Luis Jorge González Rosales

Expediente 764/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
764/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Jorge González Rosales
  • Luis Jorge González Rosales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ EL PRESENTE ASUNTO Y SE ORDENA SU ARCHIVO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 764/2021; R E S U L T A N D O: PRIMERO DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y recibido al día hábil siguiente en este Juzgado de Distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez Cuarto Familiar y su Actuaria, del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: La falta de respuesta y notificación a su escrito de contestación de demanda, de nueve de julio de dos mil veintiuno. La resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la parte que fija el sesenta por ciento [60 %] del sueldo, así como las demás prestaciones que percibe el quejoso, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge *****, y sus tres menores hijos, de iniciales *****, lo cual le fue notificado el uno de julio del citado año; todo dentro de la controversia del orden familiar *****, del índice del Juez responsable. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LA PARTE QUEJOSA ESTIMA VIOLADOS. Los contenidos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno (fojas 76 a 80) , se radicó la demanda de amparo con el número 764/2021; y previo cumplimiento de prevención de demanda, se admitió a trámite el doce de agosto de la citada anualidad (fojas 92 a 97); se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 99), se emplazó a la parte tercera interesada ******, por sí, y en representación de sus tres menores hijos, de iniciales ***** (foja 245); y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. CITA PARA AUDIENCIA. Seguida la secuela procesal el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 317 a 319), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, sin que el quejoso solicitara el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en atención a que el acto reclamado dimana de una autoridad responsable que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención del quejoso al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Atento a lo anterior, del estudio integral de su demanda, escrito aclaratorio y anexos, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente lo siguiente: 1. La falta de acuerdo y notificación respecto al escrito de contestación de demanda, de nueve de julio de dos mil veintiuno. 2. La resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la parte que fija el sesenta por ciento [60 %] del sueldo, así como las demás prestaciones que percibe el quejoso, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge ****, y sus tres menores hijos, de iniciales **** y **** lo cual le fue notificado el uno de julio del citado año; todo dentro de la controversia del orden familiar ****, del índice del Juez responsable. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; no obstante que dicha autoridad adujo que acepta los actos de manera parcial (foja 110 de autos); sin embargo, de la lectura del informe justificado se advierte que realiza manifestaciones que evidencian tal certeza. Lo que se corrobora, con la documental que acompañó a su informe con justificación la Jueza responsable, consistente en copia certificada del expediente *****, de su índice (fojas 111 a 242 de autos); las cuales son prueba con eficacia plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento certificado por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones, por lo que así deberá tenerse para todos los efectos legales procedentes. Por su parte, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado responsable, no rindió su informe justificado no obstante haber quedado legalmente notificada de la solicitud del mismo el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio de amparo [foja 100 de autos]; por lo que, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado -destacado en el considerando previo- deben analizarse las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto aquí reclamado, consistente en: 1. La falta de acuerdo y notificación respecto al escrito de contestación de demanda, de nueve de julio de dos mil veintiuno. Este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del mismo. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la aludida norma legal, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, se debe establecer en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que, la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada; por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que el acto reclamado en el presente juicio quedara sin efecto. Una vez precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes. Como se dijo, el acto reclamado en esta instancia constitucional, consiste en la omisión de acordar el escrito de contestación de demanda de nueve de julio del año próximo pasado, presentado en esa misma fecha, dentro del expediente ****, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar en autos que la autoridad responsable haya emitido algún pronunciamiento en torno al escrito de contestación de