Luis Israel Martinez Morales

Expediente 1695/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 37 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1695/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Israel Martinez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación al quejoso de la resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, no obstante de que proporcionó nombre de usuario: "hectoravaldezr". Zapopan, Jalisco, diez de febrero de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1695/2020, promovido por Luis Israel Martinez Morales, contra actos de la M.C.D Edwin Romero Cortes, en su caracter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, Karla Berenice Melchor Salazar, en su Caracter de Sindico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, Francisco Javier Gonzalez Guerrero, en su caracter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco y Gabriela Huerta Zavala, en su caracter de Directora de Apremios del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Luis Israel Martinez Morales, por su propio derecho, el doce de diciembre de dos mil veinte, vía buzón judicial, presentó demanda de amparo indirecto contra actos y autoridades precisados en la propia demanda. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1695/2020; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Publico Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Asimismo, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo por los actos y autoridades precisados en el escrito relativo, consistentes, en síntesis en: "la ilegal resolución definitiva de diez de julio de dos mil diecinueve, que obra dentro de las actuaciones del procedimiento COMUR-TUX/004/10/2018-MEL31". C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; adicionado por el Acuerdo General 03/2021. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en la orden de despojo del inmueble del inmueble ubicado en la calle Atenquique número 39, colonia Camino Real, Tuxpan, Jalisco. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y Directora de Apremios, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, no obstante de que al momento de rendir su informe justificado lo hubieran negado; sin embargo, de las manifestaciones que realizan se advierte lo contrario. CUARTO. Improcedencia. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, puesto que se determina que sobrevino la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo que, dispone lo siguiente: 1 Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Por su parte, el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así, por cuestión de orden, resulta pertinente precisar que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, en el párrafo cuarto, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución vigente, que constituye la base constitucional de la actual redacción del artículo 5 de la Ley de Amparo, reglamentaria de aquél precepto, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, tenga un interés jurídico. De ese modo, el concepto titularidad de un derecho subjetivo, está asociada al interés jurídico. Por tanto, es plausible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. En suma, tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, para que proceda la acción constitucional es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que la persona que ejerce la acción constitucional, es la titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa. De donde se colige que si una persona tercera extraña a un procedimiento aduce que se afectaron los derechos de posesión que manifiesta ejercer sobre un bien determinado, para que éstos puedan ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa, que genere, a su favor, con anterioridad a la emisión del acto reclamado, el derecho a la posesión, ya sea originaria o derivada, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, pues la simple tenencia material de la cosa no es tutelada por el derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 Constitucional. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de amparo, sino que ello debe resolverse ante las autoridades del orden común. De tal suerte, que para acreditar el interés jurídico que haga procedente el juicio de amparo, cuando exista conflicto entre las partes respecto de la propiedad del bien cuya afectación se reclama, el accionante constitucional debe demostrar, fehacientemente, que detenta la posesión material del bien, con las características de permanencia, continuidad y actualidad. De los medios de convicción que obran en el presente sumario constitucional se advierte que la parte quejosa mediante convenio de recuperación realizado con el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, se autorizó a la parte quejosa al pago de un crédito para poner en propiedad la finca ubicada en la calle Atenquique número 39, colonia Camino Real, Tuxpan, Jalisco. Posteriormente, ante el no pago de diversas mensualidades se rescindió dicho contrato y se inició el procedimiento en términos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, una vez dictado el dictamen de SERGIO CASTILLO OBRIEN acreditación se declaró a Gloria Barajas Montaño, en condiciones de adquirir en propiedad, la finca mencionada. Mismo, que se materializó con el contrato preliminar de compraventa celebrado el catorce de mayo de dos mil diecinueve. Además de que en autos también obra copia certificada del testimonio número cuarenta y ocho mil doscientos treinta y uno pasado ante la fe del notario público número Uno de Tuxpan, Jalisco, de donde se advierte el contrato de compraventa de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, entre Gloria Barajas Montaño, y Isaías Ortíz Barajas, del inmueble materia del acto reclamado. Como se ve, en el presente juicio de amparo existe una controversia de propiedad entre la quejosa y Isaías Ortíz Barajas (éste último actual dueño de la finca) en tanto que se advierte que la propiedad del inmueble que aduce el quejoso, fue trasladada a su vez a la persona mencionada; por lo que si la peticionario de amparo invocó conculcados, en su perjuicio, los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el procedimiento de origen, en donde es persona extraña, las autoridades responsables lo pretenden privar de los derechos de propiedad que manifiesta ejercer, sobre el inmueble muchas veces mencionado; es claro que debió acreditar fehacientemente, que detenta la