito una multa como medida de apremio, por la cantidad de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 MN), equivalente a la cantidad de $11,546.40, (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.).4. El acta de embargo derivado del mandamiento de ejecución de fecha 06 de junio de 2023, dictado por la persona titular de la Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero en cumplimiento al ilegal acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, emitido por la Sala Superior responsable, en el cual impone al suscrito, una multa como medida de apremio, por la cantidad de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.), equivalente a la cantidad de $11,546.40, (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en que le fue impuesta la multa mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente TCA/SRO/094/2015, ya que el quejoso ostenta el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Guerrero, lo que hace evidente que el directo quejoso radica en aquella municipalidad, y por ende, la multa que combate tendrá ejecución "material" en aquel municipio de Azoyú, Guerrero, pues, materialmente allá iniciará con el apersonamiento de un funcionario o servidor público de alguna autoridad recaudadora, ello, en su domicilio particular o al de su empleo, con la finalidad de cobrar dicha sanción "multa"; de ahí que, la incompetencia de este órgano jurisdiccional. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se transcribe en lo conducente el Acuerdo 3/2013 en mención: "...PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Guerrero." ".SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: 1. (. . .) 2. (. . .) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala." "...CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: (...) (...) Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Tlacoachistlahuaca, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. (...)." De ese modo, como se precisó, el acto en reclamo tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Séptimo de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que este Juzgador es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Criterio que se comparte con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 5/2023, suscitado entre éste Juzgado Séptimo y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, mismo que puede ser visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". Sin que pase desapercibido que la parte quejosa señale como autoridad responsable ejecutora a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a quien le reclama la ejecución de la multa impuesta; sin embargo, el simple hecho de que esa autoridad radique en esta ciudad o porque se le hubiera girado e incluso entregado un oficio emitido por la Sala responsable, a fin de que ejecute la medida de apremio, no otorga la competencia a este Juzgado de Distrito, ya que atendiendo a las consecuencias del acto reclamado, es decir, el cobro de la multa impuesta al quejoso, se advierte que tiene ejecución "material", y que por tanto, materialmente se ejecutará en la ciudad de Acapulco, Guerrero, lugar en el que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero. En consecuencia, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, para que este a su vez lo turne al Juez de Distrito en Turno, residente en esa ciudad, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. Sin que en el caso proceda emitir pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos reclamados, toda vez que éstos no se encuadran en los supuestos que prevé el artículo 125 y 126 de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al órgano judicial que corresponda conocer del presente asunto el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Avenida Juan N. Álvarez, Primer Piso, número 96-A, colonia centro de esta ciudad capital y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Alberto Saavedra Chávez, Jonathan Solís, Obed Ramírez de Jesús y Carlos Moya Álvarez, por encontrarse acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Omar Pano Martínez e Iván Alejandro Acevedo Baeza, por no contar con el anterior requisito y así solicitarlo expresamente. Ahora bien, en lo que respecta al usuario "LICPANO", a fin de que se autoricen la consulta del expediente electrónico, dígasele que por el momento no ha lugar, toda vez que no especifica el nombre a quien corresponde dicho usuario, esto a fin de evitar designaciones equivocas; sin que sea óbice que pueda hacerlo con posterioridad. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. TRANSPARENCIA De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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