Luis Joel Caceres Martínez
Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Joel Caceres Martínez
- SE TIENE POR INEXISTENTE 07/10/2020 Comisonado General de la Policía Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de abril de dos mil veintiuno (fojas 269 a 276), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica, el cual en el caso es lo que acontece. En consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el, inciso c), del artículo 21, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto a los actos reclamados, mediante interlocutorias de trece de junio, treinta y uno de agosto de dos mil veinte y tres de febrero de dos mil veintiuno. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo 20, fracción II, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO*
- Principal
quince de abril de dos mil veintiuno RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez, la secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Luis Joel Cáceres Martínez (fojas 1 a 7). Diligencia de vinculación al procedimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este juzgado (foja 256). Informes justificados rendidos por: Comisionado del Instituto Nacional de Migración (foja 229). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tlaxcala (foja 24). Jefe del Departamento y Encargado Temporal del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis (foja 34). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas (fojas 40). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México (foja 60). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México (foja 68). Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango (foja 73). Encargado temporal del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí (foja 75). Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en la Ciudad de México (foja 79) Coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en el Estado de México de la Guardia Nacional (foja 81-82). Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración (foja 93-94). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México (foja 99-105). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro (foja 122). Inspector General y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí (foja 194-195). Sub Comisionado Jurídico del Instituto de Migración, en representación Jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (foja 229-230). Segundo Subinspector de la Guardia Nacional, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional Chihuahua (foja 236) Inspector General de la Guardia Nacional Coordinador Estatal en el Estado en San Luis Potosí (fojas 260-264). Autoridades que se declararon inexistentes. Coordinador de la Policía Federal en el Estado de Tlaxcala (foja 65). Coordinador de la Policía Federal en el Estado de Zacatecas (foja 145) Coordinador de la Policía Federal en el Estado de Chihuahua (foja 170 vuelta) Coordinador de la Policía Federal en el Estado de Durango (foja 170 vuelta) Coordinador Regional de la Guardia Nacional en el Estado de México (foja 170 vuelta) Coordinador Regional de la Guardia Nacional en el Estado de Zacatecas (foja 193) Coordinador Regional de la Guardia Nacional en el Estado de Durango (foja 193) Comisionado General de la Policía Federal (foja 193) Comandante de la guardia Nacional de los Estados Unidos Mexicanos (foja 193). Coordinador General de la Policía Federal en el Estado de Querétaro (foja 266). Acuse de recibo del oficio por el cual se le requirió informe justificado a la autoridad responsable: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos, con lo anterior se cierra esta etapa y se declara abierto el período de pruebas. Por otra parte, tomando en consideración que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, no rindió su informe justificado, no obstante de estar notificado para tal efecto con la oportunidad debida, tal como se advierte de su constancia de notificación respectiva (foja 268); con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene con el carácter de omisa. PERIODO PROBATORIO A continuación se abre el período probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con las ofrecidas por la autoridad responsable Inspector General de la Guardia Nacional, Coordinador Estatal en San Luis Potosí (foja 195) y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí (fojas 260-264), consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; por lo que, sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: al no existir alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. Por otro lado, la Secretaria CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto en la Oficialía de Partes Común, como de la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente Juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran, en orden cronológico, certificado, sellado y foliado. Doy Fe. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 296/2020-III, promovido por Luis Joel Cáceres Martínez. R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte ante este órgano jurisdiccional Luis Joel Cáceres Martínez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: (SIN TEXTO) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio las garantías individuales consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibido el escrito inicial, mediante auto de seis de julio de dos mil veinte (fojas 8-14), se admitió a trámite la demanda registrada con el número 296/2020-III, pidió informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. La audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de imposible reparación (actos privativos de su libertad), dictados fuera de juicio. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, debe observarse que los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo imponen la obligación de precisarlos, para lo cual se estima necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de garantías debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y las constancias de autos, se concluye que la parte quejosa reclama: La orden de desaparición forzada y/o detención y/o retención y/o incomunicación y/o aseguramiento con fines de alojamiento, deportación y/o expulsión y/o destierro a mi país de origen, así como su ejecución. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de la misma, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Son inexistentes los actos reclamados a las autoridades: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tlaxcala (foja 24). Jefe del Departamento y Encargado Temporal del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis (foja 34). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas (fojas 40). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México (foja 60). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México (foja 68). Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango (foja 73). Encargado temporal del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí (foja 75). Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en la Ciudad de México (foja 79) Coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en el Estado de México de la Guardia Nacional (foja 81-82). Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración (foja 93-94). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México (foja 99-105). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro (foja 122). Inspector General y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí (foja 194-195). Sub Comisionado Jurídico del Instituto de Migración, en representación Jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (foja 229-230). Segundo Subinspector de la Guardia Nacional, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional Chihuahua (foja 236). Inspector General de la Guardia Nacional Coordinador Estatal en el Estado en San Luis Potosí (fojas 260-264). En virtud que negaron su existencia al rendir su respectivo informe justificado; lo anterior, sin que la parte peticionaria de amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Misma consideración debe hacerse respecto del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, quien no rindió su informe justificado, a pesar de encontrarse notificado del oficio que requirió el mismo (foja 268), empero, conforme a su informe respecto de la suspensión de plano (foja 85), mismo que produce los efectos del informe justificado, y del cual no advierte la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis II.2o.P.25 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 42, mayo de 2017, tomo III, página 1933, registro digital: 2014261, de rubro y texto: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 76 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 296/2020-III, promovido por Luis Joel Cáceres Martínez, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO*
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Se deja de tener autoridad responsable. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en torno a la inexistencia de la autoridad que denominó como "Coordinador General de la Policía federal en el Estado de Querétaro", sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en los acuerdos de referencia, y se tiene por inexistente la referida autoridad en el presente Juicio. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Inspector General de la Guardia Nacional Coordinador Estatal en el Estado en San Luis Potosí; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Asimismo, se le tiene por informando que la denominación señalada por el quejoso como Coordinador Regional de la Guardia Nacional en el Estado de San Luis Potosí, es erróneo siendo lo correcto "Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí", de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Pruebas de autoridad responsable De igual forma, se tiene a la autoridad oficiante, ofreciendo las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Informe sobre suspensión de plano. Asimismo, téngase al Inspector General de la Guardia Nacional Coordinador Estatal en el Estado en San Luis Potosí, por rendido su respectivo informe relativo a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Se tiene señalado teléfono y correo. Finalmente, se tiene a la autoridad responsable señalando como medio de comunicación un correo electrónico y número telefónico; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico que refiere a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Se deja de tener autoridad responsable. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en torno a la inexistencia de la autoridad que denominó como "Coordinador General de la Policía federal en el Estado de Querétaro", sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en los acuerdos de referencia, y se tiene por inexistente la referida autoridad en el presente Juicio. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Inspector General de la Guardia Nacional Coordinador Estatal en el Estado en San Luis Potosí; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Asimismo, se le tiene por informando que la denominación señalada por el quejoso como Coordinador Regional de la Guardia Nacional en el Estado de San Luis Potosí, es erróneo siendo lo correcto "Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí", de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Pruebas de autoridad responsable De igual forma, se tiene a la autoridad oficiante, ofreciendo las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Informe sobre suspensión de plano. Asimismo, téngase al Inspector General de la Guardia Nacional Coordinador Estatal en el Estado en San Luis Potosí, por rendido su respectivo informe relativo a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Se tiene señalado teléfono y correo. Finalmente, se tiene a la autoridad responsable señalando como medio de comunicación un correo electrónico y número telefónico; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico que refiere a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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