Luis Juárez Vásquez

Expediente 193/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
193/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Juárez Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de dos de los corrientes que la Magistrada Presidenta de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 390/2023, en el que proveyó, en lo que interesa, lo siguiente: a) Acusa recibo de los originales de los escritos en donde se interpone el recurso de revisión y se expresan los agravios, así como un ejemplar de esos ocursos y los autos originales de donde deriva este cuaderno. b) Admitió ese medio de impugnación que el inconforme interpuso en contra de la sentencia de veintiséis de junio del año en curso, dictada en el juicio constitucional del que emana este cuaderno de antecedentes. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el acuerdo de doce de julio del año en curso, al estar notificadas las partes de la sentencia y del referido proveído dictados en el presente medio extraordinario de defensa remítanse los originales de los escritos en donde se interpone el recurso de revisión y se expresan los agravios, así como un ejemplar de esos ocursos y los autos originales de este juicio constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese medio de impugnación que aparentemente el inconforme ******************** interpuso en contra del fallo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo. En otro punto, una vez que se tenga noticia del Tribunal Colegiado de Circuito que conocerá del recurso de revisión interpuesto se proveerá sobre la vinculación del expediente electrónico relativo a este asunto al diverso del toca que se instrumente con motivo de ese medio de impugnación a fin de que la Superioridad tenga los elementos necesarios para dictar la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 193/2023 promovido por ******************** en contra de los actos reclamados y las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES El titular de la acción de amparo manifestó en su escrito inicial que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y el Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del citado organismo público descentralizado, ambas autoridades con sede la capital de esta entidad federativa, dictaron órdenes verbales o escritas de cancelar y/o suspender la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que asevera le fue otorgada, las cuales se materializaron a partir de noviembre de dos mil veintidós. El justiciable aduce que los actos reclamados vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 14 y 123 de la Constitución General de la República. II. TRÁMITE Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ******************** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que más adelante se indicarán. En el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 193/2023; y, desechó de plano la demanda de amparo. Inconforme con esa resolución judicial, el quejoso interpuso el recurso de queja que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el toca 102/2023, quien en la ejecutoria de diecinueve de mayo del año en curso, declaró fundado ese medio de impugnación para que este órgano jurisdiccional proveyera lo conducente en relación con la admisión del escrito inicial. En acato a esa ejecutoria, en el proveído de veintinueve de mayo pasado, este Juzgado Federal admitió a trámite el escrito inicial; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que se atribuyen a diversas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate el acto siguiente: Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y del Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del citado organismo público descentralizado, ambas autoridades con sede la capital de esta entidad federativa, reclama: Las órdenes verbales o escritas de cancelar y/o suspender la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que asevera le fue otorgada, las cuales se materializaron a partir de noviembre de dos mil veintidós. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Las responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del citado organismo público descentralizado, ambas autoridades con sede la capital de esta entidad federativa, no rindieron sus informes con justificación, a pesar de que fueron notificadas del auto admisorio de veintinueve de mayo del año en curso, como consta en los acuses de recibo de los oficios 10519/2023 y 10520/2023 que se encuentran glosados en este expediente, a través de los cuales fueron emplazadas al presente medio extraordinario de defensa; por tanto, con fundamento en lo estatuido por el precepto 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo se presumen ciertos los actos atacados a los entes públicos señalados. VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme consintió tácitamente esas actuaciones al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: 18.1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días. 18.2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años. 18.3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. 18.4. Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: 19.1. A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame; 19.2. A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 19.3. A aquél en el que se ostente sabedor de la actuación combatida o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o de la actuación que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado, porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Para demostrar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que el titular de la acción constitucional haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución. Enseguida, debe tenerse presente que el inconforme reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y del Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del citado organismo público descentralizado, ambas autoridades con sede la capital de esta entidad federativa, las órdenes verbales o escritas de cancelar y/o suspender la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que asevera le fue otorgada, las cuales se materializaron a partir de noviembre de dos mil veintidós El acto descrito no es de los que se enuncian como excepciones en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional. Ahora, de los antecedentes que el justiciable relató