Luis Jorge Bojórquez Patrón
Expediente 526/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Jorge Bojórquez Patrón
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, su oficio de cuenta y el testimonio que remite de la resolución pronunciada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la queja 130/2018, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído dictado en este asunto el siete de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; resolución de la que se advierte se declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, en lo que atañe al anexo remitido por la superioridad, consistente en las copias certificadas relativas al juicio de origen 743/2015 del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvase a la citada autoridad, dado que no existe motivo alguno para su resguardo en esta Secretaría. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales condignos, el oficio de mérito signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del proveído dictado en el presente asunto el siete de mayo actual. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta que antecede, SE ACUERDA: en atención a que la promovente, interpone recurso de queja en contra del proveído de siete de mayo del presente año; con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia de los escritos de presentación y de expresión de agravios. Asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de siete de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo que promovió el ocursante y envíese el original de los escritos de presentación y de expresión de agravios, junto con copia certificada de las constancias que conforman este expediente original 526/2018-III-B, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, a siete de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido en este Juzgado, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite el expediente 251/2018 de su índice, relativo al juicio de amparo promovido por Marisol de Fátima Quiñones Novelo, en su carácter de mandataria judicial del quejoso Luis Jorge Bojórquez Patrón, contra actos del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en razón de que por auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, causó estado el diverso de diecinueve de abril del presente año, en el que dicho Tribunal Federal se declaró incompetente para conocer del presente asunto, en virtud de que el acto señalado como reclamado no constituye sentencia definitiva, o bien, una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, sino que se trata de un acto intraprocesal, ya que éste continúa con su trámite, motivo por el cual, este asunto no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos para la procedencia del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. De ahí que ordenó remitir al Juzgado de Distrito en turno, la referida demanda y sus anexos, consistente en las copias certificadas del cuaderno de pruebas número XII relativo al juicio ordinario civil 743/2015; que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Acúsese recibo. En consecuencia, como está ordenado por la citada Superioridad, este Juzgado Segundo de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Marisol de Fátima Quiñones Novelo, en su carácter de mandataria judicial del quejoso Luis Jorge Bojórquez Patrón, contra el acto que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: El auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de pruebas XII relativo al juicio ordinario civil 743/2015, en el que no se admitió el recurso de denegada apelación, interpuesto en contra del diverso proveído de nueve de febrero del año en curso, con el que no se admitió el recurso de apelación contra el acuerdo de veintidós de enero del presente año, en el que no se accedió a la petición del quejoso a girar un nuevo exhorto con el fin de notificar a un testigo, en virtud de que la prueba testimonial se declaró desierta. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese con el número 526/2018-III-B que le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y provéase lo conducente. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de pruebas XII relativo al juicio ordinario civil 743/2015, en el que no se admitió el recurso de denegada apelación, interpuesto en contra del diverso proveído de nueve de febrero del año en curso, con el que no se admitió el recurso de apelación contra el acuerdo de veintidós de enero del presente año, en el que no se accedió a la petición del quejoso a girar un nuevo exhorto con el fin de notificar a un testigo, en virtud de que la prueba testimonial se declaró desierta. Este resolutor advierte que respecto del acto antes señalado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción IX del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. .IX. Se le desechen recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión [.]" Lo anterior se afirma toda vez que el acto reclamado constituye una infracción de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos de la parte quejosa, de modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el procedimiento con miras a obtener sentencia favorable en él, por lo que de ser así, la infracción cuestionada desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello es así, ya que el hecho de que el Juez responsable no admitiera el recurso de denegada apelación que interpuso en contra del auto en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de un diverso proveído en el que no se accedió a girar nuevamente un exhorto para notificar a un testigo, pues la prueba testimonial que ofreció se declaró desierta, no le causa perjuicio en algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o los Tratados Internacionales; a más de que ello no implica en forma necesaria que la resolución con la que culmine el procedimiento de que se trata vaya a ser contraria a sus intereses, pues aún existe la posibilidad de que le sea benéfica, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de un acto que tenga una ejecución irreparable. Asimismo, cabe señalar que en el caso de que la sentencia con que culmine el procedimiento de origen, sea adversa a los intereses de la parte impetrante del amparo, las infracciones procesales de mérito serán combatibles al promoverse, en su caso, el juicio de amparo directo en su contra, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en los artículos 170, fracción I y 172 fracción IX de la Ley de Amparo, que estatuyen, el primero, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y el segundo numeral comentado, dispone que en los juicios seguidos ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión, así como en los demás casos análogos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Es aplicable la Jurisprudencia 29/89, consultable en la página 837, del Tomo IV, Segunda Parte, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de la Compilación de Jurisprudencia por "Contradicción de Tesis", cuyo sumario reza: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo efecto de que quien lo sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de reparación en amparo indirecto." De tal manera, que el acto reclamado en cita, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no ser un acto de imposible reparación, en su contra resulta improcedente la promoción del juicio de amparo. Para justificar la aseveración anterior, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no cuando se vulneren derechos adjetivos, como en el particular, en el que el impetrante reclama el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de pruebas XII relativo al juicio ordinario civil 743/2015, en el que no se admitió el recurso de denegada apelación, interpuesto en contra del diverso proveído de nueve de febrero del año en curso, con el que no se admitió el recurso de apelación contra el acuerdo de veintidós de enero del presente año, en el que no se accedió a la petición del quejoso a girar un nuevo exhorto con el fin de notificar a un testigo, en virtud de que la prueba testimonial se declaró desierta. En consecuencia, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marisol de Fátima Quiñones Novelo, en su carácter de mandataria de judicial del quejoso Luis Jorge Bojórquez Patrón, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia: "Localización: Jurisprudencia: I.1o.A. J/4 Novena Época Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Tomo: VII del mes de mayo de 1998 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como su autorizado a Marco Antonio Conrado Uicab; y en forma restringida, con las limitantes del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la diversa persona que menciona en el mismo, hasta que no acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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