Luis Javier Zuñiga Ramírez
Expediente 367/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Luis Javier Zuñiga Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 6332/2019, remitido vía electrónica por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual acusa recibo del oficio 11816/2019, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Luis Javier Zúñiga Ramírez, contra el proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, dictado en el presente asunto; registrándolo con el número estadístico 235/2019. De lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese a los autos del presente legajo de antecedentes, el oficio 7788/2019, remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Monclova; en su atención, se provee: Téngasele acusando recibo del oficio 11416/2019-MM, de treinta y uno de mayo del año en curso, a través del cual se le remitieron las constancias originales del juicio de amparo 367/2019 (del índice de este juzgado). A su vez, del contenido del acuerdo de diez de este mes y año, que emitió se desprende que aceptó el conocimiento del asunto, asumiendo su competencia y procediendo a su trámite; Comuníquese la anterior circunstancia al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; lo anterior con motivo de la queja interpuesta por la parte quejosa con el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado por esta autoridad judicial, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por algunos actos reclamados; y por otros se declaró incompetente para conocer por diverso acto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto lo cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo por algunos actos reclamados que ahí se precisan. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, previa notificación, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el escrito original del recurso y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte promovente.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 31/05/2019 I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ... mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada el diecisiete del mes y año en curso (fojas 42 a 44). II. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados por la parte promovente en esta instancia se hacen consistir en: a) Proveído de dieciocho de enero del presente año, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro los autos del juicio ejecutivo mercantil 14/2019, mediante el cual se aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio de transacción celebrado por el aquí promovente ...y la no ejecución del mencionado acuerdo. b) Auto de veinticuatro de enero del año en curso, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro los autos del juicio ejecutivo mercantil 14/2019, en el que atento lo solicitado por la parte actora, se ordena girar el oficio correspondiente a fin de que se protocolicen las constancias necesarias que servirán de título de propiedad a la parte interesada y su no ejecución. c) La negativa de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Monclova, Coahuila de Zaragoza, a expedir el certificado de libertad de gravamen relativo al inmueble motivo del convenio de transacción, celebrado entre las partes del juicio ejecutivo mercantil 14/2019. d) De la Directora Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, la cancelación de inscripción de la partida relativa al inmueble motivo del convenio de transacción, celebrado entre las partes del juicio ejecutivo mercantil 14/2019. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. III. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. 1. Por lo que hace a los actos precisados bajo los incisos a) y b). En el caso concreto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resoluciones aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De la interpretación literal de los artículos transcritos, se aprecia que la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1).- Los ejecutados fuera de juicio; y 2).- Los ejecutados después de concluido. Ahora bien, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, debe analizarse qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción en análisis, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en ese expediente lo cual, en su interpretación en contrario, se entiende claramente que, cuando no se reclame la última resolución en la etapa de ejecución, no procede el juicio de amparo. Dicho en otras palabras, cuando se reclamen resoluciones u actos intermedios, emitidos en la ejecución de sentencia no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución en esa etapa. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es oportuno indicar que si bien el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la última resolución emitida en ese procedimiento, debe aclararse que la Suprema Corte de Justicia determinó que existen excepciones a esa regla general de procedencia del juicio de amparo, verbigracia, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten derechos sustantivos del promovente, en cuyo supuesto, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Lo anterior se sustentó en las tesis de jurisprudencia siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- Esto es así, ya que la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar el abuso de la interposición del juicio constitucional, para que no se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser retrasada ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Ilustra lo dicho, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cinco, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.- En el mismo sentido, es aplicable, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. VIII/98, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Tomo VII, del mes de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. En ese sentido, como ya se dijo, el amparo indirecto procede cuando se está en la hipótesis de procedimiento de ejecución de sentencia, únicamente en contra de la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo. Es decir, que es requisito ineludible que el amparo se promueva contra la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el que también podrá reclamar las violaciones procesales cometidas durante ese procedimiento. En ese orden de ideas, en el caso concreto se reclaman los autos de dieciocho de enero del presente año, mediante el cual se aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio de transacción celebrado por el aquí promovente... así como el diverso de veinticuatro de enero del año en curso, en el que atento lo solicitado por la parte actora, se ordenó girar el oficio correspondiente a fin de que se protocolicen las constancias necesarias que servirán de título de propiedad a la parte interesada; ambos dictados por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro los autos del juicio ejecutivo mercantil 14/2019. Ahora bien, de las constancias que la parte promovente adjuntó a su escrito inicial, se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución del convenio de transacción, como lo es el oficio 205/2019 (foja 25), girado al Notario Público número uno, en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a fin de que se realizara la protocolización de las constancias necesarias que servirán a la parte interesada como título de propiedad en relación al bien inmueble motivo del convenio de transacción celebrado. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 . Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. De lo anterior, se evidencia que el acto aquí reclamado deriva del juicio ejecutivo mercantil 14/2019, el cual se encuentra en la etapa de ejecución del convenio de transacción; razón por la cual, debe decirse que dichos actos no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del convenio de transacción, porque en ella no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del citado convenio o en su defecto, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anterior, se afirma que es una resolución intermedia dictada en la etapa de ejecución del convenio de transacción, siendo una actuación intraprocesal emitida dentro del aludido procedimiento de ejecución, el cual tiene la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento del convenio de transacción de forma legal, por ello, se asevera que el juicio de amparo es improcedente. Sin que en el presente caso se éste en el supuesto de un acto de imposible reparación que actualice una excepción a la procedencia del juicio constitucional, pues el acto reclamado consiste una actuación procesal encaminada a culminar la etapa de ejecución; sin embargo, no hay elementos para considerar que se está en una hipótesis de imposible reparación. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto de los actos precisados bajo los incisos a) y b). 2. Por lo que hace al acto precisado en el inciso c). Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicable en sentido contrario, y 217 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. (.)". De los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; al respecto, el propio precepto legal señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, debemos destacar lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El precepto transcrito tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual el gobernado tiene el derecho y el gobernante la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, y, uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia . De esa forma, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. En ese contexto, no es posible reclamar de forma autónoma una violación que deriva de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. De forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Asimismo, dichos numerales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho están encaminadas a cumplir con dicha finalidad. Por ello, cuando un particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio no puede reclamar de forma autónoma violaciones que deriven del mismo, aun cuando, en su caso, se alegaran violaciones al artículo 8°de la Ley Suprema, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: por ejemplo, falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite correspondiente. En el caso que nos ocupa, de las manifestaciones de la parte quejosa, en su demanda, se advierte que reclama de la autoridad responsable la negativa de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Monclova, Coahuila de Zaragoza, a expedir el certificado de libertad de gravamen relativo al inmueble motivo del convenio de transacción, celebrado entre las partes del juicio ejecutivo mercantil 14/2019. Lo que evidencia, que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino que deriva invariablemente del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, es decir, no se trata de un acto irreparable que produzca un daño a derechos sustantivos de forma directa. Aunado, a que la parte quejosa no está impedida ni imposibilitada para solicitar al Juez de origen, para que en uso de sus atribuciones conmine a la autoridad responsable a que atienda su petición, a fin de que se cumpla con el convenio de transacción celebrado. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 8/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecisiete de abril de dos mil quince, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008883, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). Así como en la jurisprudencia 1a./J. 7/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 480, del Libro 17, correspondiente al mes de abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008884, cuyo tenor literal es: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. Bajo esas consideraciones, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicable en sentido contrario, y 217 de la Ley de Amparo; motivo por el cual se desecha la demanda de amparo respecto del acto reclamado especificado en el inciso c). 3. Este Juzgado de Distrito se declara incompetente para conocer respecto del acto reclamado especificado en el inciso d). En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en lo que aquí interesa, se advierte que la parte quejosa reclama, entre otros actos, de la Directora Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza: La cancelación de inscripción de la partida relativa al inmueble motivo del convenio de transacción, celebrado entre las partes del juicio ejecutivo mercantil 14/2019, consistente en un predio rústico irregular ubicado dentro del perímetro del municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza. Bajo ese contexto, se desprende que la mencionada cancelación de inscripción de la partida especificada en el párrafo que antecede reclamada de forma independiente a la Directora Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, y no como consecuencia jurídica directa de la tramitación del juicio de mercantil 14/2019 de antecedentes, este órgano jurisdiccional estima que no es legalmente competente para conocer de la demanda, por razón de territorio, por las razones que en seguida se exponen: La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el asunto que nos ocupa, respecto a la competencia por territorio, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal se desprende que las reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, son: a) La primera regla competencial se refiere que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda se refiere que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presente la demanda; y c) La regla número tres se aplica cuando el acto reclamado es meramente declarativo, que no requiera ejecución material, hipótesis en la que corresponderá conocer al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue la primera regla de competencia, de la segunda, es que en la primera se surte a favor del Juez de Distrito con residencia en el lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, mientras que la operancia de la segunda contempla la opción de que el promovente, a prevención, determine la competencia entre un Juez de Distrito en el que dentro de su jurisdicción haya comenzado a ejecutarse el acto reclamado, y el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se siga ejecutando el mismo. Además, la tercera regla establece como requisito principal que el acto reclamado no requiera ejecución material, caso entonces será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso particular, se reclama de manera independiente y autónoma a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Monclova, Coahuila de Zaragoza, la cancelación de la partida relativa al inmueble motivo del convenio de transacción celebrado entre las partes del juicio ejecutivo mercantil 14/2019, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza; en esas condiciones, dado sus efectos jurídicos, se considera que la cancelación combatida se materializó en la jurisdicción territorial el Juez de Distrito en Turno, con sede en Monclova, Coahuila de Zaragoza, pues ahí es donde producirá sus consecuencias. En ese sentido, el caso que nos ocupa se ubica en la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, particularmente en el supuesto que señala que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución. Cobra aplicación la jurisprudencia 54, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. En tales condiciones, con apoyo en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, remítase al Juzgado de Distrito en Turno, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza, el presente expediente, para los efectos de su competencia, de quien se solicita el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia declinada.
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