Luis Jorge Segura Velázquez

Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1055/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Jorge Segura Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuenta. En siete de noviembre de dos mil veintitrés, el licenciado José Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de desechamiento de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, hago constar que la presente promoción, con número de registro 14358, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.

  2. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse el tomo de prueba, así como el sobre con documentos, que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato (autoridad responsable) anexó a su informe justificado, en razón de que es innecesario permanecer con los mismos.

  3. Principal

    Tribunal Federal remite oficio. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegido en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, remite el diverso 4148/2023 y sus anexos, consecuentemente acuérdese lo que en derecho corresponda. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Autoridad remite constancias actuariales. Agréguese únicamente para que obre como corresponda y sin mayor proveído el oficio enviado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias actuariales relativas a la imposibilidad de emplazamiento de la parte tercera interesada, toda vez que el veintinueve de septiembre del año actual, se desechó la demanda de amparo. Cúmplase.

  4. Principal

    Recepción de incompetencia. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, a través del cual el Actuario Judicial adscrito al del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, remite el juicio de amparo directo 1200/2023 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderado ********************, al haberse declarado legalmente incompetente, dicho órgano jurisdiccional, para conocer de la misma; así como el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, escrito original y dos copias del libelo constitucional (el cual cuenta con certificación de cómputo para la presentación de la demanda), constancia de notificación únicamente a la parte quejosa, el expediente laboral de origen ******************** (en un tomo) y un sobre con documentos. Con lo anterior se ordena formar un (1) tomo de prueba por separado. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada, por el Tribunal declinante, y asume el conocimiento del asunto en cuestión. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Desechamiento. Ahora bien, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, cabe destacar que si bien el artículo 1o constitucional, reformado el diez de junio de dos mil once, establece la obligación de los órganos jurisdiccionales de procurar la protección más amplia de los derechos y obligaciones del gobernado, esto, conforme al criterio jurisprudencial 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal circunstancia, no significa que merced al derecho humano al recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, invariablemente deba resolverse el fondo del asunto, soslayando las cuestiones de procedencia, de manera que la actualización de alguna causa de improcedencia, no limita el derecho de acceso a la justicia, ni aun restringe la acción de amparo, de manera que el principio pro persona, no es fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias que integran el juicio de amparo directo 1200/2023, remitido por incompetencia por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las que son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la que, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta, que el aludido principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio constitucional para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Es oportuno invocar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo XXVII, página 7, que reza: "AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción." Para mayor entendimiento, conviene relacionar las constancias remitidas por la presidenta de la Junta señalada como responsable al informe con justificación, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en el artículo 2, al ser expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones; y, las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad se plasman en la demanda de amparo, que hacen prueba plena en contra de quien las declara, en términos del ordinal 200 del citado código adjetivo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de las que se desprende que: En el expediente laboral ********************, promovido por ********************, en contra del ********************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, el tres de diciembre de dos mil veinte, se dictó laudo que (entre otras cuestiones) condenó al demandado a pagar al actor diversas prestaciones reclamadas (fojas 176 a 183 del tomo de pruebas). El dos de marzo de dos mil veintiuno se ordenó la ejecución de dicho laudo (foja 189 ídem). Luego, estando en etapa de ejecución de laudo, mediante acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (foja 197 ídem), la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, declaró la prescripción de la ejecución de laudo y el archivo del expediente laboral de origen. Establecido los antecedentes relevantes del acto reclamado, resulta necesario transcribir los artículos de la Ley Federal del Trabajo, relativos al procedimiento de ejecución de los laudos o convenios en materia laboral. "Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al presidente de la Junta de Conciliación Permanente, al de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio, para que se cumplimente la ejecución del laudo. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los Presidentes de dichos órganos. Luego, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previsto por la legislación laboral federal, son del tenor literal siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley." De los dispositivos legales transcritos, se advierte que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de la Juntas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Luego, en el tercer caso, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión aludido para la procedencia del juicio de garantías, es necesario establecer con claridad si los Presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos: "Artículo 617. El presidente de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes: I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta; II. Presidir el Pleno; III. Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I; IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; V. