Luis Javier López Cornejo

Expediente 891/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
891/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
28/09/2017

Partes del expediente

  • Luis Javier López Cornejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la determinación por la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas al otorgamiento o violación, haciendo la anotación correspondiente en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. Glósese al principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General; dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistas las razones actuariales que anteceden, levantadas por la actuaria de la adscripción, de las cuales se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa los proveídos dictados el veintinueve y treinta y uno, ambos de agosto de dos mil diecisiete, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena la notificación por lista a la parte quejosa, de los citados autos. Finalmente, hágase de su conocimiento que hasta en tanto no señale diverso domicilio en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio que signa el Director del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, mediante el cual informa que el interno, aquí quejoso obtuvo su libertad el veinticuatro de agosto del año en curso, al haber dado cumplimiento total a la sentencia firme que se le impuso en audiencia de procedimiento abreviado; en la misma fecha, remitiendo copia certificada de la constancia con la que sustenta su dicho. Ahora bien, de la constancia que remite la autoridad oficiante se dilucida que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se actualiza una causal de improcedencia. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual impera, en caso de concluirse que la referida conducta es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. En ese sentido, respecto del acto reclamado, esto es la sesión del comité técnico interdisciplinario en la cual se determina la ubicación en una celda de modulo cerrado; así como la segregación, incomunicación y tortura psicológica que imponen las autoridades, se actualiza la invocada causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto cabe precisar que si bien es cierto que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado que se hizo consistir en la ubicación en una celda de modulo cerrado, de las constancias que fueron remitidas por las mismas y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por tratarse de documentos públicos emitidos por autoridad en ejercicio de sus facultades, se desvirtúa dicha negativa, pues de éstas se advierte que mediante sesión 116/2017 del Consejo Técnico Interdisciplinario, de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se determinó lo siguiente: "ÚNICA.- Se estima pertinente ubicar a la persona privada de la libertad de nombre Luis Javier López Cornejo, en un módulo y celda de observación y seguridad, designando para tal efecto el módulo denominado "MOS-7", siendo éste un módulo con régimen de seguridad, con el que se pretende tener un mejor monitoreo y control por parte de las diversas áreas técnicas y de seguridad y vigilancia, respecto de las actividades que realizase durante su estancia en este Centro; lo anterior con el fin de garantizar la seguridad, el orden y disciplina que deben imperar siempre y en todo momento al interior del Centro". Sin embargo, el Director del Centro de Reinserción Social del San José El Alto, Querétaro, a través del oficio con el que se da cuenta, remitió diversas constancias, a las que se igual manera se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos emitidos por autoridad en ejercicio de sus facultades, de las que se aprecia lo siguiente: Que en fecha veinticuatro de agosto del año en curso el quejoso obtuvo su libertad, al haber dado cumplimiento total a la sentencia que se le impuso mediante audiencia de procedimiento abreviado en la misma fecha. Entonces, si en la sesión 116/2017 del Consejo Técnico Interdisciplinario, de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se determinó ubicar al aquí quejoso en una celda de modulo cerrado y mediante oficio recepcionado en esta fecha se advierte que el peticionario de amparo Luis Javier López Cornejo, fue puesto en libertad al haber dado total cumplimiento con la sentencia firme que le fue impuesta en audiencia de procedimiento abreviado de veinticuatro de agosto del presente año, es inconcuso que los actos aquí reclamados, no pueden surtir efecto material o jurídico alguno, pues si bien estos subsisten, es claro que al haber sido puesto en libertad el quejoso, en el particular, dejó de existir el objeto o la materia de los actos reclamados. En tal virtud, se dejan sin efecto las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, no representa un impedimento que el presente sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, pues el mismo deriva de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que no podría ser desvirtuada y eso hace innecesario esperar hasta que se celebre la audiencia, pues la decisión sería la misma. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de quince de agosto del presente año, se dio vista a las partes con las constancias remitidas Director y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social, determinación que se notificó personalmente a la parte quejosa el pasado dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, y a las demás partes al día hábil siguiente mediante lista de acuerdos, de lo que se sigue que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo para que las partes se impongan del contenido de las aludidas constancias. Por otro lado, agréguese a los autos el informe justificado que rinde, en relación a la ampliación de demanda, la autoridad señalada como responsable que a continuación se precisa: Director y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la Ley en mención, téngase como prueba de la autoridad jurisdiccional las documentales que anexa a su comunicación, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio y, con base en lo que dispone el numeral 117 de la Ley de Amparo, con el informe y documentales de que se trata, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, analizadas las constancias certificadas que remite, se advierte que son insuficientes para resolver el presente sumario; por tanto, con fundamento en el numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, remita la sesión ordinaria número 128/17 de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. En la inteligencia que de no atender el requerimiento formulado en los términos y plazo concedido para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos y se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. Atendiendo a lo establecido en párrafos precedentes, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Notifíquese.

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