posesión material, con las características de permanencia, continuidad y actualidad, de aquél; lo que, en la especie, no aconteció, como se precisará a continuación. El accionante constitucional para acreditar su interés jurídico aportó al sumario constitucional, como elementos de convicción el convenio de recuperación realizado con el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, se autorizó a la parte quejosa al pago de un crédito para poner en propiedad la finca ubicada en la calle Atenquique número 39, colonia Camino Real, Tuxpan, Jalisco. Sin embargo, dicho medio probatorio es insuficiente para justificar plenamente que detenta la posesión material del inmueble que reclama a título de propietario, en tanto que de su contenido en forma alguna prueban que la parte quejosa se encuentre en posesión del mismo. Esto es así, ya que en el juicio de amparo debe probarse fehacientemente, que la parte quejosa ejerce un poder de hecho sobre el inmueble del que dice va a ser desposeída. Por tanto, el quejoso debió aportar pruebas para justificar fehacientemente la posesión material, con las características de permanencia, continuidad y actualidad, necesarios para que pueda ser tutelada a través del juicio de amparo, como es la testimonial, que si bien, no es el único medio por el que pudo evidenciar dicha circunstancia, sí es la prueba idónea para justificar plenamente la posesión de un inmueble; probanza que no fue ofertada dentro de este juicio de amparo. Por ende, para tener por acreditado el interés jurídico no basta la exhibición de los documentos a través de los cuales pretende justificar la propiedad que sostiene tener, sino que debe actualizarse y justificarse plenamente la posesión material del inmueble y no inferirse con base en indicios. Por ende, como la peticionaria del amparo no acreditó la posesión material del inmueble multicitado, es inconcuso que no se comprueba el interés jurídico para promover el juicio constitucional, el cual, como se dijo, debe probarse en forma plena y no inferirse con base en indicios. A mayor abundamiento, cabe decir que no sería dable favorecer a la peticionaria considerando solamente el derecho de propiedad sobre el inmueble controvertido, toda vez que, por la naturaleza del litigio generador de los actos reclamados, el pronunciamiento que se hiciera en la instancia constitucional resultaría ilusorio, en la medida que no tendría efectos definitivos, mucho menos el alcance de evitar las consecuencias del juicio de origen, de invalidar los documentos ahí exhibidos o de hacer prevalecer el título del promovente, precisamente porque el convenio en que se sustenta no ha sido sometido al análisis de la potestad común, ni confrontado con los exhibidos en ese procedimiento, a fin de que se determinara sobre su eficacia y, por lo mismo, a quién corresponde la titularidad del derecho. Es menester, por tanto, que se diluciden esos aspectos en la contienda ordinaria correspondiente; ello conforme a las tesis invocadas al inicio del presente considerando. Luego, de otorgar eficacia demostrativa plena al convenio allegado necesariamente se le reconocería como propietaria en detrimento de los documentos aportados en el presente juicio de amparo de los que se advierta que el actual propietario es una diversa persona y ello evidentemente implica que para resolver la pretensión de la solicitante de amparo, se tendría que hacer un estudio comparativo de ambos títulos de propiedad y un pronunciamiento en torno a cuál reviste mayor eficacia, así sea para los estrictos términos del juicio de amparo; lo cual no es factible dada la naturaleza del procedimiento constitucional, sino que ello, debe ser materia del juicio contradictorio correspondiente ante la jurisdicción común. Ya que dicho criterio judicial debe entenderse en el sentido de que el juez constitucional debe analizar si el título exhibido por el quejoso para acreditar el derecho que dice tener sobre el bien que defiende y su interés jurídico, es efectivamente eficaz para establecer, únicamente para los efectos del juicio de amparo, si existe o no dicha titularidad; pero dicho criterio no se ocupa de aquellos casos en los que además del quejoso, la parte tercero interesada también detenta ser propietario o tener un derecho de igual calidad que el del quejoso respecto del bien que éste defiende, pues en ese evento es obvio que cualquier declaración que el juzgador haga en torno al mismo derecho que ambas partes aducen, implicaría necesariamente el desconocimiento del derecho que la otra parte afirma, cuando ambos exhiben títulos que formalmente son eficaces para tenerlo por acreditado, como en la especie acontece. En las relatadas condiciones, es que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados en estudio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. No es obstáculo a la anterior determinación el hecho de que la parte quejosa hubiese exhibido como medios de convicción copia certificada de un convenio de recuperación de diecisiete de diciembre de dos mil doce, celebrado entre el aquí quejoso y el Municipio de Tuxpan, Jalisco, así como diversos recibos de pago derivados del cumplimiento del citado convenio (mismos que merecen valor demostrativo pleno al tenor de los artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), pues dichos documentos únicamente abonan a sostener el sentido de la resolución dictada, pues de ellos se deriva que la privación del inmueble de la que en apariencia fue objeto el quejoso, se dio en virtud de la relación contractual nacida del citado convenio de recuperación del cual incluso en su ultima de las clausula acordaron que la interpretación o controversia se sujetaría a los Tribunales del Primer Partido Judicial, de ahí que resulte claro que todo lo relacionado con el convenio de recuperación en cita se deberá ventilar en sede común, como se estableció en la presente resolución. En ese sentido, ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Visto el escrito signado por , atento a su contenido, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y con apoyo en el artículo 5o., fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado por su propio derecho al presente juicio con el carácter de tercero interesado. Asimismo téngasele señalando los estrados de este órgano jurisdiccional, a afecto de recibir notificaciones. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.

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