demanda de esa data. Lo cual así sucedió, pues de acuerdo a las constancias que remitió la autoridad responsable, en el expediente de origen fue acordado el referido escrito el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno (fojas 153 a 227 de autos) por la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la que se le dijo en esencia al quejoso, que se daba por contestada la demanda entablada en su contra, así como por opuestas las excepciones que hacía valer y se ordenó admitir a trámite las pruebas que ofertó. Proveído que se le notificó personalmente el veintitrés de agosto de esa anualidad [foja 226 vuelta]; lo que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ya que esta última, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en esta municipalidad, el diecinueve de julio del citado año (foja 2 de autos). En las condiciones anotadas, se estima que ha cesado la omisión reclamada por el quejoso ******, pues la autoridad responsable el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo-, acordó lo relativo a la contestación de demanda presentada por el quejoso el nueve de julio del año próximo pasado, y notificó dicho acuerdo al promovente de amparo, de manera personal el veintitrés de agosto siguiente (foja 226 reverso de autos). Por lo anterior, se considera que se restituyó al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estimó violados, es decir, las garantías consagradas en los artículos los artículos 1, 17 y 133, de nuestra Carta Magna, los cuales invoca en su libelo Constitucional; de ahí que se llegue a la conclusión de que en el presente caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado a la parte quejosa la protección constitucional. Máxime que, en auto de uno de septiembre del año pasado (fojas 243 y 244 de autos), se dio vista a las partes con el informe justificado y constancias anexas a éste; sin que el quejoso haya hecho manifestación alguna al respecto. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Asimismo, sirve de apoyo, por analogía al caso la tesis VI.1o.T.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, legible en la página 2522, Libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del registro 2012413, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." En mérito de lo antes expuesto, y dada la causa de improcedencia actualizada en contra del acto aquí reclamado a la autoridad que la parte quejosa señaló como responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto especificado en este apartado. Por otra parte, toda vez que no se advierte diversa causa de improcedencia, respecto al acto reclamado relativo a la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, que fija la pensión alimenticia provisional a favor de *****, y sus tres menores hijos, de iniciales *****, dentro de la controversia del orden familiar *****, del índice del Juzgado responsable, procede estudiar la constitucionalidad del mismo. QUINTO. TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA. El quejoso expresó en su escrito de demanda los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Es conveniente hacer un relato de los antecedentes fácticos del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos, y para lo que interesa, son: - En proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, acordó la recepción del escrito de *****, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales ****, acompañado de copia certificada del acta de matrimonio y tres de nacimiento, un boucher, dos constancias de estudios, una impresión de comprobante de nómina, un pliego cerrado que dice contener pliego de posiciones, un interrogatorio y un traslado. - En la misa fecha, se registró el expediente con el número *****, de su índice, en el que tuvo a la aquí parte tercera interesada, demandando en la vía de controversias del orden familiar a la ahora quejoso ******, en lo que atañe, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva [fojas 112 a 137 de autos]; por tanto, en su parte conducente dicho acuerdo se lee: "[.] Por otra parte y respecto de la medida provisional que solicita la actora en representación de sus hijos menores de edad de nombre reservado e iniciales ***, tomando en consideración, que los alimentos son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la subsistencia de quienes los demandan o de aquellos en cuya representación se exige mientras se dicte sentencia definitiva, aunado a la facultad que concede a esta autoridad el artículo 965 del código de Procedimientos Civiles del Estado, para fijar a petición del acreedor, sin audiencia del deudor una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo que la actora acredita con el atestado del Registro Civil, relativo al nacimiento de los menores de edad K.D.G.C., X.S.G.C. y J.A.G.C., a dichos menores de edad como titular del derecho de alimentos al justificarse que son hijos del demandado y que por ello, son aptos para acreditar el derecho que tiene para percibir alimentos de su padre. -------------------------------------------------------------------------------------- Ahora bien, surge la presunción que el demandado tiene capacidad económica, para proporcionar una pensión alimenticia a sus hijos de nombre reservado e