Luis Jesus Valles Huerta

Expediente 38/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
38/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Jesus Valles Huerta
  • Luis Jesus Valles Huerta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el oficio con terminación 7875/2022, a través del cual la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hayan realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber quedado legalmente notificada la parte quejosa del aludido acuerdo, tal como se advierte en autos del juicio en que se actúa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 243, del Tomo XI, relativo a marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En ese contexto, se procede hacer una relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El quince de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, la cual fue confirmada dentro del amparo en revisión 98/2021, del índice estadístico del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante la resolución emitida en sesión ordinaria de ocho de septiembre de dos mil veintidós; teniendo la sentencia concesora de amparo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Deje sin efecto el auto de inicio del procedimiento administrativo 252/2019 de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, contra la quejos; y, todo lo actuado con posterioridad. Sobre los lineamientos de la ejecutoria mencionada, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, diera cabal cumplimiento a la misma; por lo que mediante el oficio con terminación 7875/2022, dicha autoridad remitió copia certificada de la determinación dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del Procedimiento Administrativo 252/2019, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de inicio de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, y se pronunció respecto a la vigencia de las facultades sancionadoras, requiriendo al Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el resultado integral de los exámenes practicados al quejoso, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Documentales las anteriores, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad responsable ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ya que se obligó a la responsable a respetar el derecho de que se trata, y a cumplir con lo que el mismo exige. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Por otra parte, respecto el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, resulta susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21, del aludido Acuerdo General. Con fundamento en los artículos 21, inciso c), y 24 del Acuerdo en comento, conservarse el original del cuaderno incidental por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con terminación 7875/2022, signado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, y anexo que acompaña, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por consiguiente, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa la constancia remitida por la autoridad de referencia, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio 360/2022-A, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite el original del juicio de amparo 38/2020-I, y adjunta testimonio autorizado de la resolución emitida en sesión ordinaria de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 98/2021, de su índice estadístico, fallo del que se advierte en sus resolutivos lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 38/2020-I, por las razones legales y para los efectos jurídicos indicados en el considerando tercero de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Jesús Valles Huerta, en el juicio de amparo 38/2020-I, por las razones legales y para los efectos jurídicos indicados en el considerando sexto de esta sentencia." En mérito a lo anterior, envíese el acuse de recibo correspondiente al Tribunal de Alzada; agréguense a los autos el testimonio autorizado; en cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente glósense las actuaciones posteriores a su formación. Ahora, tomando en consideración que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo a la parte quejosa, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo tercero transitorio de la legislación en cita, requiérase al Agente del Ministerio Público Auxiliar Adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el estado de Tamaulipas, con sede en Victoria, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento que dé a la sentencia de mérito. En merito a lo anterior, se hace saber al agente responsable, que el amparo y protección de la Justicia Federal, se concedió para que se realice lo siguiente: Deje sin efecto el auto de inicio del procedimiento administrativo 252/2019, de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, contra la quejosa; y, todo lo actuado con posterioridad.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 1804/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por el quejoso Luis Jesús Valles Huerta, en contra de la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del presente juicio de amparo, recurso que quedó registrado como amparo en revisión 98/2021, en su índice estadístico; de lo anterior, tómese nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante el licenciado Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.

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