Luis Israel Trujillo Dávila

Expediente 253/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 24 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
253/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Luis Israel Trujillo Dávila
  • Abel Pliego Ricardo y otros
  • María Rodríguez Puente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Juicio de Amparo Directo

    {...} DEVUÉLVANSE LOS AUTOS AL ARCHIVO {...}

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaría de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que únicamente la parte tercero interesada ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve ; este órgano jurisdiccional resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. Los efectos de ese otorgamiento consisten en lo siguiente: «(.) CONSIDERANDO (.) A propósito del otorgamiento del amparo, el tribunal señalado como autoridad responsable, deberá efectuar las actuaciones siguientes: 1. Dejar sin efectos la sentencia reclamada, dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el recurso de revisión 1379/2017. 2. Emitir otra en la que, reitere la revocación del sobreseimiento decretado en la sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; y, 3 Hecho lo anterior, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, pero atendiendo a lo efectivamente planteado por el recurrente, esto es, deberá estudiar la procedencia de todas las pretensiones del recurrente -reincorporación en el servicio y pago de los periodos de prestaciones-. Sin soslayar que si la autoridad responsable, estima que el estudio de uno o algunos de los conceptos de nulidad, es suficiente para acreditar la invalidez de la resolución impugnada (atendiendo al principio de mayor beneficio), podrá prescindir del examen de los restantes. (.)». [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. En cumplimiento a dicha ejecutoria, mediante oficio TJA/SS/II/01841/2019, de siete de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaria General de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma fecha, de la que se advierte que se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente : «(.) III. En cumplimiento a la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo 253/2018, esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, deja insubsistente la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el recurso de revisión 1379/2017. IV.- Se procede con el estudio de las manifestaciones en forma de agravios que hizo valer Luis Israel Trujillo Dávila, en el recurso de revisión que se resuelve, en el que esencialmente refiere lo siguiente: Solicita que se consideren los antecedentes del caso en particular, como lo son las pretensiones que ha solicitado desde el inicio del asunto, consistentes en que se le reincorpore al servicio como Agente de la Policía Ministerial del Estado de México, al haber concluido la medida cautelar de prisión preventiva, y si bien es cierto, que desde el uno de octubre de dos mil dieciséis se le realizó la reasignación al servicio, también es verdad que no goza de las mismas condiciones laborales en las que se encontraba hasta antes de ser privado de su libertad con la imposición de la medida cautelar antes citada y que se siguen exigiendo hasta este momento, aun cuando la autoridad demandada lo acordara como procedente; asimismo, el pago de las prestaciones que dejó de percibir durante todo el tiempo que se prolongó la citada medida cautelar como sigue: a) el pago comprendido entre el veintitrés de noviembre de dos mil trece al tres de noviembre de dos mil quince, paso que duró la medida cautelar de prisión preventiva y b) el pago comprendido entre el cuatro de noviembre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, tiempo que ocupó la autoridad enjuiciada para la reasignación al servicio. En razón de lo anterior, le causa agravio que el A quo haya sobreseído el juicio de origen, al haber interpretado de manera incorrecta los alegatos que hizo valer, en los que refirió que la petición al servicio como Agente de la Policía Ministerial, perteneciente a la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya había quedado satisfecha, pues ya había sido reincorporado al servicio como Agente de la Policía Ministerial del Estado de México, lo que se hizo saber a fin de demostrar al A quo, que tal determinación se llevó a cabo por la declaración de invalidez del procedimiento administrativo CI/PGJEM/OF/055/2015, por la propia autoridad demandada y no por resolución jurisdiccional; además de que tales alegatos no implican el desistimiento de la acción de nulidad ejercida, ya que el actor ha promovido el asunto en concreto, a efecto de que se le restituyan las condiciones laborales y le sean pagados los haberes que dejó de percibir en el tiempo en que fue suspendido de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, ya que la autoridad ha violentado sus derechos, pues desde que fue restituido de nueva cuenta al servicio, no ha respetado las condiciones laborales de las que gozaba hasta antes de que fuera privado de su libertad como medida cautelar, en la causa penal en la que se vio inmiscuido, violentando así su antigüedad laboral, los haberes ganados por servicio, adscripción en el servicio y demás prestaciones económicas que dejó de percibir al reincorporarse al servicio. Que las condiciones con las que nuevamente