Luis Jorge Chow Cano de los Ríos

Expediente 1497/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1497/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua
  • Luis Jorge Chow Cano de los Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, residente en Monterrey; lo anterior en virtud de que el diez de mayo de dos mil veintiuno se sobreseyó el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado actual que guardan los presente autos, de los que se advierte que en proveídos de trece y diecinueve de abril, ambos del año que transcurre, se dio vista a las partes con los oficios remitidos por las autoridades responsables Director Administrativo del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, residente en Monterrey Nuevo León, así como el Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, respectivamente, mediante los cuales rindieron sus informes justificados. Ahora, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas por las autoridades señaladas como responsable anexas a sus informes justificados, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, cabe destacar la jurisprudencia 2a./J. 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos diez, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De lo anterior, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, en el artículo anteriormente transcrito, se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, el quejoso reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar resolución al trámite de modificación administrativa de concesión de aprovechamiento de aguas nacionales y/o permisos de descarga de aguas residuales, identificado con la carpeta administrativo CHI-L-1486-02-05-19, peticionada el dos de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, el Director Administrativo del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, residente en Monterrey Nuevo León, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, manifestando que, no obstante lo anterior, al ser notificado de la demanda de garantía promovida por el quejoso, se remitió el trámite iniciado al área administrativa de correspondencia a efecto de que califique la procedencia o improcedencia del mismo, para posteriormente notificarla a éste. Mientras que, el Director Local del a Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, en el oficio de cuenta, el veintitrés de abril del año en curso, remitió a este Juzgado, copia certificada de la notificación vía correo electrónico, a la parte quejosa, en la que se le da a conocer el oficio BOD.900601-0501E, que contiene la resolución que declara improcedente la solicitud de modificación planteada. Asimismo, expuso que no había logrado notificar dicha resolución a la parte quejosa en virtud de que ésta, no había acusado recibo de dicha resolución misma que fue enviada al correo electrónico que el impetrante de amparo había señalado para tal efecto. Así las cosas, este Juzgado Federal mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso, dio vista a la parte quejosa con el contenido del referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin embargo mediante constancia actuarial de treinta de abril del presente año, el actuario adscrito manifestó la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación. Por lo que, mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Primero de Distrito con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ordenó notificar por medio de lista el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, a la parte quejosa **********. En ese contexto, es evidente que han cesado los efectos de la omisión tramitar, resolver y notificar la solicitud administrativa de modificación planteada el dos de mayo de dos mil diecinueve por quejoso ante las autoridades responsables, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, teniendo los mismos efectos para los cuales sería otorgada la protección constitucional. Por tanto, se actualiza la invocada causa de improcedencia, por lo que con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio de la garantía de administración de justicia pronta y expedita tutelada por el ordinal 17 del Pacto Fundamental. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Dado la determinación que antecede, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para diez horas con veintitrés minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese la constancia del Actuario Judicial de la adscripción, de la cual se advierte que no le fue posible notificar a la parte quejosa *******, el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por los motivos que en la misma se asienta. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado Federal, el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, a la parte quejosa********+, que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las subsecuentes notificaciones. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2007-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, de seis febrero de dos mil ocho, de la Novena Época, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles."

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