iniciales K.D.G.C., X.S.G.C. y J.A.G.C., pues en atención a las manifestaciones de la promovente, quien señala que el demandado labora como profesor de educación primaria dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de lo cual se infiere que el deudor alimentista percibe ingresos; lo cual lleva la conclusión que la obligada alimentaria (sic) cuenta con capacidad económica. ------------------- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 9 fracción I, 13, 14, 15, 16 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca; y tomando en cuenta que en el presente caso, existen cuatro acreedores alimentarios, quienes resultan ser hijos y cónyuge del demandada (sic) pues de acuerdo al atestado del registro civil que anexan a la demanda que se provee, actualmente los menores de edad cuentan con diecisiete, catorce y trece años de edad, por lo tanto gozan de la presunción legal de necesitar alimentos acorde a lo establecido en el numeral 163 y 323 BIS del Código Civil en vigor para el Estado de Oaxaca, presunción de la cual goza también la cónyuge en términos del artículo 163 del citado ordenamiento legal, en tales condiciones y atendiendo al principio de proporcionalidad que debe regir tratándose de los alimentos, previsto por el artículo 323 del Código Civil; se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad K.D.G.C., X.S.G.C. y J.A.G.C,. y la actora ******; el SESENTA PORCIENTO del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el demandado ***, como profesor dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mismas que refiere la Ley Federal del Trabajo en su artículo 84; en tales condiciones, gírese oficio a Director o Jefe de Recursos Humanos de dicha dependencia para que realice u ordene a quien corresponda se proceda hacer el descuento antes decretado en concepto de Pensión Alimenticia provisional, medida que se adopta de esta forma dada su naturaleza cautelar, pues surge de la necesidad y urgencia de garantizar durante la tramitación del juicio, la subsistencia del demandante, dotándolo de los satisfactores impostergables que día con día requiere para cubrir sus necesidades, resultando dicha medida inaplazable, hecho que sea lo anterior, le sea entregado a la actora *****, pro propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, de nombre reservado e iniciales *** requiriéndole para que informe a este Juzgado dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente a la recepción del oficio en comento el cumplimiento que le haya dado a lo ordenado, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido o de no informar el movimiento o impedimento legal que para ello tenga, se hará acreedor a una multa de VEINTICINCO UNIDADES DE MEDIDAS Y ACTUALIZACIÓN, en términos del artículo tercero transitorio del decreto por el que, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el artículo 79 fracción i del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Oaxaca. -------------------------------------------------------------------- [.]" (Fojas 133 a 134 de autos). Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El quejoso aduce, esencialmente, que: 1) El acto reclamado viola los artículos 14 y 16 Constitucionales, al haber decretado la pensión alimenticia del sesenta por ciento de su sueldo en favor de sus cuatro acreedores alimentarios (cónyuge y tres hijos), esto es, el quince por ciento por cada uno de ellos, así como demás prestaciones ordinarias y extraordinarias, que percibe como profesor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la cual considera ilegal. 2) Al girar la autoridad responsable el oficio al Director o Jefe de Recursos Humanos de la dependencia para la cual labora, para que realice descuento respectivo de su sueldo que corresponde a $***** y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe como profesor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), no valoró que percibe la mitad de su sueldo, esto es, $******) (sic)-, como se justifica del talón de pago que la aquí tercera interesada anexó a su demanda de pensión alimenticia. Asimismo, que si de esos $*****) le descuentan el sesenta por ciento que es, a decir del quejoso, $****) (sic) le quedan $****) (sic) y si a eso se le agrega otro descuento de $******), por préstamo que adquirió con Banco Santander -que aduce contrajo durante su matrimonio-, tiene que cubrir un adeudo de $***** por lo que aduce no es posible satisfacer sus necesidades fundamentales. 3) Dar alimentos corresponde de manera proporcional a ambos cónyuges cuando los dos trabajan y que, en el caso, según el dicho del quejoso, su cónyuge le manifestó que labora como dependiente de farmacias similares, en donde percibe por sueldo y prestaciones $*****; además, refiere que dicha acreedora alimentista -cónyuge- tiene inmuebles de los cuales es propietaria y que renta locales comerciales, departamentales y de oficina, esto en la colonia ****. Resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Ahora, se estima dable destacar que la obligación alimenticia es una institución conforme a la que una persona denominada acreedor tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, radica en el deber que tienen algunas personas -deudores alimentariosde proporcionar a otras -acreedores alimentistas- lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. Asimismo, la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; y la segunda, se da al dictarse la sentencia, en atención a los elementos de prueba que aporten las partes, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. En ese tenor, se tiene que en el caso en estudio deberá darse un valor preponderante a los derechos de recibir alimentos, pues la obligación de otorgarlos es de orden público y e interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 788 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, tomo I, materia civil, décima época, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos." Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. Precisado lo anterior, se estima necesario aludir al contenido de los artículos 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles1, así 1 "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. [.] Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. [.]" "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. [.] "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición como los numerales 163, 320, 323 y 323 BIS, del Código Civil, ambos códigos del Estado de Oaxaca.2 De los cuales se advierte que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, que entre ellos encontramos a los alimentos, por tanto, el Juez Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten la familia; por lo que oirá lo solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizarlos. También, en lo que aquí atañe, se desprende que la pensión alimenticia provisional, como se adelantó, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; esto es, con las pruebas que aporte la acreedora. Además, acorde con los diversos artículos 966 y 967, del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que será en la audiencia correspondiente que las partes aportarán las pruebas que así procedan y que hayan ofrecido; asimismo, que será en el fallo definitivo que se emita cuando se expresen los medios y pruebas en los que se funde para dictarlo. Asimismo, que los cónyuges contribuirán al sostenimiento del del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. [.]" 2 Artículo 163.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos, en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está La mujer tendrá a su favor la presunción de la necesidad de alimentos, salvo prueba en contrario. [.]" "Artículo 320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. [.]" "Artículo 323.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y las necesidades del que deba recibirlos. Para el caso de ascendientes, además de lo anterior, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad el derecho a la reciprocidad alimentaria. Cuando las actividades económicas de quien debe dar alimentos no permitan saber con exactitud su capacidad económica y quien deba recibirlos sea menor de edad, éstos se darán atendiendo a la calidad de vida que haya tenido el menor en los últimos años. [.] De la petición del acreedor alimentario se dará vista a su contrario. El Juez resolverá sin más trámite. [.]" "Artículo 323 Bis.- Las personas menores de edad, con discapacidad, sujetos a estado de interdicción, personas adultas mayores y el cónyuge que de (sic) dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos." hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto; a lo cual no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente esos gastos. En el caso de la mujer, tendrá a su favor la presunción de la necesidad de alimentos, salvo prueba en contrario. Así, el otorgamiento de esa medida precautoria se justifica, sustancialmente, en la necesidad ineludible e inaplazable del acreedor alimentista de obtener los recursos económicos indispensables para su subsistencia; determinación que al no ser definitiva, puede ser combatida por el obligado alimentista durante el juicio correspondiente, en donde podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar la acción intentada en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 9/2005, con número de registro 178961, Primera Sala, materia civil, tomo XXI, marzo de 2005, página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación". Destacado lo anterior, es infundado el argumento relativo a la violación de los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque el acto reclamado no está fundado y motivado. Es así, porque el juez responsable estableció de manera provisional, que la aquí parte quejosa, debe pagar alimentos a favor de sus cuatro acreedores alimentarios -cónyuge e hijos-, correspondiente al sesenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba dicha parte demandada; partiendo de que los alimentos son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la subsistencia de quienes los demandan o de aquellos en cuya representación se exigen mientras se dicte sentencia definitiva. Y, para determinar dichos alimentos, tomó en consideración que se acreditó el vínculo jurídico con las actas del Registro Civil de matrimonio y nacimiento [fojas 123 a 126 de autos], así como existir la presunción a su favor de necesitar dichos alimentos, por su parte también hizo referencia a la