Luis Juárez Jimenez
Expediente 1411/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Juárez Jimenez
- Fernando Juárez Cruz
- María Flora y/o Ma. Flora Sánchez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hubieran recurrido la determinación de nueve de mayo de dos mil veintitrés; consecuentemente, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido, asimismo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído el presente juicio de amparo, una vez que transcurra el plazo de tres años. Finalmente, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa la valoración documental correspondiente.
- Principal
Se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** respecto de los actos reclamados al Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y otras autoridades, precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos las constancias enviadas electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de las que se advierte la razón de imposibilidad de emplazar a juicio a la tercera interesada ***. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos únicamente las constancias conducentes. En virtud de que la presente comunicación fue recibida de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el propio sistema realiza en automático el acuse de recibo, el cual puede ser consultado por la autoridad remitente ingresando al referido módulo de información. - Requerimiento a la parte quejosa. En razón de que no fue posible emplazar a la referida tercera interesada, requiérase de nueva cuenta a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento a lo ordenado en el presente auto. Con el apercibimiento que, en caso de no cumplir con este requerimiento, se le tendrá por insatisfecho el requisito previsto en la norma invocada. Para estimarlo así, no obstan las facultades de investigación previstas en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; pues precisamente por las consecuencias que tiene la falta de localización del domicilio del tercero interesado, es necesario que la parte quejosa, por lo menos, cumpla con la manifestación "bajo protesta de decir verdad", prevista en la fracción II del artículo 108, de la Ley de Amparo. En efecto, en relación con el emplazamiento del tercero interesado, los artículos 27, fracción III, incisos a) y b), y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, dan algunas directrices, como son, por un lado, que la parte quejosa debe proporcionar el domicilio de ese tercero interesado o manifestar, bajo protesta de decir verdad, su desconocimiento; y por otro, que el órgano jurisdiccional de amparo debe dictar las medidas pertinentes para investigar su domicilio; las cuales, de no arrojar información, pueden concluir con una orden para efectuar la notificación o emplazamiento por edictos. Estos edictos, a su vez, pueden correr a costa del quejoso o del Estado (Consejo de Judicatura Federal), según obren en autos pruebas de la capacidad económica del primero. Si corren a costa del quejoso y no los exhibe, procede sobreseer en el juicio (artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo). De acuerdo con la explicación que antecede, las facultades de investigación previstas en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pueden llegar al extremo de que, en caso de no localizarse el domicilio del tercero interesado, su emplazamiento se haga por edictos a costa del quejoso o del Estado, con la posibilidad también de que se sobresea en el juicio si son con cargo al quejoso y no los exhibe. Esas consecuencias justifican que si la parte quejosa no puede proporcionar el domicilio del tercero interesado, por no conocerlo, así lo manifiesta bajo protesta de decir verdad; lo cual, representa una obligación mínima frente a aquellas consecuencias. Lo anterior pues, de no observarse de manera previa la formalidad en comento, se tendría que escalar desde luego a las siguientes fases, como son las medidas de investigación previstas en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y, en su caso, del emplazamiento por edictos, que puede ser incluso a costa del Consejo de la Judicatura Federal en caso de incapacidad económica de la parte quejosa. Por ende, el requerimiento hecho en párrafos precedentes para que el quejoso informe el domicilio del tercero interesado o, en su defecto, manifieste su desconocimiento "bajo protesta de decir verdad" (exigencia prevista en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo), no constituye carga excesiva alguna; pues, para liberar al quejoso de su obligación de proporcionar el domicilio requerido, sólo basta con que, "bajo protesta de decir verdad" manifieste desconocerlo. Pero además, la posibilidad de obtener de otra fuente la información del domicilio del tercero interesado (para su emplazamiento), no libera a las partes de hacer la expresión que, bajo protesta de decir verdad, exige la ley.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se observa que trascurrió el término de quince días que se concedió en auto de veintisiete de marzo del año en curso, a la parte quejosa, a fin de que manifestara su deseo de ampliar su demanda de amparo respecto de la diligencia de emplazamiento de ocho de enero de dos mil diecinueve, y como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Exención de Dominio en el Estado de Tlaxcala, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de marzo del año en curso, y se continúa con la tramitación del presente sumario en los términos en que fue planteada la demanda de derechos fundamentales. - Autoridad informa. Por otro lado, visto el oficio de cuenta signado por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado, por el que, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciocho del mes y año en curso, informa no cuenta con el oficio 1895/2018. Ante ello, téngase a la autoridad oficiante informando tal circunstancia y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de dieciocho del mes y año en curso. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, se tiene que el doce de enero del año en curso, se reservó proveer respecto de la ampliación de demanda propuesta hasta en tanto se tuvieran a la vista las constancias que dieron origen al presente juicio constitucional lo que ya aconteció. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo contra la autoridad y por los actos indicados en auto. Al respecto, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia, puesto que los actos reclamados no irrogan un agravio personal y directo al quejoso. Del último de los preceptos legales transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquel que resienta un agravio. Por su parte, el numeral 6 de la Ley de Amparo, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. De lo que se colige que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a un perjuicio o afectación de un derecho. Así, el juicio de amparo se iniciará solo a petición del particular o gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una afectación de derechos fundamentales real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. Además, se exige que quien promueva el juicio de amparo sea la persona quien se vea afectada en su esfera de derechos sustantivos. Dicho perjuicio debe ser inmediato, directo y actual en los intereses jurídicos del quejoso, y no en el mediato o indirecto que no es propiamente lesivo de un derecho. En la especie, la parte quejosa amplió su demanda de amparo contra la falta de emplazamiento al juicio 830/2018, del índice del Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México, ello bajo el argumento de que entre la anotación registral que anexó a su escrito inicial de demanda con la información proporcionada por el juez del conocimiento al rendir su informe de ley, existen datos discordantes. Esto es, que en la anotación registral se observa que se materializó en cumplimiento al oficio 1895/2018, de tres de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente ***, del índice del Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México, y el juez natural, al rendir su informe justificado, lo hizo en relación con el expediente ***. Ahora, de la revisión a las constancias remitidas por el Juez Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México, en apoyo su informe de ley (auto de veintisiete de marzo pasado), se observa: 1. Providencias precautorias ***, promovidas por ***. 2. Juicio especial hipotecario ***, promovido por ***. En ese sentido, se tienen dos procedimientos de naturaleza jurídica diversa en el que, en las providencias precautorias no se advierte que su objeto o materia sea el bien inmueble que defiende la parte agraviada, en cambio, el juicio hipotecario fue instado contra el aquí quejoso. De ahí que las actuaciones de las providencias precautorias no afecten directamente al quejoso. Por tanto, se llega a la conclusión que la anotación registral como derivada del expediente ***, corresponde a un error humano por parte de la autoridad registral, ya que en las providencias precautorias no tiene injerencia el quejoso, ni el bien inmueble que defiende. Máxime, que el propio quejoso, en su escrito de demanda, señaló que le revestía el carácter de terceros interesados a ***, quienes son parte en el juicio especial hipotecario ***. Por ende, es inconcuso que no se encuentra demostrado el agravio personal y directo ocasionado a la impetrantre que hiciera procedente esta acción de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia, lo procedente en el caso es DESECHAR la ampliación de demanda propuesta.
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