Luis Issac Ortega Mendoza

Expediente 762/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
762/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2017

Partes del expediente

  • Luis Issac Ortega Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguense a los autos, los informes rendidos por las autoridades relacionadas en el siguiente recuadro: Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Norte I, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Atención Temprana del Segundo Turno, en esta ciudad. Sin que haya lugar hacer pronunciamiento, dado que en auto de veintidós de septiembre del año en curso (foja 18), causó estado el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo.

  2. Principal

    Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial la razón actuarial de veintiuno de este mes y año (foja 15), de la que se desprende que el quejoso directo ***, no ratificó la demanda de amparo que interpuso en su favor ***, la cual se plasma para mayor ilustración: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y dada la voluntad manifiesta por el quejoso ante el funcionario judicial, como consta en el acta de notificación, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este asunto. Ahora bien, resulta claro que el quejoso directo al manifestar su voluntad de no ratificar la demanda interpuesta en su favor, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido. Toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, agréguense los informes rendidos por las autoridades responsables Coordinador de la Unidad de Atención Temprana y Delegado, ambos de la Fiscalía General del Estado, en la Región Norte I, con residencia en esta ciudad, sin que haya lugar hacer pronunciamiento, dado lo acordado en párrafos que anteceden.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso I. Presentación de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por *** en representación de ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Coordinador de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, , y otras autoridades. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 762/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). II. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 1. Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. 2. Si la detención de la parte quejosa fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de este último; o Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sea puesto inmediatamente en libertad. 3. Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el directo quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 4. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 5. Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o la tenga a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al quejoso, desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición del representante social. 6. No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 7. Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 8. Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que ésta sea sometido. 9. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeta, pues tampoco puede ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. III. Cumplimiento de la suspensión Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Se comunica a las autoridades responsables de carácter policíaco, que el presente mandamiento judicial se dirige a tales dependencias en sí mismas, por lo que tienen alcance para todos los grupos o unidades que las conformen. Al respecto, es aplicable la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: *** Las autoridades responsables dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberán rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fue detenido el quejoso, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado; asimismo, deberán informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar al detenido, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 262.- Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.) V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso directo ***; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. IV. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad (Palacio de Justicia), o bien, en cualquier otro centro de detención de esta localidad, en aras de lograr la ubicación del quejoso directo ***; una vez localizado; se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 1. Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 2. Dé fe del estado físico del quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, incomunicación, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentre y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 3. Dé cuenta de inmediato para que este Juzgador se encuentre en aptitud de proveer lo conducente a la asistencia médica y demás medidas de atención que, en su caso, requiera al detenido. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo , solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 4. Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgador para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa por el equivalente de cincuenta a mil veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se hará la denuncia ante el Ministerio Público Federal. Atento a lo manifestado, se estima innecesario tramitar el incidente de suspensión solicitado en la demanda respecto a los actos reclamados, en razón de que la suspensión de plano concedida es equiparable a la definitiva, de conformidad con lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 1/96 (8A), publicada en la página setenta y tres, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época, mil novecientos noventa y seis, que dice: *** V. Autorizados y Domicilio. Se tienen como autorizado en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Alfredo Alba de Hoyos, y como domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico ubicado en calle Guanacastle, número 2314, colonia Ácoros, en esta ciudad. VI. Días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios que se les adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. VII. Autorización del Actuario. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada.

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