presunción de la capacidad económica de la hoy parte quejosa para proporcionarlos, pues la promovente -tercera interesadaseñaló que éste trabaja como profesor de educación primaria dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de lo que se infiere que percibe ingresos. Por tanto, de conformidad con el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, el cual citó la autoridad responsable en la determinación aquí reclamada, y en atención a la urgencia para determinar los alimentos provisionales, así como a la información proporcionada hasta el momento de la presentación de la demanda, esto es, con la copia certificada del acta de matrimonio entre la aquí parte quejosa y *****, tres de actas de nacimiento de los menores de edad de iniciales K.D.G.C., X.S.G.C. y J.A.G.C., dos constancias de estudios y un Boucher de pago que presentan como erogación de inscripción de estudios, una impresión de comprobante de nómina *****, a nombre del deudor alimentario, con fecha de doce de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al periodo de pago de uno al quince del citado mes y año, un pliego cerrado que dice contener pliego de posiciones, un interrogatorio y un traslado, y sin audiencia del deudor; la jueza responsable fijó la pensión provisionales alimenticia. Determinación que se considera ajustada a derecho; pues está fundada y motivada, ya que como se vio, la autoridad responsable citó los artículos en los cuales basó su determinación y expuso los motivos que tuvo para ello -esencialmente los contenidos en la demanda relativa y anexos-, los cuales incluso se advierten acordes a dicha estadía procesal. En ese sentido, la juzgadora de origen dictó la medida precautoria establecida en el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, consistente en fijar una pensión alimenticia provisional, basando su motivación en los hechos que se esgrimen en la demanda relativa a la acción de alimentos. Máxime que, en esa etapa del procedimiento tiene la juzgadora poca información respecto de las situaciones fácticas que gravitan en torno a la medida que está obligada a decidir, ya que sólo tiene la demanda y anexos antes descritos. Es así, porque la juzgadora de origen, al tomar conocimiento de la demanda, de las peticiones que se contienen en ella y de los hechos de la misma, está obligada a decidir respecto de la medida precautoria de alimentos aludida, teniendo por verdad los hechos de la demanda, ya que son éstos los que sirven de motivación para tal providencia y no resulta dable exigirse mayor motivación a la juzgadora hasta ese instante, porque no tiene más elementos que la propia demanda y anexos. Así, adverso a las estimaciones de la parte quejosa, se considera que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado; además, el juzgado responsable actuó con apego a derecho, al decretar la medida provisional de alimentos, sin llamar previamente al ahora quejoso, pues como se vio, las providencias de esta naturaleza -alimentos provisionales- son susceptibles de decretarse sin necesidad de que previamente se haga del conocimiento al afectado o deudor alimentario, pues basta con la petición de la parte interesada -acreedor alimentario-, y de conformidad con los argumentos y elementos de prueba que tenga a su alcance al momento de dictarla, conforme a su prudente arbitrio; ello derivado de la naturaleza imperativa que tienen los alimentos para ministrarse en forma inmediata, además de que al decretarse así, se siguen las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio del derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional. De ahí, que resulte infundado el argumento descrito en el inciso 1). Orienta al caso, en lo conducente, la tesis 1a. CLXXXV/2018 (10a.), con número de registro 2018741, Primera Sala, materias constitucional civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 361, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el otorgamiento de una pensión alimenticia depende de tres parámetros: 1) la existencia de una relación o un vínculo entre el deudor y el acreedor que justifique su procedencia; 2) las posibilidades del deudor; y, 3) las necesidades del acreedor. Ahora bien, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, al prever, entre otras cuestiones, que tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio, no viola el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando faculta al juzgador para actuar con base en los elementos de prueba y en los alegatos aportados sólo por quien demanda el pago de alimentos, pues se trata de una medida cautelar en la que no rige el derecho de audiencia previa y cuya naturaleza es, conceptualmente, temporal. Además, el hecho de que no se escuche al deudor alimentario no deja de lado que la autoridad jurisdiccional deberá motivar en su decisión la acreditación de los tres parámetros aludidos". Asimismo, son infundados los planteamientos señalados en los incisos 2) y 3), donde se aduce que al haber decretado la pensión alimenticia del sesenta por ciento de su sueldo y prestaciones a favor de sus cuatro acreedores alimentarios -cónyuge y tres hijos-, girando oficio al Director o Jefe de Recursos Humanos de la dependencia para la cual labora, para que realice