Luis Javier Zamudio Ramírez

Expediente 165/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
165/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Javier Zamudio Ramírez
  • Congreso Constitucional del Estado Libre Y Soberano de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla trece de mayo de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la resolución dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en auto de ocho de abril del año en curso, se declaró no ampliada la demanda de amparo respecto de las autoridades Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; por tanto, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados: La aprobación, discusión, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico el artículo 95 fracciones VII, apartados a), b), c), VIII y IX. La orden de servicio para la emisión de formato de pago referenciado por la expedición de copias certificadas dentro del expediente 632/2021, en cumplimiento al artículo Fracción VIII y IX de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022. El cobro efectuado por la certificación de copias del expediente 632/2021 en cumplimiento al artículo Fracción IX de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: ... Del precepto legal trascrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando dicha particularidad resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del segundo se desprende que es obligación del quejoso señalar en la demanda de amparo a la autoridad o autoridades responsables, lo anterior, en virtud de que al no cumplir tal señalamiento, no podría analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse llamado al juicio a la autoridad que lo emitió y, por tanto, el juicio de amparo resultaría improcedente. Al respecto, las constancias de autos revelan los siguientes antecedentes: El diecisiete de febrero pasado se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Luis Javier Zamudio Ramírez, contra actos del Congreso y Gobernador del Estado a quienes les reclamó: -La aprobación, discusión, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico el artículo 95, fracciones VII, apartados a), b), c), VIII y IX. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso ampliando su demanda respecto del Secretario de Acuerdos Par adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, a quien le atribuyó los actos de aplicación siguientes: -La orden de servicio para la emisión de formato de pago referenciado por la expedición de copias certificadas dentro del expediente 632/2021, en cumplimiento al artículo 95, fracciones VIII y IX, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022. -El cobro efectuado por la certificación de copias del expediente 632/2021 en cumplimiento al artículo 95, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022. El nueve de marzo de dos mil veintidós se recibió el informe justificado rendido por el Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, quien precisó que el expediente 632/2021, correspondía al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Con motivo de lo anterior, en ese mismo auto, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, autoridades que realizaron el cobro de las copias certificadas, como acto de aplicación de la porción normativa que se reclama, sin que el quejoso realizara la ampliación correspondiente. En ese contexto, ante la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridades responsables al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, impide jurídicamente examinar la constitucionalidad de los actos reclamados, tanto del acto de aplicación como de los artículos que impugna, porque, de hacerlo se privaría a dichas autoridades del derecho defensa, al no habérseles oído ni llamado a juicio. Lo anterior encuentra fundamento en las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: ... En el mismo tenor, resultan ilustrativas las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultables, la primera, en la página 1195, Tomo XLVII y, la segunda, en la página 206, Tomo XLVIII, ambas de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: ... Entonces, dado que la parte quejosa omitió señalar como autoridades responsables al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, aun cuando tenía conocimiento de que éstas realizaron el acto de aplicación consistente en el cobro por la expedición de copias certificadas, no es factible examinar el acto de una autoridad que no fue citada al juicio. Lo anterior es así, en virtud de que el señalamiento de la autoridad responsable queda a cargo exclusivamente del peticionario de amparo, pues en atención al principio de instancia de parte agraviada contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la acción constitucional sólo puede enderezarse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro aspecto que se reclame; por lo que el Juez de Distrito está imposibilitado para llamar oficiosamente a aquellas autoridades que no fueron señaladas como responsables por la parte quejosa. Cobra aplicación por su contenido jurídico, la tesis aislada 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194684, de rubro y texto siguientes: En ese sentido, dado que el quejoso no señaló como responsables a las autoridades que dieron origen al acto de aplicación, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio y no fueron oídas. Por tanto, ante la imposibilidad de estudiar el acto de aplicación reclamado, conlleva los mismos efectos respecto del artículo que reclama de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós como