Luis Juan Vives López
Expediente 1205/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Juan Vives López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito; mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja **********, en donde se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja ***** de su índice, en el que se advierte que admitió el citado medio de impugnación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de treinta de septiembre del año en curso; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso *****, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por este órgano jurisdiccional, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos, 80, 98, 100 y 101, párrafo primero, de la ley de la materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, el escrito del recurso, copia del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja. En ese tenor, hágase del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgado de Distrito determinó desechar la demanda de amparo promovida por *****, en atención a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, remite copia certificada de los autos de diez de junio y veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictados en el expediente **** de su índice, así como de la razón actuarial de treinta de agosto del presente año; asimismo, informa que la etapa procesal en que se encuentra el citado juicio, es la de ejecución de sentencia. Ahora bien, toda vez que este órgano jurisdiccional se reservó acordar lo conducente en relación al desechamiento o admisión de la presente demanda, hasta en tanto fuera cumplido el requerimiento efectuado a la autoridad oficiante, situación que ya aconteció; por tanto, al respecto se provee. Desechamiento de la demanda Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley En el presente caso, la parte quejosa, señala como acto reclamado el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio **** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual ordena turnar los autos a la fedataria para que dé cumplimiento a lo ordenado en el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, el cual requiere a la parte demandada o cualquier tercero, para desocupar y entregar a la parte actora el inmueble ubicado en ****; lo anterior, en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil doce, en el juicio de origen. Aduce la parte quejosa, que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como menciona en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al decir que es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: La primera regla consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y, La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de amparo. Esto es así, pues a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio **** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual ordena turnar los autos a la fedataria para que dé cumplimiento a lo ordenado en el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, el cual requiere a la parte demandada o cualquier tercero, para desocupar y entregar a la parte actora el inmueble ubicado ****; ello, en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil doce, en el juicio de origen. Por lo que es claro advertir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues lo reclamado se trata de un acto intermedio, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En esa tesitura, lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio más no como una determinación que revista el carácter de la última resolución en la citada fase procesal, para que el escrito inicial de demanda resulte procedente, conforme lo establece el numeral 107, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone la procedencia del juicio de amparo ante el juzgado de distrito, "contra actos de tribunales judiciales." y ". entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente.", la que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, hipótesis en las que de ninguna manera, se ubica la resolución reclamada, por lo que es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del ordinal 61, en concordancia con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Dichas disposiciones son acordes con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Resultan aplicables por analogía, los criterios establecidos en la tesis 2ª. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, la jurisprudencia 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el veintinueve de marzo año dos mil uno y la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII correspondiente al mes de enero de dos mil once, visible en la página seis, que son del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera del juicio, como son actos prepatatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1ª./J.19/2001 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, pagina 34, registro 189344, de rubro y texto siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Por tanto y toda vez que los actos impugnados no se tratan de actos definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.
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