Luis Jiménez Tovar
Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Luis Jiménez Tovar
- Luis Jiménez Tovar y Otros.
Actuaciones
- Principal
TRIBUNAL DE ALZADA CONFIRMA DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Luis Jiménez Tovar. Atento a lo anterior, tómese nota que se registró con el número 79/2022, para los efectos legales a los que haya a lugar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la constancia de notificación de siete de febrero del año en curso, se advierte que Luis Jiménez Tovar, interpuso recurso de queja contra el auto de tres de febrero del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, agréguese a los autos copia de la constancia de notificación por la que se interpuso dicho medio de impugnación, con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo; remítase el presente asunto, con el original de la referida constancia, debidamente integrado al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Turno, para que se sirva proveer lo procedente; asimismo, adjúntese copia de la constancia de notificación, para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y fórmese el cuadernillo de antecedentes JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 2 Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Juan Carlos Hernández Trejo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Paulina En esta
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Jiménez Tovar, Ricardo Iván Santillán Trejo y Daniel Elizondo Ramírez, contra actos de la Directora General del Centro de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas" con residencia en Villa Comaltitlán y otras autoridades, a quienes reclaman: el cambio de módulos, estancias y dormitorios, que consideran una segregación. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 81/2022. Posteriormente, con fundamento en los artículos 1º, 17, 18, 20, 33, 37, 61, 107, 108, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio la procedencia del juicio de amparo, para lo cual se realiza el análisis siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 2 El juzgador, tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial o su aclaración. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran ofrecer las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, con registro digital: 180663 cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se 1 Registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 3 ??????????????? actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso, se considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de los actos reclamados, procede un medio de defensa, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 4 de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. No pasa inadvertido que los artículos segundo y tercero transitorios establecieron dos reservas legislativas para la entrada en vigor de dicha ley, empero, sólo se refieren a los artículos ahí precisados y ninguno de ellos alude a los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten al interior del centro de reclusión, que es la JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 5 ??????????????? materia del presente amparo, por tanto, dichas reservas no son aplicables al caso en concreto. Además el artículo tercero establece expresamente que se derogan las normas anteriores que contravengan el contenido de la ley de ejecución, mientras que los procedimientos que se encuentren en trámite, continuarán con la legislación aplicable al inicio de las mismas, empero, deberán de aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley de ejecución de acuerdo con el principio pro persona, esto último significa que los nuevos mecanismos son aplicables a todos los procesados, sin importar si fueron iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de ejecución, o si son conforme al sistema tradicional o adversarial. Y en el caso, la demanda se presentó después de la entrada en vigor de la Ley de Ejecución Penal, por lo que no hay duda de su aplicación. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de ahí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 6 compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la libertad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Asimismo, cabe señalar que la ley de ejecución derivó de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, conforme al segundo párrafo del artículo Primero Transitorio de la citada ley, actualmente en operación en el ámbito federal, como se desprende del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Centros de Justicia Penal Federal; así como del Manual de Organización y Puestos del Centro de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de donde se advierten las facultades de los jueces para conocer cuestiones relacionadas con la reclusión. Bajo ese contexto, por tratarse los actos reclamados de situaciones relacionadas con la reclusión de los quejosos, les resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación, por ende, lo relativo a cambios de celdas y módulos. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 7 ??????????????? De igual forma la ley de ejecución menciona diversas autoridades penitenciarias que son de naturaleza administrativa, además se refiere al juez de ejecución y establece las facultades de cada una de ellas, así como los derechos y obligaciones de los reclusos. Ahora bien, a continuación, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: "I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 8 nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 9 ??????????????? X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables" De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente dispone que las peticiones referentes a la afectación de derecho de reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentran recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad de reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de su libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la aludida ley, establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 10 determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2. En caso de prevención el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, visitas, agua, entre otros. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 11 ??????????????? Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a. Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si ésta no fue resuelta dentro del término legal, el o los promoventes podrán acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al superior jerárquico inmediato de la autoridad penitenciaria. De igual manera, los internos también tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 12 en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconformes con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Finalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica, a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, entre otros actos. Donde la citada ley establece que en tratándose de los casos urgentes las personas privadas de la libertad podrán acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama el cambio de módulos, estancias y dormitorios, en el centro de reclusión en que se encuentran, es inconcuso, que respecto a dichos actos, existe un procedimiento JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 13 ??????????????? administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo; así también como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, también dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. Ante lo anterior es dable mencionar que los actos reclamados en esta instancia no irrogan perjuicio irreparable a la parte quejosa, toda vez que el cambio de dormitorio, estancia o modulo, no puede interpretarse como una incomunicación, toda vez que estos no se equiparan a un tormento, para excepcionarlos al principio de definitividad. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la propia norma, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 14 Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 15 ??????????????? Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran las cuestiones relativas a los aquí reclamados; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), con número de registro digital: 2018548 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, página 230, del rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 16 oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En ese orden, en la especie no se aprecia que la parte quejosa haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en lo contemplado en los artículos 113 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Luis Jiménez Tovar, Ricardo Iván Santillán Trejo y Daniel Elizondo Ramírez. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 17 ??????????????? Por otra parte, términos del artículo 13, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Luis Jiménez Tovar. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación en nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente; hágase saber a las partes, que los datos personales que proporcionen en el presente asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución de este juicio de amparo hasta su total conclusión; asimismo, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información clasificada, definida por el segundo de los artículos del ordenamiento legal citado en primer término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este juzgado. Igualmente, hágase del conocimiento de los servidores públicos adscritos a este órgano jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 18 estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como, vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información deberá ser resguardada a fin de su protección, lo anterior con apoyo en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de Datos Personales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincida íntegramente el expediente impreso con el electrónico.
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