en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad se advierte que tuvo conocimiento de la ejecución de los actos que combate al menos el treinta de noviembre de dos mil veintidós, porque el disidente expresamente manifestó que en ese mes se canceló y/o suspendió la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que afirma le fue concedida, ya que desde noviembre de dos mil veintidós, no ha recibido el depósito correspondiente a esa prestación económica. Tal situación se destaca, porque el propio disidente en el escrito que exhibió el veinte de enero del año en curso, ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, el cual aporta como prueba, manifestó que ese organismo público descentralizado en noviembre y en diciembre de dos mil veintidós, canceló o suspendió el pago correspondiente a la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** y esa circunstancia la reconoce expresamente el disidente en los antecedentes que narró en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad. Luego, se tiene presente que el disidente refiere que la referida prestación económica le era cubierta de manera mensual hasta noviembre de dos mil veintidós, por lo que es válido tomar como parámetro el último día de ese mes para fijar un punto de referencia a partir del cual conoció de la ejecución de los actos que reclama, lo cual se corrobora con las impresiones de los tres comprobantes de pago con sellos electrónicos, relativos a agosto, septiembre y octubre, todos esos meses de dos mil veintidós, en donde es factible desprender que la pensión por orfandad señalada era cubierta al justiciable de manera mensual. En ese contexto, lo manifestado por el inconforme se interpreta en el sentido que el treinta de noviembre de dos mil veintidós -último día de noviembre de dos mil veintidós-, tuvo conocimiento de la ejecución de las órdenes verbales o escritas de cancelación y/o suspensión de la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que asevera le fue otorgada; inclusive, así lo manifiesta expresamente al señalar que esos mandamientos se materializaron a partir de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, las manifestaciones que el titular de la acción constitucional realizó influyen en el ánimo de este órgano jurisdiccional en el sentido que presupone la certeza de tales aseveraciones y éstas deben ser apreciadas como una confesión expresa con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2. En esa línea, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento de la ejecución de los actos reclamados, como una hipótesis para computar el plazo para la promoción del juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el arábigo 18 de la ley de la materia se satisface con las manifestaciones que el disidente realizó de manera espontánea en el escrito inicial en los términos apuntados, porque esas manifestaciones constituyen una confesión expresa, la cual es admisible en el presente medio extraordinario de defensa. Lo anterior tiene respaldo en la tesis emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, que señala: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." También se cita para fortalecer las consideraciones expuestas la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." De acuerdo con lo anterior, si el justiciable tuvo conocimiento de la ejecución de las órdenes verbales o escritas de cancelar y/o suspender la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que asevera le fue otorgada que combate de manera destacada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, cuando tuvo noticia que se materializaron esos mandamientos, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional comenzó a correr a partir del día hábil siguiente a esa data, conforme a lo dispuesto por el numeral 18 de la propia legislación, es decir, el uno de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo legal señalado transcurrió del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Del plazo indicado se descuentan el tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre, todas esas datas del año próximo pasado, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el arábigo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, tal como se colige de la boleta de turno impresa por esa dependencia y del sello de recepción puesto en dicho escrito debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional no se promovió dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo respecto de los actos impugnados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y al Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del citado organismo público descentralizado, ambas autoridades con sede la capital de esta entidad federativa, consistentes en las órdenes verbales o escritas de cancelar y/o suspender la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que asevera le fue otorgada, las cuales se materializaron a partir de noviembre de dos mil veintidós. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese plazo y la de presentación de la demanda de amparo transcurrió con exceso el plazo de quince días hábiles previsto legalmente para promover el juicio de amparo, porque transcurrieron ochenta y nueve días naturales o más de dos meses y medio aproximadamente, lo que conduce a establecer que el inconforme consintió tácitamente los actos que ataca, porque ejerció la acción de amparo fuera del plazo establecido por la ley Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito de los actos reclamados. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." En esa línea, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo respecto de los actos combatidos; de ahí que el presente juicio constitucional sea improcedente, dado el consentimiento tácito del justiciable en relación con esas actuaciones atribuidas a las autoridades responsables. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y al Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del citado organismo público descentralizado, ambas autoridades con sede la capital de esta entidad federativa, consistentes en las órdenes verbales o escritas de cancelar y/o suspender la pensión por orfandad identificada con el folio ******************** que el disidente asevera le fue otorgada, las cuales se materializaron a partir de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

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