Luis Inocencio Coronado Diaz
Expediente 718/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/09/2023
Partes del expediente
- Luis Inocencio Coronado Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en este asunto; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificada, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubieren allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General en mención. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
II.. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el auto de once de septiembre dos mil veintitrés, por medio de lista, a no haber acudido al este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 718/2023-II, promovido por ********************, en su carácter de apoderada legal para pleitos y cobranzas del quejoso directo ********************, en contra de actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas, "4", dependiente del Servicio de Administración Tributaria con sede en Reynosa, Tamaulipas, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, ********************, en su carácter de apoderada legal para pleitos y cobranzas del quejoso directo ********************, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridades responsables y actos reclamados señaló lo siguiente: Autoridades responsables: La administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas "4", por conducto del Lic. José Alberto Piña Peña, dependiente del Servicio de Administración tributaria con domicilio conocido en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en su carácter de ordenadora. Titular de la oficina del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en su carácter de autoridad ejecutora. Actos que se les reclama: La falta de llamamiento a juicio, en cualquiera de sus etapas, desde el inicio de una resolución determinante así como también durante todo el procedimiento administrativo de ejecución, remate y adjudicación del inmueble adquirido por mi representado ubicado en calle ********************, número exterior ******************** del fraccionamiento ********************, inmatriculada ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas con el número de finca ********************. Violación a las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucional, en virtud de que en ningún momento fue llamado mi representado a juicio y mucho menos le notificó procedimiento alguno en el cual se determinara la multa o crédito fiscal alguno." Asimismo, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías, se le dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el presente asunto tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, tanto de la transcripción de los actos reclamados, como del contenido de los antecedentes de los mismos y los conceptos de violación, se evidencia que la parte quejosa reclama: De la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas, "4", dependiente del Servicio de Administración Tributaria con sede en Reynosa, Tamaulipas, y otra autoridad. El incumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, relativo a la falta o ilegal emplazamiento del documento que determinó el crédito fiscal. La falta o ilegal notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto al remate y adjudicación del inmueble ubicado en calle ********************, número exterior ******************** del fraccionamiento ********************, en esta ciudad. Director del Instituto Registral y Catastral en Matamoros Tamaulipas (antes Registro Público de la Propiedad y de Comercio). La inscripción de embargo, remate y adjudicación, en relación con el inmueble ubicado en calle ********************, número exterior ******************** del fraccionamiento ********************, en esta ciudad, ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas con el número de finca ********************. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Directora de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, adscrita al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye. En consecuencia, deberán tenerse por existentes, al tenor de la tesis de jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." A su vez, la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas "4", en Reynosa, Tamaulipas, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye; sin embargo, enseguida refirió que sí era cierto que se llevó a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en calle ********************, número exterior ******************** del fraccionamiento ********************, inmatriculada ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas con el número de finca ********************; esto es, la autoridad responsable en comento hizo manifestaciones que entrañan la certeza del acto reclamado. Por tanto, se tienen como ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa a la responsable aludida en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, esa existencia se constata, con las constancias que adjuntaron las aludidas autoridades responsables, a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, con relación con los actos precisados en los incisos a) y b), consistentes en la falta o ilegal emplazamiento del documento que determinó el crédito fiscal y la notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto al remate y adjudicación del inmueble ubicado en calle ********************, número exterior ******************** del fraccionamiento ********************, en esta ciudad, por ser tercero extraño por equiparación, se actualiza la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] ". En relación con esa hipótesis de procedencia del juicio constitucional, conviene precisar que tradicionalmente se han reconocido dos clases de terceros extraños a juicio y/o a un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber: 1. Quien no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que se ve afectado y/o agraviado con motivo de su tramitación o con la ejecución de las determinaciones adoptadas, sin haber tenido la oportunidad de defender sus derechos (tercero extraño típico); y, 2. Quien es parte en sentido formal, pero no en sentido material, por no haber sido llamado al procedimiento, o porque fue llamado incorrectamente (tercero extraño