Luis Juárez Carvajal
Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Juárez Carvajal
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. Al no existir diligencia pendiente, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda presentada por **************. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 419/2021 e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (Correspondiente Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605). En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición elevada por escrito el veinte de agosto de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, en su fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. .". La causal de improcedencia referida tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada, tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Así, se actualiza esta causa de improcedencia cuando la ley o el acto que se reclame haya sido materia de otro juicio de amparo, en caso de que ese juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables e igual acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es, que los juicios anteriores estén completamente terminados, por ello se habla de preservar la cosa juzgada, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa este principio, impiden que se abra nuevamente la controversia Lo anterior tiene su razón de ser en que no haya necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de un mismo acto de autoridad, esto es, no se requiere juzgar dos o más ocasiones el mismo acto reclamado por el inconforme, con mayor razón cuando ha sido decidida su constitucionalidad por parte de la Justicia de la Unión. En efecto, la causa de improcedencia invocada está acreditada, puesto que, en el caso, el quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición elevada por escrito el veinte de agosto de dos mil diecinueve, relativo el juicio laboral OPD-JE4-04-72/17, que se sigue en contra de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloadel índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Esto es así, dado que tanto en la demanda que motivó el presente juicio de amparo, así como el diverso 124/2021 del índice de este juzgado, el promovente de igual manera reclama la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición elevada el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el mismo juicio de origen OPD-JE4-04-72/17. La referida demanda fue desechada en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, determinación que causó estado el veintinueve de marzo del año en curso. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sin que sea el caso adjuntar copia certificada de tales constancias, pues se tienen a la vista al momento de dictarse la presente determinación. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." (Novena Época, Registro: 174899, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 74/2006, Página: 963) "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." (Novena Época, Registro: 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Común, Tesis: XXII. J/12, Página: 295) "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." (Novena Época, Registro: 172215, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 103/2007, Página: 285) Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal.". (Novena Época, Registro: 170735, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. J/86, Página: 1532) De igual manera, sirve de sustento, la tesis emitida por la Tercera Sala del Suprema Tribunal de Justicia de la Nación, que refiere: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." (Quinta Época, Registro: 354110, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVII, Materia(s): Común, Página: 3414) Así como la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sumario dice: "SOBRESEIMIENTO POR ACTOS APRECIADOS EN OTRO AMPARO.- Si los quejosos promovieron dos juicios de amparo contra los mismos preceptos que se combaten en el presente, es suficiente la circunstancia de que en el primero de dichos juicios haya sido dictada ejecutoria por este Alto Tribunal, para invocar el motivo de sobreseimiento establecido por el artículo 73, fracción IV, de la ley orgánica del juicio de garantías, puesto que resulta evidente que los preceptos reclamados ya fueron materia de diversa ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo formulado por los propios quejosos, contra las mismas autoridades responsables e inclusive con semejantes conceptos de violación. (Sexta Época, Registro: 258216, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLV, Primera Parte, Materia(s): Común, página: 195) Por tanto, se estima que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición elevada por escrito el veinte de agosto de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, en su fracción XI, de la Ley de Amparo y, por tanto, de conformidad con lo establecido en el diverso 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo por lo que hace a dicho acto. En diverso sentido, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición elevada por escrito el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, en su fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los referidos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De la lectura de este último precepto legal, se advierte que se refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia la afectación a un derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad ni la propiedad. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de dar respuesta a la petición realizada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral OPD-JE4-04-72/17, de su índice. En ese tenor, queda de manifiesto que el peticionario se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así el actuar de la responsable se rige, tanto por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Consecuentemente, el reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición no deja sin defensa al quejoso, ni puede verse de forma autónoma, sino que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En tales condiciones, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnada, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Son aplicables al caso las jurisprudencias que se transcriben: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." (Décima Época; Registro: 2008883; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Materia(s): (Administrativa) Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.) "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." (Décima Época; Registro: 2008884; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Materia(s): (Administrativa) Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Consecuentemente, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición realizada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por tanto, en términos del numeral 113 del cuerpo normativo en cita, se desecha la demanda de amparo por lo que hace al referido acto reclamado. Aunado a lo anterior, aun de conceder que en el caso se reclamara una violación al derecho de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 constitucional, con motivo de una dilación por parte de la autoridad responsable en pronunciarse en torno a la promoción presentada por el inconforme, de igual forma el juicio de amparo resultaría improcedente respecto de ese acto reclamado, en la medida que dicha omisión no constituye una abierta dilación o la paralización total del procedimiento de origen. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, determinó que, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; referente que acogió del artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, en el que el legislador estableció ese lapso para que la Junta provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite. Así, en el caso no se actualiza dicha hipótesis, toda vez que, el lapso transcurrido entre la presentación de la promoción ante la autoridad responsable (veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) y la fecha de presentación del escrito inicial de demanda (veintiocho de junio del año en curso), resulta menor al de cuarenta y cinco días naturales que determinó la mencionada Segunda Sala. De dicha resolución derivó la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1643, registro digital 2019400). Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda; así como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Clicerio Díaz Guzmán, Silverio Díaz Guzmán, Roberto Valdez Ibarra, Silvia Patricia Wong Salas, Eddie Noemí Díaz Barraza, en razón de que sus cédulas profesionales cuentan con el registro correspondiente; en tanto que, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Sonia Tirado Peinado, dado que no cuenta con el referido registro. a) Medio de comunicación no procesal. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus causante del COVID-19, se tiene a la parte quejosa señalando como tal, el correo electrónico juridicomzt@hotmail.com. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes que, en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que de practicarse de manera personal se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID-19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. IX. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
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