Luis Justo Bautista.

Expediente 893/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
893/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Justo Bautista.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del conflicto competencial planteado por este Juzgado Federal, mismo que quedó registrado como conflicto competencial administrativo 45/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Justo Bautista, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esa ciudad y otras autoridades. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 893/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase a los Actuarios, que deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al Oficial Judicial "C", responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para conocer del presente asunto, pues dicha cuestión es una condición para que tenga validez la sentencia que eventualmente resuelva este juicio constitucional. Ello es así, habida cuenta que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, elevado a rango constitucional, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia; entendido como tal las condiciones necesarias para que pueda emitirse válidamente una resolución. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el peticionario del amparo señala como actos reclamados los siguientes: Precisado lo anterior, de los antecedentes de la demanda se advierte que el aquí quejoso Luis Justo Bautista, desempeña el cargo de Presidente del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Guerrero. Atento a lo anterior, se considera que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente incompetente para tramitar y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, de conformidad con lo previsto por el artículo artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere que el acto reclamado lo constituye la multa consistente en ciento veinte veces el valor de la Unidad de la Medida y Actualización (U.M.A.), equivalente a la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.), impuesta por la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, con residencia en esa ciudad, en acuerdo de veintisiete de enero del dos mil veintitrés, dentro del expediente administrativo TJA/SRO/105/2022, del índice de la autoridad responsable. En este sentido, la multa impuesta por la Sala responsable, se traduce en un crédito fiscal que se impone con motivo del ejercicio de las funciones de derecho público, ante la inobservancia o incumplimiento de lo requerido por ese tribunal administrativo. Así, la multa impuesta como medida de apremio que se manda a hacer efectiva a través de la autoridad fiscal y ésta, iniciará el procedimiento económico coactivo; por tanto, la multa se convierte en un crédito fiscal exigible desde que nace y se hace exigible y el particular podrá impugnarla a través de los medios que la ley le concede. En tales condiciones, el procedimiento para efectuar el cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva y se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste, es indispensable para que se intente la vía en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la autoridad fiscal. En consecuencia, la resolución que constituya el título que trae aparejada ejecución, se integra por el acto de la autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, el cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento; pero no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la resolución en que se impuso la multa por cantidad determinada. Entonces, como ya se adelantó, el peticionario del amparo en el escrito inicial de demanda, reclama la multa equivalente a la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.), misma que está teniendo ejecución en el lugar donde desempeña el cargo de Presidente Municipal, tal y como bajo protesta de decir verdad lo señala el quejoso en su antecedentes del acto reclamado, como se advierte de la imagen que enseguida se inserta: Lo que se corrobora, con las copias del acta de requerimiento de pago llevada a cabo por la autoridad exactora, como se aprecia enseguida: De modo que es indudable que por la función pública que desempeña, la ejecución material de la multa que le fue impuesta está teniendo ejecución en ese municipio, lo cual fija la jurisdicción del juez de Distrito a quien corresponde conocer del juicio de amparo correspondiente. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CXIX, Materia Administrativa, Común, página 3316, con registro digital 318136, del rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO. Si la ejecución del acto reclamado consistente en la imposición de una multa y procedimientos ejecutivos en caso de incumplimiento, debe tener lugar en el domicilio de los quejosos, este fija la jurisdicción del Juez de Distrito a quien corresponde conocer del amparo relativo." Así como en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.T.57 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1192, con registro digital 163868, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PARA CONOCER DE LA NEGATIVA DE CONDONACIÓN DE UNA MULTA FISCAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL CONTRIBUYENTE. Si bien es cierto que la negativa de la autoridad de condonar una multa fiscal no requiere de ejecución material directa, pues ésta se despliega respecto del acto que, de origen, impuso el gravamen, también lo es que al implicar el rechazo de dar curso a una solicitud para que esa afectación preexistente (multa primigenia) se modifique, se traduce en un efecto positivo que condiciona esa ejecución y posibilita la actuación material del ente hacendario, porque de no enterarse la cantidad establecida, el procedimiento administrativo de ejecución continuará hasta lograr su recuperación. En esa virtud, es competente para conocer de dicha determinación administrativa el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se hará efectiva la multa, con fundamento en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, aquel donde tiene su domicilio fiscal el contribuyente." De este modo, esta juzgadora Federal, sostiene que en el presente asunto, aplica la norma general de competencia señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que el juez competente para conocer de la demanda, es el que tiene jurisdicción en el lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como en el caso acontece. En esta tesitura, se estima que al tener la multa reclamada un efecto positivo, cuya ejecución se está llevando a cabo en el municipio de Azoyú, Guerrero, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a los Juzgados de Distrito con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero; es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta juzgadora Federal de es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Ilustra lo expuesto la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 65 segunda parte, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Sin que sea óbice a lo anterior, que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, haya prevenido en la demanda de amparo, en virtud que en el territorio que ejerce jurisdicción no tiene ejecución material el acto reclamado, ni es ejecutable, ni pretende ejecutarse, en los términos establecidos en los párrafos que anteceden. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, que en lo que interesa dice: "Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. [...] ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIII al numeral TERCERO y la fracción XXXIV al numeral CUARTO del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue: [...] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta." Máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, de Juárez, Guerrero, en sesión virtual remota celebrada por medios electrónicos el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al resolver el amparo en revisión Administrativa 566/2022, de su índice. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, para que lo turne al órgano jurisdiccional que corresponda y éste determine lo procedente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a Jonathan Solís, Obed Ramírez de Jesús y Carlos Moya Álvarez, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, por no contar con el requisito anterior y por así solicitarlo respectivamente. Asimismo, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa en la hoja anexa a su escrito de cuenta, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales con la misma. Con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza por haberlo solicitado expresamente, sólo para consultar el presente expediente electrónicamente, ello, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, el usuario "LICPANO", corresponde a Miguel Omar Pano Martínez; lo que se verificó en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Por otra parte, no se estima procedente pronunciarse respecto a la suspensión del acto reclamado por no encontrarse en el supuesto del artículo 15 del párrafo segundo y del artículo 48 de la Ley de Amparo. Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta al peticionario del amparo para que en cuanto le sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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