inconstitucional, en específico, el artículo 95, fracciones VII apartados a), b), c), VIII y IX, que disponen: "Artículo 95. Los derechos por los servicios prestados por el Poder Judicial del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: (.) VIl. Por copia autorizada o certificada de audiencia dentro de los procedimientos jurisdiccionales: a) Expedición de audiencia, por cada disco en formato DVD $55.00. b) Grabación de audiencia en dispositivo USB, proporcionado por el solicitante $40.00. c) Acceso virtual de audiencia, mediante cuenta de correo electrónico $95.00. VIII. Por la expedición de copias simples de documentos, por hoja $3.00. IX. Por certificación de documentos, por hoja $3.00." Como puede verse, los artículos en cuestión prevén el pago de derechos por los servicios prestados por el Poder Judicial del Estado, en específico, por copias certificadas de audiencias verificadas en los procedimientos jurisdiccionales, ya sea en formato DVD, USB o correo electrónico, además de copias simples y certificadas de documentos. Así, es dable considerar que dicho precepto legal tiene un carácter heteroaplicativo, pues resulta necesario que se realice el cobro correspondiente por concepto de derechos por la expedición de copias de audiencias en procedimientos jurisdiccionales o de documentos. En efecto, se estima que las normas impugnadas por sí mismas, no provocan una afectación inmediata en la esfera jurídica del justiciable, pues es necesario un acto concreto de aplicación para que se actualicen las hipótesis normativas de las disposiciones señaladas, ya que, se reitera, desde su entrada en vigor no constriñen a un determinado hacer -pago-. Entonces, como se indicó en párrafos que anteceden, al no poder estudiarse la constitucionalidad del acto de aplicación, no se puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto que es precisamente el que causa perjuicio al promovente de amparo y no la ley o el reglamento, por lo que no es posible el examen de la ley o reglamento que se reclamaron, no como autoaplicativos, sino por virtud de su primer acto de aplicación. Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "AMPARO CONTRA LEYES. IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O REGLAMENTO RECLAMADOS COMO HETEROAPLICATIVOS, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN QUEDA NULIFICADO POR VIRTUD DE HABERSE ORDENADO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DICHO ACTO EMANÓ. No procede el examen de la constitucionalidad de una ley reclamada como heteroaplicativa cuando se concede el amparo a efecto de que se reponga el procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión del acto de aplicación. Lo anterior obedece a que, cuando se promueve un amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente de amparo y no la ley o el reglamento; de tal manera que si el acto de aplicación queda insubsistente por virtud de que el procedimiento del que emanó debe reponerse por estar viciado, no es posible el examen de la ley o reglamento que se reclamaron, no como autoaplicativos, sino por virtud de su primer acto de aplicación. Lo anterior no deja indefenso al promovente, habida cuenta de que una vez que se reponga el procedimiento puede suceder que la ley ya no se le aplique en su perjuicio, y si se le aplica, estarán expeditos sus derechos para promover el juicio de garantías tanto en contra de ordenamientos generales, como en contra del acto, sin que pueda sostenerse en contrario que la ley ya se le había aplicado con anterioridad, toda vez que con motivo de la reposición del procedimiento, el primer acto de aplicación quedó extinguido, como si nunca hubiera existido." "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ. Cuando se reclama un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo se impugna uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que, aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, siempre y cuando el acto reclamado subsista con el solo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió." Por tanto, se concluye que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de abril de dos mil veintidós. Por no ampliada la demanda. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído del nueve de marzo del año en curso se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto a la participación de una autoridad responsable diversa a la señalada en el escrito inicial de demanda de amparo - Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla- autoridad que realizó el cobro de las copias certificadas como acto de aplicación de la porción normativa que se reclama; sin embargo, no la señaló como autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tiene como acto reclamado y autoridad responsable, los señalados expresamente en el escrito inicial de la demanda de amparo y en su escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio correspondiente al Gobernador del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Comunicación no oficial. Por otro lado, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico que proporciona en el informe de cuenta. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio correspondiente al Congreso del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Diferimiento de audiencia constitucional. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en acuerdo del nueve de marzo de dos mil veintidós, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo. En tal sentido, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

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