descuento respectivo no valoró que percibe la mitad de su sueldo, como se justifica del talón de pago que la aquí tercera interesada anexó a su demanda de pensión alimenticia; además que la autoridad responsable no tomó en cuenta que la obligación de dar alimentos corresponde de manera proporcional a ambos cónyuges cuando los dos trabajan y que, en el caso, según su dicho, su cónyuge le manifestó que labora como dependiente de farmacias similares, en donde percibe por sueldo y prestaciones $****; además, que dicha acreedora alimentista - cónyuge- tiene inmuebles de los cuales es propietaria y que renta como locales comerciales, departamentales y de oficina, esto en la colonia ****. Lo infundado del planteamiento radica en que, el monto de la pensión alimenticia provisional fijada por la jueza responsable, se hizo en porcentaje respecto de las percepciones que recibe el obligado -y que en el caso corresponde al sesenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe-; la autoridad responsable no estableció una cantidad liquida determinada que deba cubrir el deudor alimentario bajo ese concepto, sino que, se insiste, lo que estableció fue un porcentaje del total de sus percepciones; de ahí que, ese porcentaje es el que se habrá de descontar de la totalidad, esto es, del cien por ciento (100 %) de lo que percibe, quedándose él con el cuarenta por ciento (40%) para satisfacer sus propias necesidades; lo que de un análisis preliminar -propio de la fase en que se encuentra el juicio natural-, no se aprecia desproporcionado o gravoso para el quejoso. Sobre todo si se tiene presente que el sesenta por ciento (60 %) fijado provisionalmente es para satisfacer necesidades alimenticias de sus tres hijos menores de edad, así como cónyuge. En las relatadas condiciones se estima correcto el actuar de la Jueza responsable. Además, no es dable considerar que las deducciones por pensión alimenticia provisional que se realizan al quejoso deban ser sobre las percepciones que resulten de diversas erogaciones derivadas de obligaciones personales -que no sean de carácter legal-, pues la cantidad o porcentaje -como en el caso-, se insiste, se fijó tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba. Así, en torno al tema que nos ocupa, orienta la tesis Jurisprudencial VII.3o.C. J/9, con número de registro 180304, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitos, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XX, octubre de 2004, página 2172, Novena Época, materia; civil, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones de carácter permanente." Sin que pase desapercibido el talón de pago que la aquí tercera interesada anexó a su demanda de pensión alimenticia; pues dicho comprobante de nómina ****, a nombre del deudor alimentario, no corresponde a la temporalidad con que se emitió la determinación que fija el monto de la pensión alimenticia provisional -acto reclamado-, pues incluso data del doce de septiembre de dos mil diecinueve, siendo que la resolución combatida es de catorce de mayo de dos mil veintiuno; de ahí que, se estima no podría constituir un dato objetivo para conocer su percepción real y actual de la época de los hechos. Sumado a que hasta esta estadía procesal la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario solo debe dar idea al juzgador sobre su alcance económico, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente los aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que no le es obligatorio a la jueza responsable contar con una prueba plena, de carácter indubitable hasta este momento para fijar el monto de dicha pensión, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza a la juzgadora de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. En ese tenor, para la estadía procesal del juicio natural, se insiste, la pensión alimenticia provisional se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; aunado a que el deudor alimentista -aquí parte quejosa- puede plantear la reducción del monto y demostrarlo durante la tramitación del juicio. Por tanto, al desestimarse los conceptos de violación, y al no advertir queja deficiente que suplir procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****, contra el acto y por las razones, así como fundamentos expresados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, respecto del acto y por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE EL REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES DE EDAD AQUÍ QUEJOSOS, NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA CUAL SE RESOLVIÓ: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA...

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio 2575/2021, de la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintinueve de noviembre de este año, informa el resultado de audiencia de pruebas y alegatos verificada el día veintinueve de septiembre pasado, en el expediente ***, de su índice -de donde deriva el acto reclamado-; y al efecto, remite las constancias relativas para acreditar su dicho. Con fundamento del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la autoridad responsable, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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