por equiparación). Esa clasificación tiene sustento en la jurisprudencia número 7/98, aplicable por analogía y en lo conducente, consultable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Asimismo, corrobora lo expuesto la tesis número VIII.1o.36 K, consultable en la página 792, Tomo X, Diciembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SE EQUIPARA AL TERCERO NO LLAMADO A JUICIO, POR TENER EN AMBOS CASOS LA MISMA FINALIDAD Y POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN. Es característica propia de los juicios o de los procedimientos seguidos en forma de juicio, estar integrados por las siguientes fases: a) Previo al juicio; b) Instrucción del juicio; c) Sentencia; y d) Ejecución. Análogamente se aprecia que en los procedimientos en materia tributaria se dan iguales etapas o fases a las indicadas, siendo éstas: a) Fiscalización; b) Determinación de créditos fiscales; y, c) Ejecución. En esa tesitura, y tomando en cuenta que la posibilidad de justificar actos privativos en cualquiera de estos momentos se presenta cuando previamente se satisfagan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual constituye la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional, que implica que la persona que pueda ser afectada: 1) Sea emplazada; 2) Ofrezca y rinda pruebas; 3) Formule alegatos; y, 4) Que se le dicte una sentencia o decisión que contemple los extremos de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Con relación a lo anterior, resulta que la institución del tercero ajeno, ignorado o no llamado a juicio, tiene como características: a) No haber figurado como parte en sentido material (sea en un juicio o procedimiento); b) Sufrir un perjuicio durante la secuela procesal o en su ejecución; c) Que desconozca las actuaciones relativas; y, d) No haber tenido oportunidad de ser oído en su defensa; lo que implica afectación a su esfera jurídica al ser una auténtica y directa violación a la garantía de audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, donde la propia Carta Magna en su artículo 107, fracción III, inciso c), párrafo segundo, permite la procedencia inmediata del juicio de amparo sin necesidad de cumplir con el principio de definitividad. En consecuencia, si tanto en los juicios como en los procedimientos seguidos en forma de juicio, se da la misma finalidad y posibilidad de afectación (actos de privación) -mediante la emisión de resoluciones vinculatorias entre las partes y declarativas o constitutivas de derechos, exigibles mediante el imperio y la coerción-. Por tanto, resulta que, por identidad de razón, rigen en ambas las mismas garantías de defensa (formalidades esenciales del procedimiento) y, en ese tenor, es obvio que también en ambos casos debe de regir la institución del tercero extraño y sus consecuencias cuando aquellas formalidades son violentadas. Siendo así que al sujeto al que se cobra un crédito mediante el procedimiento administrativo de ejecución y que no ha sido llamado a comparecer y deducir sus derechos oportunamente dentro del procedimiento de determinación del crédito, es equivalente a un tercero no llamado a juicio, por identidad de razones y la finalidad de afectación. Luego entonces, resulta claro que está facultado para ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar recursos ordinarios que específicamente puedan existir, toda vez que para que sea válido iniciar en su perjuicio el procedimiento administrativo de ejecución, se requiere que previamente haya sido citado a comparecer y defenderse en el procedimiento de determinación y, de no ocurrir así, es evidente que se trata de un tercero no llamado a un procedimiento seguido en forma de juicio, con características y efectos semejantes a las de un tercero extraño a juicio en sentido estricto." De esta forma, lo trascendente para la procedencia del juicio sustentada en la hipótesis que prevé el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, es que la persona que se ostenta extraña al procedimiento tenga un desconocimiento total de su existencia y tramitación, y en esa medida esté imposibilitada para promover su defensa en dicho proceso. Ahora, trasladado el concepto de tercero extraño por equiparación al procedimiento administrativo de ejecución encaminado a la satisfacción de un crédito fiscal determinado, el reconocimiento de esa calidad supone que el afectado desconoce en absoluto el crédito fiscal, porque no le fue notificado o no se le dio a conocer en los términos legales, la resolución determinante que da origen a ese crédito, de manera que ignora totalmente su obligación con el fisco, lo que le habilita para controvertir en el amparo los actos derivados del procedimiento administrativo desde su perspectiva de tercero extraño por equiparación. De suerte que la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del crédito fiscal, y más aún, que se ha defendido de su determinación, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento administrativo; por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto con ese carácter debe sobreseerse con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, fundamentalmente porque el promovente no tiene la calidad que aduce y está en posibilidad de defenderse dentro del propio procedimiento que se le instruye. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 39/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya aplicabilidad subsiste porque su contenido no contradice los postulados de la Ley de Amparo vigente, y dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por el ilegal emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". En el caso, de las actuaciones que obran en el sumario se advierte que el nueve de abril de dos mil quince, la aduana de Matamoros, emitió la resolución contenida en el oficio número 800-62-00-02-09-2015-2365, a través del cual se determinó un crédito fiscal a cargo de ********************, en cantidad de $53,723.00 (cincuenta y tres mil setecientos veintitrés pesos, moneda nacional) por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, multas y recargos; asimismo, se advierte que el aquí quejoso promovió juicio de nulidad en contra de la aludida resolución, mismo que le correspondió conocer a la tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número ********************, en la cual el pasado once de enero de dos mil dieciséis, se resolvió declarar la validez de la resolución impugnada, por lo que el aquí quejoso promovió amparo directo en contra de la aludida sentencia, la cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, bajo el número de su estadística ********************, por lo que a través de la ejecutoria emitida el trece de julio de dos mil dieciséis, se negó el amparo al aquí impetrante de garantías. Precisado lo anterior, es relevante destacar que aunque la quejosa afirma haber desconocido el crédito fiscal determinado en su contra, se advierte de las constancias que obran en el sumario, que evidencian el conocimiento de ese crédito, que incluso, debe decirse, controvirtió a través del juicio de nulidad y amparo directo. Por lo que, para efectos de este juicio de derechos fundamentales debe tenerse como válido el conocimiento del crédito fiscal determinado en la resolución de nueve de abril de dos mil quince, que como se indicó, es de donde deriva el procedimiento administrativo de ejecución del crédito fiscal 800-62-00-02-09-2015-2365, que determinó el mandamiento de ejecución y su requerimiento de pago y/o embargo de bienes a nombre del quejoso hasta por la cantidad de $53,723.00 (cincuenta y tres mil setecientos veintitrés pesos, moneda nacional). Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues ********************, no tiene la calidad de tercero extraño por equiparación al procedimiento administrativo de ejecución del que emana el acto reclamado, pues se desvanece o desvirtúa con la sola circunstancia de que el afectado conoció de la existencia de la resolución determinante del crédito fiscal fincado en su contra, e incluso promovió juicio de nulidad y amparo directo para controvertirlo. En esa virtud, la amparista no puede reprochar el desconocimiento de la resolución determinante del crédito, pues se insiste, tuvo pleno conocimiento del procedimiento y de la resolución de los que a la postre derivó el mandamiento de ejecución y su requerimiento de pago y/o embargo de bienes a nombre del quejoso hasta por la cantidad de $53,723.00 (cincuenta y tres mil setecientos veintitrés pesos, moneda nacional). De igual manera, al tener conocimiento de dicho crédito fiscal y al haber promovido juicio de nulidad y amparo directo respecto de la cual se emitió la resolución plasmada en líneas supra, el cual derivó el procedimiento administrativo de ejecución, mismo que el aquí quejoso tenía la obligación de estar al pendiente y agotar los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley; lo anterior, máxime que se le hizo del conocimiento a través de la notificación por estrados; empero, al acudir a este juicio biinstancial ostentándose con el carácter de tercero extraño por equiparación, dicha circunstancia se desvirtúa por lo señalado en líneas que anteceden, puesto que resulta evidente que el aquí agraviado estaba al tanto del aludido asunto. Por ello, el presente juicio respecto a los actos reclamados concernientes a la resolución determinante del crédito fiscal así como al procedimiento administrativo de ejecución, deviene improcedente al no revestirle tal figura citada en el párrafo que antecede, dado que como se mencionó la aquí impetrante tuvo conocimiento puesto que de las constancias que anexaron las autoridades responsables, respecto de las cuales se advierte que existió una serie coherente y concordante de actos tendentes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme aludida. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página 93, registro 189916, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY." El texto de la jurisprudencia dice lo siguiente: "La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." (lo subrayado es propio) Corrobora esa conclusión, particularmente en su última parte, la jurisprudencia número 2a./J. 11/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1242, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo registro IUS 2003074, cuyo rubro y texto establecen: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." (lo subrayado es propio) En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la ley de Amparo y entonces, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. De igual manera, resulta aplicable la tesis IV.2o.C.37 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Tomo XXV, Junio de 2007, página 1181, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 172130, que dice: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia." (lo subrayado es propio) De ahí que derivado de lo expuesto, si la aquí quejosa tenía conocimiento del crédito fiscal y del procedimiento administrativo de ejecución, no le reviste la figura de tercero extraño a juicio por equiparación; por ende, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora Directora de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, adscrita al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas en esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Ahora bien, dado que se actualizaron las causales de improcedencia analizadas, resulta innecesario examinar la posible actualización de otra, ni el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es ilustrativa, por las razones que contiene, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 1993, consultable a página ********************, del texto siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." También se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 107, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en su carácter de apoderada legal para pleitos y cobranzas del quejoso directo ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y sólo agréguese al expediente para que obre como corresponda el informe justificado remitido vía correo ordinario, rendido por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "4", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas "4", en Reynosa, Tamaulipas, toda vez que en autos de diecisiete y veintiuno de julio del año en curso, se proveyó lo conducente en relación a dicho comunicado y anexos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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