LUIS JAVIER ESTRADA MOLINA y Otros.
Expediente 192/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- LUIS JAVIER ESTRADA MOLINA y Otros.
- Luis Javier Estrada Molina
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Incidente de suspensión. Cabe precisar que en el presente asunto no se ordenó formar los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Escrito de demanda signado por ***, por su propio derecho. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 192/2023. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control Región Norte en Zacatlán, Puebla y otras autoridades: A.- De las responsables reclamo: "1.- LA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ORDEN DE TRASLADO DE MI PERSONA A OTRO CENTRO. 2.- LA OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LE LEGALIDAD DE MIS TRASLADO." b) De las autoridades ejecutoras: 1.- EL CUMPLIMIENTO DADO A LA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ORDEN DE TRASLADO. (sic). En este orden de ideas, con relación a tales actos reclamados, se actualiza las causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, ya que el aquí inconforme, antes de acudir en demanda de amparo, está obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, de los preceptos legales trascritos, para que se actualicen tales causales de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Que se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo; Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Luego, el texto de las porciones normativas establecidas en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra los actos reclamados, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. Al respecto, del análisis integral de la demanda, el quejoso hace consistir los actos reclamados, en: El traslado ejecutado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, del "Centro de Reinserción Social de Huauchinango al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla"; atribuido a las autoridades administrativas Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, así como de los Centros Penitenciarios de Tepexi de Rodríguez y Huachinango, Estado de Puebla. La determinación de calificación por parte de los Jueces de Control de la Región Judicial Norte, de Zacatlán y Huachinango, Puebla. La omisión de notificación de la calificación de la legalidad del traslado, y; El cumplimiento de dicha orden de traslado. Para tales efectos, es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los traslados voluntarios, los involuntarios y los urgentes y/o excepcionales. Del artículo transcrito se desprende que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de su libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en los que la autoridad penitenciaria, deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, del precepto legal en cita, se desprende que contra la determinación administrativa en cita proceden dos medios de defensa legal a través de los cuales puede ser combatida; a saber, la controversia judicial y la apelación; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Ejecución, ya que una vez que dicha autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de aquélla. En ese sentido, contra la determinación que emita el Juez de Ejecución a través de la cual califique la legalidad de la orden de traslado, procederá el recurso de apelación. En cambio, ante la omisión de la autoridad administrativa de notificar al Juez de Ejecución, dentro del plazo de veinticuatro horas la orden de traslado; o bien, la omisión de la autoridad jurisdiccional de emitir la determinación con la que califique su legalidad, procede la controversia judicial. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos citados, se desprende que cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado ejecutada, o bien, que no se tiene certeza de la existencia de la calificación que sobre su legalidad pudo haber emitido el Juez de Ejecución; lo procedente es que el quejoso previo acudir al juicio de amparo, promueva la controversia judicial, a fin de que sea la autoridad jurisdiccional, quien resuelva respecto de los derechos implicados. Además, los preceptos en cita establecen que las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial, al momento de la notificación del traslado, o bien, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiera sido notificada previamente. De igual manera, el último párrafo del artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, determina que en tratándose de traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requieren autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada a través de los medios legales de defensa aludidos con antelación. Por tanto, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional reclamada a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, así como las condiciones de internamiento que guarda el quejoso; es procedente la controversia judicial, la cual constituye un mecanismo jurisdiccional para que los internos puedan acceder a la satisfacción de sus pretensiones; mismo que cumple con las pautas procedimentales de debido proceso, puesto que permite a los internos, e incluso a las demás personas legitimadas que pueden intervenir en dicha controversia dependiendo de la naturaleza del caso; la oportunidad de ofrecer pruebas, de alegar en audiencia de viva voz, y de ser destinatarios de una resolución que resuelva sobre la procedencia de sus pretensiones. Lo que evidencia que el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción referidos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, impera su obligación de agotar el principio de definitividad, previo a acudir a esta instancia constitucional, al existir medios ordinarios de defensa para lograr la revocación, modificación, o nulificación del acto de referencia. En el mismo orden de ideas, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, precisa que, tratándose de actos administrativos, no debe agotarse el principio de definitividad si la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Lo que en el caso no acontece, pues de conformidad con lo previsto en el citado artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, una vez presentado el escrito atinente a la controversia, el Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; asimismo, una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, éste último quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto de que admita a trámite la controversia, siempre que no se actualice una causa notoria de desechamiento, y se cumplan con los requisitos de presentación establecidos en el fragmento normativo citado con antelación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo plazo rinda el informe que corresponda. Tratándose de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En ese sentido, el Juez de Ejecución tendrá un plazo de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En esta, el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Asimismo, resulta de suma importancia destacar que el artículo 129 de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal, establece un procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en las controversias a las que se ha venido haciendo referencia, es decir; que la propia normatividad en comento contempla un mecanismo eficaz que hace posible la materialización de las resoluciones de referencia; por lo que los internos, de verse beneficiados con un fallo favorable a sus intereses, tendrán a su favor también un procedimiento para que se cumpla cabalmente con las resoluciones respectivas. En síntesis, y por lo que hace a la controversia de referencia, resulta claro que ésta constituye un medio de defensa legal adecuado, sencillo, sumario e idóneo para dejar sin efectos los actos u omisiones perniciosas para el interno, tal como el traslado que se reclama en este sumario constitucional; mismo que como se ha expuesto, no contempla mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender la ejecución de los actos, por el contrario, establece requisitos de procedencia y plazos de tramitación y resolución considerablemente más breves que los que contempla la Ley de Amparo, así como la posibilidad de suspensión de los actos inmediatamente e incluso de oficio por el Juzgador de Ejecución. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona el quejoso en el proemio de su demanda. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, tocante a las restantes personas, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En lo referente a su solicitud de tenerle por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que dicho medio no está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se toma nota como medio de comunicación no procesal, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. En otro orden de ideas, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