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los presidentes de las Juntas Especiales; VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; y VIII. Las demás que le confieran las leyes." Artículo 618. Los presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; II. Ejecutar los laudos dictados por la Junta Especial; III. Conocer y resolver las providencias cautelares; IV. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el presidente de la Junta; VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial; VII. Informar al presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y VIII. Las demás que les confieran las leyes." De lo trasunto se advertirse que los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes: "Artículo 614. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: I. Expedir el reglamento interior de la Junta y el de las Juntas de Conciliación; II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten a la totalidad de las ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta; III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales sustenten tesis contradictorias; V. Cuidar que se integren y funcionen debidamente las Juntas de Conciliación y girar las instrucciones que juzgue conveniente para su mejor funcionamiento; VI. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y VII. Las demás que le confieran las leyes." Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas; II. Conocer y resolver los conflictos a que se refiere el artículo 600, fracción IV, que se susciten en el lugar en que se encuentren instaladas; III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 503; IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del presidente en ejecución de los laudos; V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y VI. Las demás que le confieran las leyes." De todo lo expuesto, se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo relacionado a la ejecución de los laudos; como en el caso, proveer sobre la prescripción de la ejecución del laudo. Ahora bien, conviene precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Octavo Circuito, Segundo del Décimo Cuarto Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, determinó que procede el recurso de revisión previsto en el ordinal 849 de la Ley Federal del Trabajo en contra del proveído dictado por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la etapa de ejecución de laudo, en el que resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo. Las consideraciones que se contienen en la ejecutoria que dio origen al mencionado criterio, son: "De acuerdo con el artículo 107, fracción IV,(3) de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, contra aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En tal virtud, no existe duda que el acuerdo dictado por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, se ubica en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, de acuerdo con la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo en vigor, debido a que constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución, en un juicio laboral. Sin embargo, la circunstancia de que el acto reclamado, se ubique en el supuesto de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, por tratarse de la última resolución, dictada en la etapa de ejecución de un juicio laboral, no significa que el juicio de amparo indirecto sea procedente inmediatamente, porque no pueden soslayarse los presupuestos procesales y principios que rigen el juicio de amparo, particularmente el de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, señala: ". "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Se exceptúa de lo anterior: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. "d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." De acuerdo con el principio de definitividad, contenido en la fracción XVIII del precepto en cita, el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, únicamente, procede contra actos definitivos; es decir, respecto de aquellos actos o resoluciones que ya no puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas a través de algún recurso o medio de defensa legal ordinario. De manera que si en la ley que rige el acto o resolución reclamada, existe un recurso o medio ordinario de defensa, conforme al cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el quejoso estará obligado a agotarlo antes de acudir a la instancia constitucional. De acuerdo con lo anterior, para determinar si procede amparo indirecto, inmediatamente contra la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, habrá que resolver si existe un recurso o medio de defensa ordinario que pueda modificar, revocar o nulificar esa decisión; eventualmente, dependiendo del resultado, podría analizarse si existe una excepción al principio de definitividad. Ahora bien, esta Segunda Sala resolvió, en sesión de nueve de agosto de dos mil dos, la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.-El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Las consideraciones que dieron sustento al anterior criterio son de gran utilidad para resolver esta contradicción de tesis, justamente porque están referidas al análisis de procedencia del recurso de revisión de actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el auto del presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutar un laudo. Así, en la resolución de la indicada contradicción de tesis se expuso lo siguiente: El análisis de los artículos 849,(4) 850,(5) 851(6) y 852(7) de la Ley Federal del Trabajo (en su texto vigente en dos mil dos), revela que el legislador dispuso la procedencia del recurso de revisión, contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas Juntas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para determinar la necesidad (obligación) de agotar el recurso de revisión, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Como puede advertirse de los artículo 617(8) y 618(9) de la Ley Federal del Trabajo, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y estas últimas a su vez tienen las obligaciones contenidas en los artículos 614(10) y 616(11) de la misma ley. De todo lo expuesto, se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si el presidente de alguna Junta, se niega a declarar prescrita la acción para ejecutarlo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente, cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento, se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo (artículos 617 y 618), corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, debiendo entenderse que, como la solicitud de que se decrete la prescripción de la ejecución en comento, se hace precisamente en