Luis Justo Bautista
Expediente 707/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Justo Bautista
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial entre jueces de distrito 34/2023; en tal virtud, agréguese el testimonio de referencia. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal de alzada resolvió en los siguientes términos: "RESUELVE: PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, carece de competencia legal por razón de materia, para conocer del presente conflicto competencial entre jueces. SEGUNDO. Se ordena remitir los autos del juicio de amparo indirecto 852/2023, promovido por Luis Justo Bautista, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que lo envíe al tribunal colegiado que por razón del turno le corresponda, por ser el competente para conocer del presente asunto; así como también habrá de remitirse copia autorizada de esta ejecutoria para los efectos legales conducentes. Notifíquese, (.)" En esa tesitura, acúsese recibo y hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través del cual informa que insiste en carecer de competencia para seguir conociendo del juicio de amparo 852/2023 de su índice, y en razón de ello, ordenó remitir los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial entre dicho órgano de control constitucional y este juzgado federal; de lo que queda enterado este recinto judicial, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo de los Bravo, a través del cual comunica que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y este órgano de control constitucional, el cual quedó registrado bajo el conflicto competencial 34/2023, de su índice; circunstancia de la cual toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio 19260/2023, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual remite por incompetencia legal el juicio de amparo 852/2023 de su índice, promovido por *****, contra actos del Magistrado de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y otras autoridades. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 707/2023-V y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia inmediata aceptar la competencia declinada, pues esta juzgadora disiente de las razones dadas por el juez declinante. Se explica: En primer término se destaca que dicha juzgadora determinó no ser competente para conocer del asunto en virtud de que considera que los actos reclamados tendrán ejecución en el Municipio de Azoyú, Guerrero; sin embargo, el artículo 37 de la Ley de Amparo señala que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, así, si una multa como la que en particular, los quejosos reclaman, comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado. En efecto, la competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 162 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la 2 "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En torno a la competencia en materia de amparo indirecto, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme a la norma constitucional parcialmente transcrita, la competencia -por razón de territorio- recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con dicha disposición constitucional, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecieron tres reglas diferentes para fijar la competencia, según si el acto requiere o no de "ejecución material", entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado, de modo que la ejecución no se enfoca sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. De ello se sigue que la primera regla determina que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda regla indica que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez donde se presente la demanda; y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. La diferencia entre las reglas competenciales que sí requieren ejecución material (primera y segunda) no se limitan a que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realizará en dos o más distritos diferentes. De ahí que si un acto comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado (segunda regla). En el caso quedan al margen la primera y la tercera de las hipótesis en cuestión en tanto que, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa a consideración de este órgano jurisdiccional el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito . En efecto, los criterios legales contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, con la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. No debe perderse de vista que la ejecución del acto no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, consiste en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia con número de expediente TJA//SRO/110/2022, mediante el cual le impuso al quejoso una multa por la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), como se advierte de lo manifestado por el impetrante en el capítulo relativo del escrito inicial de demanda y de las documentales que anexo a la misma. Asimismo, reclama a las diversas autoridades dependientes de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, la orden, mandamiento, acta de requerimiento de pago y acta de embargo de dicha medida de apremio impuesta en el citado proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. De ahí que, es indudable que el acto que se reclama, en lo que atañe a la multa, ha comenzado a ejecutarse en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo; ya que además, de las documentales que se exhibieron se advierte la orden específica a la autoridad exactora Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de cobrar la multa. Por lo que se advierte con objetividad, que el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en Chilpancingo; entendiéndose que es en dicha localidad donde en su momento, habrá de iniciarse el procedimiento coactivo para requerir el pago del respectivo crédito fiscal, al figurar dicha secretaría como exactora encargada de su recaudación, para luego continuar con tal ejecución en el lugar donde labora el quejoso como Presidente Municipal de Azoyú, Guerrero, a fin de hacer efectiva la multa. De ahí que es claro que en Chilpancingo, Guerrero, es donde se inicia o existen principios de ejecución, ante la orden dada por la autoridad responsable ordenadora para cumplir el mandamiento, esto es, realizar el cobro de la multa respectiva a través del medio que estime conveniente. Y si bien tal ejecución, cuyo inicio, se insiste, tiene lugar en la jurisdicción del mencionado Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, lo cierto es que continuará su materialización en las instalaciones del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, esto es, en una jurisdicción distinta al lugar donde se encuentra dicha autoridad, lo que reafirma que en la especie se actualiza la segunda regla establecida en el artículo 37, de la Ley de Amparo para determinar la competencia de un juez de distrito, motivo por el cual, contrario a lo aseverado por el declinante estamos ante un acto cuya ejecución ha comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y sigue ejecutándose en otro, esto es, se está ante la segunda de las hipótesis de procedencia de la competencia a que refiere el mencionado precepto 37 de la Ley de la materia. En ese contexto, se está ante un acto cuya ejecución se inicia en un distrito judicial y se sigue ejecutando en otro, como lo son el ubicado en Chilpancingo, Guerrero y el localizado en Municipio de Azoyú, Guerrero, (ciudades que pertenecen a distritos judiciales diversos), puesto que las autoridades señaladas como ejecutoras dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, quien reside en Chilpancingo y a quien el Magistrado de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, encomendó la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta al quejoso ante la negativa de cumplir la sentencia dictada en el juicio natural, será el encargado de realizar los trámites correspondientes para ejecutar la determinación dada por la autoridad ordenadora en el auto reclamado, actuación que ciertamente seguirá teniendo una repercusión material en el municipio donde se ubica el ayuntamiento en el que el quejoso funge como Presidente Municipal. De ahí que, se asevere que la materialización del acto de que se trata, inicia con la orden dada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como con los actos que éste despliegue para el cobro de la multa, y tales actos se seguirán materializando en el municipio de Azoyú, Guerrero, donde se localiza el domicilio laboral del impetrante. Por lo cual, conforme a las reglas contenidas en la Ley de Amparo, si el mandamiento en cuestión se despliega en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada juez de distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Motivo por el cual, contrario a lo aseverado por el declinante estamos ante un acto cuya ejecución ha comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y sigue ejecutándose en otro, esto es, se está ante la segunda de las hipótesis de procedencia de la competencia a que refiere el mencionado precepto 37 de la Ley de la materia. Idéntica postura adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la ejecutoria dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 4/2023, derivado de un asunto idéntico al aquí planteado, cuya ejecutoria en lo que interesa dice: ". En ese contexto, en el caso, dadas las características y naturaleza de lo que aquí se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el segundo párrafo del citado artículo; particularmente, en lo relativo a que será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito. Lo anterior es así, porque de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado ordenador el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de nulidad número TCA/SRO/128/2016, ventilado en la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Ometepec, autoridad a quien se lo atribuye; y la ejecución del mismo a través de la Secretaría de Finanzas y Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Proveído en el que dicen los quejosos la sala regional de referencia hizo efectivo el apercibimiento formulado en el diverso auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós por no haber dado cumplimiento al requerimiento que ahí se le hizo, en el sentido de dar cumplimiento a la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil diecisiete, imponiendo a los quejosos la multa de treinta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos y 22/100 m.n.), equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 m.n.), a cada uno, y se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con la finalidad de que se haga efectiva la multa. Es importante destacar que los peticionarios de amparo relatan, que en el proveído impugnado, la autoridad responsable Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que haga efectiva la multa. Por lo anterior, a consideración de este órgano jurisdiccional, queda evidenciado que la autoridad responsable ordenadora ha ordenado el cobro de la multa por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en ejecución del acto reclamado. De ahí que pueda establecer que se reclama el acuerdo que ordena el cobro de la multa impuesta a los quejosos por la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Multa impuesta, así se sostiene, como medida de apremio por la autoridad jurisdiccional responsable, que se ha mandado hacer efectiva a través de la autoridad fiscal, y ésta, iniciará el procedimiento económico coactivo. Ahora bien, el procedimiento para efectuar el cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva, y se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste es indispensable para que se intente la vía en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la autoridad fiscal. En consecuencia, la resolución que constituya el título que trae aparejada ejecución, se integra por el acto de la autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, la cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento; pero no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la resolución en que se impuso la multa por cantidad determinada. En esa postura, se colige que en el caso particular existe información limitada para evidenciar que ya se está ejecutando el acto reclamado, pero suficiente para considerar que el acto que reclaman los quejosos, en lo que atañe a la multa, puede tener ejecución en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, pues señalan que se giró la orden específica a la aludida autoridad exactora (Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado); entendiéndose que es en dicha localidad donde en un primer momento, habrá de iniciarse el procedimiento coactivo para requerir el pago del respectivo crédito fiscal, al figurar dicha secretaría como exactora encargada de su recaudación; pero luego podrá continuar con tal ejecución en el lugar donde laboran los quejosos en su carácter de presidente municipal y director de seguridad pública, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, respectivamente; a fin de hacer efectiva la multa. Así, teniendo en cuenta el contexto de lo precisado como actos reclamados y los hechos que exponen los impetrantes en la demanda, es posible concluir que hasta el momento se está en presencia de la impugnación de un acto que puede tener ejecución en más de un distrito, es decir, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde reside la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y en el diverso municipio de Florencio Villareal, donde laboran los quejosos en su carácter de presidente municipal y director de seguridad pública, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, respectivamente. En consecuencia, aplica la norma general de competencia señalada en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que el juez competente para conocer de la demanda, es ante quien se presentó ésta, porque el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito". Luego, como quien previno en el conocimiento del juicio de amparo fue el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es a éste a quien corresponde conocer y resolver el aludido juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 2/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO." (Novena Época. Registro: 200824. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 2/95. Página: 31). Corolario de lo expuesto, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la demanda de que se trata, es al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la misma normatividad, NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. En esa coyuntura, devuélvasele la demanda de amparo promovido por ****, por propio derecho, a fin de que acuerde lo conducente; por ende, respetuosamente se solicita al titular de ese órgano jurisdiccional, haga del conocimiento de esta juzgadora la determinación que asuma sobre el particular. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para debida constancia legal. Notifíquese por oficio al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
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