- Principal
Escrito de demanda signado por ***, por su propio derecho. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 192/2023. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control Región Norte en Zacatlán, Puebla y otras autoridades: A.- De las responsables reclamo: "1.- LA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ORDEN DE TRASLADO DE MI PERSONA A OTRO CENTRO. 2.- LA OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LE LEGALIDAD DE MIS TRASLADO." b) De las autoridades ejecutoras: 1.- EL CUMPLIMIENTO DADO A LA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ORDEN DE TRASLADO. (sic). En este orden de ideas, con relación a tales actos reclamados, se actualiza las causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, ya que el aquí inconforme, antes de acudir en demanda de amparo, está obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, de los preceptos legales trascritos, para que se actualicen tales causales de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Que se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo; Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Luego, el texto de las porciones normativas establecidas en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra los actos reclamados, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. Al respecto, del análisis integral de la demanda, el quejoso hace consistir los actos reclamados, en: El traslado ejecutado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, del "Centro de Reinserción Social de Huauchinango al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla"; atribuido a las autoridades administrativas Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, así como de los Centros Penitenciarios de Tepexi de Rodríguez y Huachinango, Estado de Puebla. La determinación de calificación por parte de los Jueces de Control de la Región Judicial Norte, de Zacatlán y Huachinango, Puebla. La omisión de notificación de la calificación de la legalidad del traslado, y; El cumplimiento de dicha orden de traslado. Para tales efectos, es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los traslados voluntarios, los involuntarios y los urgentes y/o excepcionales. Del artículo transcrito se desprende que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de su libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en los que la autoridad penitenciaria, deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, del precepto legal en cita, se desprende que contra la determinación administrativa en cita proceden dos medios de defensa legal a través de los cuales puede ser combatida; a saber, la controversia judicial y la apelación; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Ejecución, ya que una vez que dicha autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de aquélla. En ese sentido, contra la determinación que emita el Juez de Ejecución a través de la cual califique la legalidad de la orden de traslado, procederá el recurso de apelación. En cambio, ante la omisión de la autoridad administrativa de notificar al Juez de Ejecución, dentro del plazo de veinticuatro horas la orden de traslado; o bien, la omisión de la autoridad jurisdiccional de emitir la determinación con la que califique su legalidad, procede la controversia judicial. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos citados, se desprende que cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado ejecutada, o bien, que no se tiene certeza de la existencia de la calificación que sobre su legalidad pudo haber emitido el Juez de Ejecución; lo procedente es que el quejoso previo acudir al juicio de amparo, promueva la controversia judicial, a fin de que sea la autoridad jurisdiccional, quien resuelva respecto de los derechos implicados. Además, los preceptos en cita establecen que las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial, al momento de la notificación del traslado, o bien, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiera sido notificada previamente. De igual manera, el último párrafo del artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, determina que en tratándose de traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requieren autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada a través de los medios legales de defensa aludidos con antelación. Por tanto, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional reclamada a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, así como las condiciones de internamiento que guarda el quejoso; es procedente la controversia judicial, la cual constituye un mecanismo jurisdiccional para que los internos puedan acceder a la satisfacción de sus pretensiones; mismo que cumple con las pautas procedimentales de debido proceso, puesto que permite a los internos, e incluso a las demás personas legitimadas que pueden intervenir en dicha controversia dependiendo de la naturaleza del caso; la oportunidad de ofrecer pruebas, de alegar en audiencia de viva voz, y de ser destinatarios de una resolución que resuelva sobre la procedencia de sus pretensiones. Lo que evidencia que el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción referidos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, impera su obligación de agotar el principio de definitividad, previo a acudir a esta instancia constitucional, al existir medios ordinarios de defensa para lograr la revocación, modificación, o nulificación del acto de referencia. En el mismo orden de ideas, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, precisa que, tratándose de actos administrativos, no debe agotarse el principio de definitividad si la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Lo que en el caso no acontece, pues de conformidad con lo previsto en el citado artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, una vez presentado el escrito atinente a la controversia, el Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; asimismo, una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, éste último quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto de que admita a trámite la controversia, siempre que no se actualice una causa notoria de desechamiento, y se cumplan con los requisitos de presentación establecidos en el fragmento normativo citado con antelación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo plazo rinda el informe que corresponda. Tratándose de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En ese sentido, el Juez de Ejecución tendrá un plazo de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En esta, el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Asimismo, resulta de suma importancia destacar que el artículo 129 de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal, establece un procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en las controversias a las que se ha venido haciendo referencia, es decir; que la propia normatividad en comento contempla un mecanismo eficaz que hace posible la materialización de las resoluciones de referencia; por lo que los internos, de verse beneficiados con un fallo favorable a sus intereses, tendrán a su favor también un procedimiento para que se cumpla cabalmente con las resoluciones respectivas. En síntesis, y por lo que hace a la controversia de referencia, resulta claro que ésta constituye un medio de defensa legal adecuado, sencillo, sumario e idóneo para dejar sin efectos los actos u omisiones perniciosas para el interno, tal como el traslado que se reclama en este sumario constitucional; mismo que como se ha expuesto, no contempla mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender la ejecución de los actos, por el contrario, establece requisitos de procedencia y plazos de tramitación y resolución considerablemente más breves que los que contempla la Ley de Amparo, así como la posibilidad de suspensión de los actos inmediatamente e incluso de oficio por el Juzgador de Ejecución. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona el quejoso en el proemio de su demanda. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, tocante a las restantes personas, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En lo referente a su solicitud de tenerle por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que dicho medio no está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se toma nota como medio de comunicación no procesal, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. En otro orden de ideas, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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