Luis Javier Castañeda Ramos
Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Luis Javier Castañeda Ramos
- Autoridad Investigadora Secretaria de la Contraloría General del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la cual se sobreseyó en el mismo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LUIS JAVIER CASTAÑEDA RAMOS, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los razonamientos jurídicos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado que rinde Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Directora General Jurídica y representante legal de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza en el Estado de Nayarit y de sus Unidades Administrativas, con sede en esta Ciudad, luego, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones a la autoridad de referencia el que indica, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida las pruebas documentales que la autoridad promovente remite en el dispositivo electrónico CD en el cual se encuentra digitalizadas las constancias relativas al expediente derivado de la denuncia administrativa SCG-DGJ-ASEXP-020 de su índice, constancias que la autoridad promovente certifica en la documental que para tal efecto remite a este órgano jurisdiccional. Luego, la circunstancia de que la autoridad responsable haya remitido las constancias relativas al expediente de responsabilidad administrativa número EXP. SCG-DGJ-AS-EXP-020-2021 de donde deriva el acto reclamado en el dispositivo de almacenamiento electrónico "CD", que adjuntó a su informe justificado, no implica transgresión al procedimiento, en la medida que de conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo1, se permite a la autoridad responsable 1 Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. rendir su informe con justificación en medios magnéticos. En tal virtud, en el presente sumario se admiten para todos los efectos legales a que haya lugar las actuaciones antes señaladas y resuélvase la presente litis con base en ellas hasta el momento de la certificación que realizó la autoridad promovente, al catorce de marzo de dos mil veintidós, haciéndose del conocimiento de las partes tal circunstancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.33 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2381, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se permite a la autoridad responsable rendir su informe con justificación en medios magnéticos; lo mismo ocurre cuando el órgano jurisdiccional, al recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable, éstas sean exhibidas por medios electrónicos, ópticos o magnéticos. Por lo que si bien la averiguación previa de la que emana el acuerdo impugnado, es conforme al sistema tradicional, lo cierto es que no por ello se debe cerrar y limitar la posibilidad de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, o bien, remita las constancias de la indagatoria, éstas deban ser presentadas físicamente en copia certificada -es decir, en un documento escrito-, pues al ser parte del avance tecnológico y científico, pueden adoptarse medios electrónicos que prescindan el gasto innecesario de papel y eviten el exceso de volumen de tomos que sólo ocupan espacio, pues esos documentos pueden ser consultados en un disco versátil digital (DVD) (que es el soporte físico), lo cual tendrá pleno valor probatorio siempre que esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad ministerial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos), y para efectos del juicio de amparo indirecto se desahogará por sí mismo, al tener el carácter de una prueba documental." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2036, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto mencionado dispone que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y establece la obligación para ésta de acompañar a su informe las constancias necesarias para apoyarlo, o sea, los documentos que respalden y sirvan tanto de sustento como de demostración a sus afirmaciones. Por otra parte, conforme al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos consignados en medios electrónicos gozan de reconocimiento y validez absoluta. Consecuentemente, la exhibición en formato electrónico o digital de las constancias en que se apoya el informe justificado en el juicio de amparo, al constituir prueba plena, es suficiente para tener por cumplida la carga procesal de la autoridad responsable impuesta por el artículo 117 citado. Por lo anterior, si en un mismo órgano jurisdiccional se tramitan diversos amparos en los que los actos reclamados derivan de un mismo expediente administrativo, basta que la autoridad responsable presente, para uno de los juicios, un ejemplar impreso de las constancias que respalden lo aseverado en su informe justificado y, en formato electrónico o digital para los demás, siempre que se certifique la equivalencia en contenidos por el funcionario correspondiente, quien se responsabiliza de ese aspecto." Luego, y en atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico que genere el juicio de amparo en que se actúa, a través de la firma electrónica con el nombre de usuario "licmontesdeoca". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, de donde se advierte que a la fecha no obran en autos las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, que le fueron solicitadas a la Secretaría de Contraloría General del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad mediante oficio 795-IV de diez de febrero del año en curso del cual se advierte de la constancias de notificación que obra en autos que dicha autoridad fue debidamente notificada del proveído de mérito. En consecuencia, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días se sirva dar cumplimiento a dicho requerimiento, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de resolver la presente litis constitucional, apercibida que no hacerlo en su oportunidad se le aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con lo ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el articu8lo quinto transitorio del citado decreto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior e integrar debidamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
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