fue reincorporado al servicio no son las mismas, ya que se encuentra reincorporado al servicio como servidor público de nuevo ingreso, cuando su antigüedad se remonta desde el dos mil, porque resulta inverosímil que el A quo estime que el actor se desistió de su acción, cuando es evidente que su pretensión es que se le reconozcan sus derechos y se les restituya. Conceptos de agravio que al ser comparados con la sentencia de mérito, así como con el cúmulo de actuaciones que conforman el juicio administrativo 681/2016, permiten establecer que resultan parcialmente fundados pero suficientes para revocar el fallo recurrido. (.) Así las cosas, mediante escrito de petición de cinco de febrero de dos mil dieciséis, Luis Israel Trujillo Dávila solicitó al entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, restituirlo en ". todos y cada uno de sus derechos, por haber estado 'suspendido' por el motivo de haber sido vinculado a proceso penal, de manera injusta y arbitraria. 1.- la reincorporación al servicio como Agente de la Policía Ministerial. 2.- solicito el pago de las prestaciones que dejé de recibir, en el tiempo que duró en su totalidad la medida cautelar de prisión preventiva, y hasta el momento que resuelva el presente asunto.", lo anterior, al habérsele impuesto como medida cautelar la prisión preventiva, desde el veintiséis de noviembre de dos mil trece, hasta el tres de noviembre de dos mil quince, fecha en la que se dictó sentencia absolutoria en la causa penal 241/2014. (.) Luego, resulta evidente que la determinación adoptada por el Magistrado Regional de sobreseer en el juicio administrativo 681/2016, deviene en desacertada jurídicamente, pues si bien una de las pretensiones hechas valer por Luis Israel Trujillo Dávila había sido satisfecha por la autoridad demandada -la reincorporación en el servicio- y el hecho de pronunciarse acerca del procedimiento administrativo CI/PGJEM/OF/055/2015 había quedado sin materia al haberse invalidado el mismo por parte de la autoridad instructora, entonces, el A quo debió dilucidar lo concerniente a la pretensión restante propuesta por el particular -el pago de las prestaciones que dejó de percibir por el tiempo que estuvo suspendido en el empleo que ocupaba en el servicio público y hasta el momento en que fuera reincorporado en el mismo-. (.) Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, resulta procedente revocar la sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 681/2016, únicamente para levantar el sobreseimiento decretado en el mismo y estudiar si efectivamente la reasignación del servicio fue acorde con lo solicitado por el actor en su escrito petitorio, así como la pretensión consistente en el pago de las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido del empleo que ocupaba como Agente de la Policía Ministerial y hasta la fecha en que la suspensión quedó sin efectos. V. En este orden de ideas, de inicio es importante señalar que por cuanto hace a la pretensión del actor solicitada mediante escrito de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, referente a la asignación de servicio que ejercía como Agente de la Policía Ministerial en la Fiscalía Especializada de Secuestros Valle de México, hasta antes de que se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva en la causa de juicio penal 241/2014, tenemos que el actor en su escrito inicial de demanda señaló que al día de presentación de dicha demanda aún no se le había asignado servicio, a pesar de que existió dentro de la resolución controvertida la promesa de asignación al servicio. (.) Por lo que al realizar el análisis de las constancias que obran en autos del juicio principal, se observa que a fojas doscientos cuarenta y siete a doscientos noventa y cinco obra la copia certificada de la sentencia absolutoria de fecha tres de noviembre de dos mil quince, en la que en su Considerando Cuarto, sexto punto, se precisó que Luis Israel Trujillo Dávila, era Agente de la Policía Ministerial, adscrito a la Fiscalía Especializada de Secuestros del Valle de México; por otra parte, de las copias certificadas del expediente formado con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa número CI/PGJEM/OF/055/2015 instaurado, entre otros, en contra del impetrante, se advierte que a foja ciento cuarenta y dos obra el oficio número 213420100/2574/2015, de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, a través del cual la Subdirectora de Administración de Personal informa al Jefe del Departamento de Responsabilidades adscrito a la Contraloría Interna de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los antecedentes personales y laborales, sueldo base presupuestal, grado máximo de estudios, adscripción y/o comisión actual, C.U.R.P., R.F.C., de diversos servidores públicos, entre los que se ubica Luis Israel Trujillo Dávila, del cual señaló: (.) Es decir, la autoridad demandada no acató el contenido del artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, vigente en la época de los hechos, que en lo que nos interesa, establece que la restitución de derechos comprende la reincorporación al servicio y el pago de las prestaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables, sin que proceda el pago de salarios caídos durante el tiempo que haya durado la suspensión del servicio; es decir, la asignación del servicio realizada a la