Luis Javier Alegre Salazar
Expediente 630/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gaston Alegre López
- Luis Javier Alegre Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
:. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 18 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por audiencia de seis de julio de dos mil veintidós, por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.
- Principal
:. En Cancún, Quintana Roo, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 630/2022-III del índice de este juzgado, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Diana Alejandra Ángel Zarate, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; entre las que se encuentran los informes justificados de las autoridades responsables, el Juez acuerda, téngase por hecha la relación de autos para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Funcionario Conciliador adscrito a la Oficina Estatal en el Estado de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció además la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mientras que las demás partes no presentaron algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza; luego, se ordena cerrar el período probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: se tienen por hechas las manifestaciones que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a manera de alegatos; luego, se declara cerrada esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez, acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 630/2022-III, promovido por 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, todos por conducto de su apoderado Raúl Alejandro Heredia Alba, contra actos del encargado de la Oficina Estatal en el Estado de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (en su denominación correcta), con sede en esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remitido por razón de turno en veintitrés siguiente a este juzgado de distrito, 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, todos por conducto de su apoderado Raúl Alejandro Heredia Alba, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1] encargado de la Oficina Estatal en el Estado de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (en su denominación correcta), 2] Conciliador y 3] Profesional de Servicios Especializados en Notificación, ambos adscritos a la Oficina Estatal en Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por considerarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hacen consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: - - - 1. La indebida Notificación del Acta de Multa en contra de mis representados, realizados por el C. Actuario adscrito al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Oficina Estatal de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, toda vez que dicha notificación no fue realizada conforme a los lineamientos del artículo 739 Ter, 742, 751 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. - - - 2. En consecuencia de la indebida citación, notificación y emplazamiento, se reclama igualmente el Acta de Multa determinada por la Autoridad Responsable en el que se resolvió multar a mi Representada.- - - 3. El probable e inminente procedimiento de ejecución en contra de mis represtados." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de veinticuatro de junio siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 630/2022-III se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento 597/2022 en el sentido de negar el presente juicio; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahoga al dictar esta sentencia, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de una autoridad laboral con ejecución en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del Profesional de Servicios Especializados en Notificación de la Oficina Estatal de Quintana Roo, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral: a) Las notificaciones de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente ROO/CJ/I/2021/000002 del índice de la Oficina Estatal de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la que se citó a la parte quejosa a una audiencia de conciliación a celebrarse el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en dicho asunto. b) Las constancias de notificación efectuadas el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en las que se comunicó a la parte quejosa la imposición de las multas precisadas en el inciso c). Del Encargado y Funcionario Conciliador, ambos de la Oficina Estatal en Quintana Roo, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral: c) Las actas de multa impuestas el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa por cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El 1] Encargado de la Oficina Estatal del Estado de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por si y en representación del 3] Profesional de Servicios Especializados en Notificación adscrito a la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Quintana Roo y 2] Funcionario Conciliador adscrito a la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, aceptan la existencia de los actos reclamados. En todo caso, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que fueron remitidas por el Funcionario Conciliador adscrito a la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, relativas al procedimiento ROO/CJ/I/2021/00002, documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, de las que se desprende lo siguiente: 1. Con fecha de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se apertura el procedimiento de conciliación, a solicitud de Paloma Crystal Saldívar Hadad, contra 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López, 5) Luis Javier Alegre Salazar, y la diversa persona moral Televisión y Radio Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que reclamaba el pago de diversas prestaciones, que fue radicada como expediente ROO/CJ/I/2021/000002 de su índice, por lo cual el funcionario conciliador emitió los citatorios correspondientes, a efecto de citar a las partes a celebrar la audiencia de conciliación señalada para el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Por notificaciones de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el notificador señalado como responsable notificó a las futuras demandadas, a fin de que comparecieran a la audiencia de conciliación programada. 3. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el funcionario conciliación celebró la audiencia de conciliación, a la cual compareció Paloma Crystal Saldívar Hadad (parte actora) y Priscila Francely Rosado Martínez, apoderada legal de Televisión y Radio Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable (parte demandada), en la que, a solicitud de las partes, se señaló nueva fecha y hora para una audiencia de conciliación, a saber, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno a las diez horas con treinta minutos; asimismo, se hizo constar la incomparecencia de las demás personas citadas, a pesar de estar debidamente notificadas. 4. Mediante actas de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el funcionario conciliador adscrito al Centro Federal de Conciliación, hizo constar que no comparecieron a la audiencia conciliadora los demandados 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado, e impuso una el monto de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a cada uno de los demandados. 5. Por cédulas de notificación de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se comunicó a los sancionados las multas impuestas. 6. Por su parte, mediante acta de audiencia de conciliación prejudicial de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo constar la comparecencia de Priscila Francely Rosado Martínez, como apoderada de 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, así como a una diversa persona moral; de igual manera compareció la parte actora, mismas que llegaron a un acuerdo conciliatorio y se ratificó el convenio al que llegaron la parte actora con una diversa persona moral, misma que se tuvo por cumplida el diez de diciembre de dos mil veintiuno, tal como se advierte de la constancia de cumplimiento de convenio, firma que fue firmado por las partes. Por tanto, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que provee: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Época: Octava Época Registro: 1002334 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 268 Página: 288 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Ahora, respecto a los actos reclamados precisados en el considerando tercero, de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, porque se cuestiona un acuerdo dictado un juicio oral civil. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora conviene recordar que los actos reclamados en este juicio de amparo son: a) Las notificaciones de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente ROO/CJ/I/2021/000002 del índice de la Oficina Estatal de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la que se citó a la parte quejosa a una audiencia de conciliación a celebrarse el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en dicho asunto. b) Las constancias de notificación efectuadas el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en las que se comunicó a la parte quejosa la imposición de las multas precisadas en el inciso c). c) Las actas de multa impuestas el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa por cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Precisado lo anterior, a fin de justificar el consentimiento tácito de los actos reclamados, se precisa que, de la fotocopia certificada de las constancias integrantes del expediente prejudicial antes precisado, a las cuales se les concedió el valor probatorio, se advierte lo siguiente: 1. Con fecha de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se apertura el procedimiento de conciliación, por la solicitante Paloma Crystal Saldívar Hadad, contra 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, así como la diversa persona moral Televisión y Radio Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que reclamaba el pago de diversas prestaciones; el cual fue radicado como expediente ROO/CJ/I/2021/000002 de su índice, por lo cual el funcionario conciliador emitió los citatorios correspondientes, a efecto de citar a las partes a celebrar la audiencia de conciliación señalada para el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. 2. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el funcionario conciliación celebró la audiencia de conciliación, a la que compareció Paloma Crystal Saldívar Hadad (parte actora) y Priscila Francely Rosado Martínez, apoderada de Televisión y Radio Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se determinó la incomparecencia de las demás personas citadas, aquí quejosas, y se fijó como nueva fecha de la audiencia de conciliación el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. 3. Posteriormente, a la nueva audiencia de conciliación prejudicial celebrada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, compareció Priscila Francely Rosado Martínez, como apoderada de la persona moral Televisión y Radio Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, y compareciendo como apoderada de los futuros demandados: 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, calidad que acreditó mediante las cartas poder otorgadas el tres de diciembre de dos mil veintiuno en su favor. De lo antes relacionado se obtiene que la parte quejosa 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, tuvieron conocimiento de los actos reclamados, por conducto de su apoderada legal Priscila Francely Rosado Martínez, desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que le confirieron un poder especial para actuar en su nombre ante las autoridades laborales. Pues si bien es cierto que desde esa fecha le fueron conferidos a Priscila Francely Rosado Martínez facultades de representación de los futuros demandados en el procedimiento de origen, lo cierto es que, a partir de ese momento estuvo legitimada para promover en representación de los intereses de sus nuevas representadas respecto de los actos relativos al procedimiento ROO/CJ/I/2021/000002 de los que tuvo conocimiento con anterioridad -desde que compareció a la audiencia celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno-. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 250651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 151-156, Sexta Parte, página 160 Tipo: Aislada REPRESENTANTES LEGALES DE UNA PERSONA MORAL, NOTIFICACION EN LO PERSONAL A LOS. Si un individuo tiene personalidad jurídica diversa como demandado en un juicio y como representante legal de un organismo o empresa, no implica lógicamente que ignore como representante legal lo que conoce como persona física; entonces, si al demandado en lo personal en el juicio de donde emanan los actos reclamados fue emplazado al mismo, es lógico entonces que con el carácter que ostenta de apoderado general de la persona moral también conozca la existencia de dicho juicio, sin que valga la sutileza de que no se le emplazó con tal carácter, puesto que es evidente que habiendo sido sometido a juicio en lo personal, por actos que ordenó como apoderado de la aludida persona moral, los cuales se le atribuyen, al haber sido emplazado, el mismo le fue hecho tanto en lo personal, como en su carácter de apoderado general de la persona moral." Entonces, si los quejosos 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, tuvieron conocimiento fehaciente de la existencia del expediente ROO/CJ/I/2021/000002 del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Cancún, Quintana Roo, del que derivan los actos reclamados en el presente juicio de amparo, por conducto de su apoderada, quien cuenta con las mismas facultades que un apoderado general para pleitos y cobranzas en términos de los artículos 2843 y 2810 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo de aplicación supletoria y 692, fracciones I y III de la Ley Federal de Trabajo , al menos desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, cuando los quejosos otorgaron poder amplío a Priscila Francely Rosado Martínez, para que los representara en la audiencia prejudicial señalada para el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento ROO/CJ/I/2021/000002 del índice de la responsable, apoderada que ya tenía pleno conocimiento de dicho juicio; es incuestionable que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea. En efecto, conforme a las reglas para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, se advierte que nos encontramos en la hipótesis señalada en el inciso b), relativa a que la parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; pues como se evidenció, conoció de la existencia del ROO/CJ/I/2021/000002 del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Cancún, Quintana Roo, a través de su apoderado. Luego, el plazo para la presentación de la demanda inició el día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos, a saber, el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Así, el plazo de quince días para presentar la demanda transcurrió del seis al veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, excluyéndose de ese cómputo el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda la presentó el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que los actos que aquí se reclaman se considera como consentidos para efectos del amparo, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que los actos reclamados no fueron combatidos dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, pues la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama, por conducto de su apoderada legal, desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo indirecto ha transcurrido en exceso. En esas condiciones, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por 1) Turquesa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) Turquesa Organización, Sociedad Anónima de Capital Variable, 3) Hotelera Intercaribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4) Gastón Alegre López y 5) Luis Javier Alegre Salazar, todos por conducto de su apoderado Raúl Alejandro Heredia Alba, contra los actos reclamados al 1] Encargado de la Oficina Estatal del Estado de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del 2] Profesional de Servicios Especializados en Notificación adscrito a la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Quintana Roo y 3] Funcionario Conciliador adscrito a la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando tercero por los motivos expuestos en el quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
:. Agréguese a los autos el pedimento con número de registro 12748, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado Federal; visto su contenido, téngansele por hechas sus manifestaciones, y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a su solicitud de expedir fotocopias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea dictada la resolución respectiva, se le expedirán fotocopias certificadas de la misma.
- Principal
:. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables i) Encargado de la Oficina Estatal del Estado de Quintana Roo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por si y en representación del ii) Profesional de Servicios Especializados en Notificación adscrito a la Oficina Estatal del Centro Federal de conciliación y Registro Laboral en el Estado de Quintana Roo y iii) Funcionario Conciliador adscrito a la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, el cual se puso a la vista de las partes en proveído de doce de julio de dos mil veintidós. Por tanto, al transcurrir aún el término señalado en el párrafo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta data y se señalan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, para su celebración.
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