esta etapa, es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio presidente y no a la Junta como órgano colegiado, pues esta última no tiene facultades para ello, toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los presidentes. En consecuencia, el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo, ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616. A esta conclusión se llega si se toma en cuenta la exposición de motivos(12) de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, de la que derivó el texto actual de la Ley Federal del Trabajo que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una Junta, emitidos en el periodo de ejecución de los laudos. De (cuya) transcripción, se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario, con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral, la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las Juntas, en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo, de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Por tanto, el precepto no es restrictivo, en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión, únicamente, contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo; sino también a todas aquellas que aunque no tengan estas características, se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. Bajo este criterio, la determinación del presidente de una Junta laboral que niega o decreta la prescripción de la ejecución del laudo, es una resolución que aun cuando no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste; sin embargo, se emite en el periodo de ejecución, lo cual la hace recurrible, conforme a la teleología del precepto en cuestión, pues además la expresión ". en ejecución de los laudos ." utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento. Una vez precisado que procede el recurso de revisión a que se refiere el multicitado artículo 849 de la ley en comento en contra de la resolución que dicten los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, es de concluirse que el no agotar ese medio ordinario de defensa existente, hace improcedente el juicio de amparo. Hasta aquí las consideraciones de la contradicción de tesis 57/2002-SS. De las razones que sustentaron y dieron origen al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sobresalen por su relevancia en esta contradicción de tesis, las siguientes premisas.  El legislador dispuso, en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo (cuyo contenido no fue modificado con el decreto que reformó la indicada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil doce), la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares.  La intención del legislador ordinario fue la de otorgar a las partes en un juicio laboral, la posibilidad de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes de las Juntas, en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; de donde deriva que no tuvo el propósito de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo.  Por tanto, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no es restrictivo, en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión, únicamente, contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo; sino también a todas aquellas que aunque no tengan estas características, se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales, se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. Como puede verse, esta Segunda Sala ya definió que la procedencia del recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva, únicamente, contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe entenderse extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato, conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que estén en posibilidad de solicitar la revisión de los actos del presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. A partir de lo dicho, debe concluirse que la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución; justamente porque con ese acto el presidente ejecutor, verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto. Sin que sea obstáculo, que con ese acto, se concluya la fase de ejecución del laudo, pues esa circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, en contra de la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, procede el recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; razón por la cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No se soslaya lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto dispone que será optativo agotar el medio ordinario de defensa, cuando la procedencia del recurso, se sujete a interpretación adicional; pues la que ha hecho esta Segunda Sala del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, en la contradicción de tesis 57/2002-SS, es clara y suficiente para entender la procedencia del recurso de revisión, que no se requiere una interpretación adicional." Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, página 374, registro digital 186133, que dispone: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.-El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Dicha jurisprudencia es de observancia obligatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Entonces, si se reclama el proveído de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que decretó la prescripción para ejecutar el laudo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, tal como lo precisó el Máximo Tribunal del País en el criterio apuntado. Consecuentemente, al no agotarse ese medio ordinario de defensa existente, deviene improcedente el juicio de amparo, debido a que éste resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al quejoso a agotar, previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 52/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, mayo de dos mil dieciocho, página 1681, que dispone: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, así como con relación al arábigo 217 de dicho ordenamiento, es procedente desechar de plano la demanda de amparo. VI. Domicilio. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle ********************, número ********************, ********************, Colonia ********************, de esta ciudad. VII. Autorizados. Asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de la parte final del último párrafo del citado numeral al resto de las personas que refiere, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite contar con el citado registro. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Se ordena generación de versión pública de auto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general. XI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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