parte actora debió ser en las mismas condiciones en las que éste se desempeñaba hasta antes de ser sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, sin que éstas puedan variar. Ahora bien, por cuanto hace al pago demandado por el actor inconforme, consistente en dos periodos, a saber: a) El que comprende el tiempo que duró la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, del veintitrés de noviembre del año dos mil trece al tres de noviembre de dos mil quince; y b) El transcurrido del cuatro de noviembre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, tiempo que asegura el actor, que fue el que ocupó la autoridad demandada para reasignarlo al servicio. (.) Consecuentemente, resulta necesario concluir que el pago de las prestaciones demandadas por Luis Israel Trujillo Dávila deviene improcedente, en virtud de que durante el tiempo que estuvo suspendido en su puesto como Agente de Policía Ministerial, adscrito a la Fiscalía Especializada en Secuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, no generó deber alguno para con el Gobierno Estatal y éste para con aquél, dado el estado de suspensión de la relación administrativa que guardaban. Únicamente, de acuerdo al artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, vigente en la época de los hechos, la autoridad responsable se encontraba constreñida a restituir al quejoso en sus derechos, a través de la reincorporación del demandante en el puesto que desempeñaba en el servicio público en el que fue suspendido, sin menoscabar ni desconocer los derechos que ya había adquirido por el transcurso del tiempo por desempeñar dicho empleo. Finalmente, por cuanto hace al inciso b), es decir, al pago de las prestaciones que dejó de percibir el actor por cuanto hace al segundo periodo transcurrido del cuatro de noviembre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, tiempo que asegura el impetrante, fue el que ocupó la autoridad demandada para reasignarlo al servicio, se precisa: (.) Por lo que se concluye que el acto impugnado consistente en el oficio de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Director General Jurídico y Consultivo de la Subprocuraduría Jurídica de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, transgrede en perjuicio del actor el contenido del artículo 274 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud de que, como ya quedó establecido en párrafos anteriores, la autoridad demandada omitió verter argumento respecto al pago de las prestaciones que solicitó el actor "y hasta que se resuelva el presente asunto", es decir, hasta que se le reasigne el servicio, lo cual trascendió en el sentido de la determinación vertida por la enjuiciada en el acto impugnado, máxime que dicho pago sí resulta procedente, únicamente por el periodo del cinco de febrero al treinta y uno de septiembre, ambos del año dos mil dieciséis; asimismo, al dictarse el acto combatido en contravención de las disposiciones aplicables al caso, como lo es el artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, vigente en la época de los hechos, en cuanto al fondo del asunto. En consecuencia esta Segunda Sección de la Sala Superior determina procedente declarar la invalidez del oficio de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Director General Jurídico y Consultivo de la Subprocuraduría Jurídica de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por las razones y fundamentos legales vertidos con antelación. (.) VII.- En diverso orden de ideas, ante la conclusión alcanzada, a nada práctico conlleva el estudio de los restantes conceptos de nulidad vertidos por la parte actora en el juicio principal, al resultar suficientes los que fueron objeto de estudio en la presente determinación jurisdiccional. (.) RESUELVE PRIMERO.- Atendiendo los lineamientos de la ejecutoria del amparo directo 253/2018, se deja insubsistente la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el recurso de revisión 1379/2017, dictada por esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en términos de los Considerandos II y III de la presente decisión. SEGUNDO.- Se revoca la sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Tercera Sala Regional de este Tribunal, en el expediente del juicio administrativo 681/2016, con base en las consideraciones vertidas en la parte conducente de la presente resolución. TERCERO.- Se declara la invalidez del oficio de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Director General Jurídico y Consultivo de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de acuerdo a las razones expuestas en el Considerando V del fallo jurisdiccional que se emite. CUARTO.- Se ordena al Director General Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dar total cumplimiento a lo establecido en el VI Considerando de esta sentencia. (.)». [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Del contenido de dicha sentencia, cuya copia certificada se tiene a la vista, se observa que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, puesto que realizó lo siguiente: 1.- Dejó sin efectos la sentencia reclamada; 2.- Dictó otra en la que reiteró la revocación del sobreseimiento decretado en la sentencia primigenia y, se pronunció respecto a todas las pretensiones del recurrente, esto es, atendió aquellos aspectos en los que el aquí quejoso demandó que le correspondía su reincorporación en el mismo servicio que ejercía y el pago de los periodos de prestaciones. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. No pasan inadvertidas las manifestaciones que hizo valer la parte tercero interesada, en términos del escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en los que en lo sustancial aduce lo siguiente: - Que la sala responsable se excedió e incurrió en defectos al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. - Que es incorrecto que este órgano colegiado haya estimado fundados los conceptos de violación referentes a que el quejoso no ha sido reincorporado a sus servicios con las mismas pretensiones que tenía anteriormente a que se le impusiera una medida cautelar. Lo anterior en razón de que al restituirle al aquí quejoso en sus mismas condiciones de trabajo, únicamente se le cambió de adscripción por cuestiones de necesidades en el servicio. - Que es erróneo que la autoridad responsable haya declarado la invalidez del acto impugnado, en razón de que éste, contrario a lo sostenido en la sentencia dictada en cumplimiento, fue emitido de manera fundada y motivada. - Que la sala, equivocadamente, determinó que no se le había contestado una de las prestaciones solicitadas en su escrito de petición (aquéllas que dejó de recibir del cuatro de noviembre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciséis), ya que ésta nunca le fue solicitada ni en su escrito de petición, ni en su demanda de nulidad. - Que debe ser declarado improcedente el pago de las percepciones solicitadas hasta antes de su reingreso, en razón de la existencia de un procedimiento administrativo instaurado en su contra. Planteamientos que en nada varían la determinación aquí ya establecida (que está cumplida la ejecutoria). Así es, pues como se expuso en líneas anteriores, los efectos del amparo otorgado, y la materia de la presente resolución, fueron únicamente para que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, y emitiera otra en la que, después de reiterar la revocación del sobreseimiento, con libertad de jurisdicción, resolviera respecto de las pretensiones del recurrente, las cuales fueron la reincorporación en el servicio y el pago de dos periodos de prestaciones. Situación que en el caso, tal y como se expuso en líneas precedentes, sí aconteció. Lo anterior, aunado a que los argumentos que hace valer la tercero interesada, no pueden ser materia de análisis en esta resolución, dado que, en inicio, a través de la presente no es jurídicamente posible establecer que el pleno de este tribunal colegiado actuó de manera incorrecta al calificar de fundados los argumentos del quejoso para otorgar el amparo, y en segundo lugar, ésta no es la vía para impugnar las consideraciones que sostuvo la sala al dar contestación a las pretensiones del referido quejoso, pues éstas, no constituyen el núcleo del otorgamiento del amparo, pues hay que recordar que éste se concedió únicamente para que se diera respuesta a esas pretensiones. En vista de lo anterior, con las precisiones destacadas, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, sin que se aprecie que hubiese incurrido en exceso o defecto alguno al cumplir con dicha ejecutoria. Al respecto, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis, este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable hubiese incurrido en exceso o defecto alguno, porque al proceder en el sentido en que lo hizo, la autoridad responsable, restableció las cosas al estado que guardaban antes de la violación denunciada por la parte quejosa, ajustándose únicamente a llevar a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida; en consecuencia, SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO para los efectos legales a que haya lugar. Infórmese a las partes, quejosa y tercero interesados que cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, mismo que se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete al Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del tribunal Colegiado; por lo que, una vez que transcurra el término mencionado, acuérdese lo conducente en relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el numeral 214 de la ley en cita. Para los para los fines antes indicados, notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso, y mediante oficio a los terceros interesados. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese a las partes, en los términos indicados.

  4. Amparo en revisión

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del oficio por el que se remitió testimonio de la resolución dictada en el presente asunto y los autos originales del juicio de amparo indirecto 1028/2018, descritos en el oficio de cuenta. En razón de que este asunto se resolvió, mediante sesión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, y su punto resolutivo es: "ÚNICO. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por Antonio Zacarías Bustamante". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atento a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que el presente expediente no tiene relevancia documental y es destruible, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaría de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos. . Gpo.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito · 1,817 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano