Luis Israel Arenas Villagomez
Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Luis Israel Arenas Villagomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo número 666/2022 y remite testimonio de la ejecutoria de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión número 385/2022, la cual, en sus puntos resolutivos se determinó: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el resultando primero dela presente ejecutoria, por las razones expuestas en el último considerando." Se acusa recibo de estilo correspondiente a la superioridad. Integración del cuaderno de antecedentes, notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las restantes son copias simples de actuaciones que obran en autos y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de anexos. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el que se admitió el recurso de revisión interpuesto por ******************** ********************, contra la sentencia terminada de dictar el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, registrado con el número de expediente ******************** Lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintidós. Parte quejosa interpone recurso de revisión Agréguese a los autos el escrito firmado por **** a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de dictar el veintitrés de agosto de dos mil veintidós en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión y notificación a las partes En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, esto es, a las autoridades responsables, tercero interesado y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Remisión del citado medio de impugnación Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada y al Agente del Ministerio Público de la adscripción.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 666/2022, promovido por ******************** por propio derecho; R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El diecisiete de mayo de dos mil veintidós. II Admisión de la demanda. El veinte de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda contra actos reclamados a la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. IV Emplazamiento al tercero interesado: El treinta de mayo de dos mil veintidós. V Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos se hace consistir en: a La resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós dictada en la toca civil *****formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de quince de octubre de dos mil veintiuno emitida en el expediente *****, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en la cual se aprobó el remate en primera almoneda III Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, pues el Magistrado Presidente de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así lo manifestó al rendir su informe justificado; además se corrobora con las constancias que anexó al mismo, consistente en copia certificada del expediente ********************y de la toca civil *****, documentales que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo IV Causas de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 sustentada por este tribunal, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en sentido contrario. Los citados preceptos normativos son del orden siguiente: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: "XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley" "Artículo 107 El amparo indirecto procede: IV Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Así, del primer precepto normativo en cita se sigue que el juicio de amparo es improcedente en los casos que así se desprenda de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo Mientras que del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que entre los actos emitidos después de concluido un juicio pueden distinguirse tres hipótesis distintas, a saber: a Los actos judiciales dictados después de concluido el juicio, que son aquellos que tienen autonomía propia porque no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; actos regulados en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; b Los actos relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, entendidos como los actos que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; en ese caso, el amparo procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los 3 siguientes: I. El que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, II. El que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o III El que ordena archivo del expediente; actos regulados en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y c Los actos emitidos en la etapa de remate del bien materia del juicio principal, en cuyo caso sólo podrá promoverse el juicio de amparo en contra del acto que ordene, esto es requiera al ejecutado indistintamente de la escrituración y/o entrega del bien adjudicado; actos regulados en el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo De manera que, como se ve, la hipótesis marcada con el inciso c) es la que se actualiza en el juicio de origen, pues el acto reclamado se relaciona precisamente con la aprobación del remate en primera almoneda en los autos del juicio hipotecario de origen. Por otra parte, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que al disponer el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo la conjunción "y" cuando prevé que por última resolución se entiende la que ordena la escrituración del inmueble rematado y la entrega del mismo, se puede generar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la justicia, pues habrá ocasiones en que la autoridad responsable ordene la escrituración del inmueble, pero omita dictar su orden de entrega, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio natural y a su vez obstaculizaría el acceso a la justicia constitucional al no reunirse las dos condiciones de procedencia para ello. Por lo anterior, el Alto Tribunal determinó que, para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en procedimientos de remate, por última resolución en el procedimiento debe entenderse la que, de manera indistinta: a Ordena la escrituración del inmueble rematado o bien, b Ordena la entrega del propio inmueble. El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal con registro 2011474, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto: "REMATE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial" Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia 1a/J. 57/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, de rubro y texto siguientes: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo" Sentado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia precisada, porque la resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno dictada por la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la cual aprobó el remate en primera almoneda en el juicio especial hipotecario ******************** que dio origen al recurso de apelación de donde emana el acto reclamado-no es la última resolución en el citado procedimiento de remate Ello es así, porque si bien en la referida resolución se aprobó el remate en primera almoneda y se adjudicó el bien inmueble hipotecado a favor de la parte actora, ******************** lo cierto es que la misma no corresponde ni a la determinación que ordena la escrituración del citado bien inmueble ni a la que ordena su entrega material Además, para efecto de corroborar lo anterior, igualmente debe considerarse lo dispuesto en el artículo 752 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de texto siguiente: "ARTÍCULO 752 Resolución acerca del remate. Dentro de los tres días que sigan a la fecha del remate, el Juez dictará auto resolviendo si es de aprobarse o no la almoneda. Aprobado el remate, ordenará el otorgamiento de la escritura de adjudicación de los bienes, y prevendrá al comprador que consigne ante el propio Juez el precio del remate En caso de que el comprador no consignare el precio en el plazo que el Juez señalare o si por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiere celebrado, perdiendo el postor el depósito de garantía que hubiere otorgado, del cual se aplicará por vía de indemnización repartiéndolo entre el ejecutante y ejecutado Consignado el precio, se hará saber al deudor que dentro del tercer día otorgue la escritura de venta a favor del comprador, apercibido de que, de no hacerlo, el Juez lo hará en su rebeldía, haciéndolo constar así En ese orden, si bien el citado precepto dispone que aprobado el remate en el juicio, el juez ordenará el otorgamiento de la escritura de los bienes y requerirá al comprador para que consigne el precio respectivo, también prevé que en caso de que el postor no consigne el precio en el plazo fijado por el juez o si por culpa de este dejara de tener efecto la venta, se procederá a la celebración de una nueva subasta como si la anterior no se hubiera celebrado, perdiendo el referido postor el depósito otorgado en garantía, el cual será repartido entre el ejecutado y el ejecutante. De manera que, en el caso, aun cuando el bien inmueble rematado fue adjudicado al actor ********************mediante la resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno, lo cierto es que aún pueden presentarse circunstancias que impidan la emisión de la orden de escrituración o de entrega del bien, caso en el cual será necesaria la celebración de una nueva subasta. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. En consecuencia, al decretarse el sobreseimiento en esta instancia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia en el juicio de amparo son de naturaleza preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II 3 J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente" Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso ******************** por lo motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia Notifíquese personalmente
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