Luis Ignacio Pozo Rocha
Expediente 44/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Luis Ignacio Pozo Rocha
Actuaciones
- Principal
Tomando en consideración, que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiere recurrido el proveído que desechó la demanda de derechos fundamentales, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos a Luis Ignacio Pozo Rocha la dteerminación judicial dictada el treinta de enero del año en curso que a la letra dice: Monterrey, Nuevo León, a treinta de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se provee: 1 REGISTRO DE DEMANDA Y CAPTURA EN SISE. Con la demanda de amparo presentada por LUIS IGNACIO POZO ROCHA, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR NÚMERO UNO DE JUSTICIA FAMILIAR EN MONTERREY, por violación a los derechos fundamentales y garantías dada para su protección consagrados en el artículo 20 de la Constitución Federal y copias que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 44/2018; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 2 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la certificación de cuenta se advierte que, se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, a las once horas con ocho minutos de ayer, por medio del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal dentro del Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la boleta original, con número de registro 000232/2018 y la demanda de amparo presentada con el nombre de LUIS IGNACIO POZO ROCHA, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR NÚMERO UNO DE JUSTICIA FAMILIAR EN MONTERREY, en la que el Jefe de la expresada Oficina asentó que la demanda no cuenta con la firma electrónica correspondiente. En ese contexto, como del análisis del escrito que se atiende, se aprecia que el promovente remitió el escrito de demanda por medio del Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y no adjunto la debida firma electrónica; por tanto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, que disponen: "...El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "...El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Lo anterior es así, toda vez que, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, esto quiere decir, que se encuentran legitimados para promover la acción constitucional aquéllos a quienes perjudique o cause agravio el acto que se reclama; dicho con otras palabras, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo aquél a quien el acto de autoridad reclamado le cause una lesión a sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual, que se hará valer mediante escrito en el cual se haga constar la inconformidad del promovente contra el acto de autoridad que cuestione, siendo en este caso la firma electrónica en la demanda la expresión de la voluntad del que aparece como promovente, constituyendo ésta un requisito esencial para dar validez a un documento, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe, resultando inconcuso que la carencia de firma electrónica en una promoción o demanda remitida por el mencionado Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, trae como consecuencia, la no apreciación de esa voluntad por parte de quien aparece como accionante. Ello, en atención a que, es innegable que al regirse el juicio constitucional por el principio de instancia de parte agraviada, es al particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, quien deberá presentar el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada autógrafamente por la parte quejosa o en su defecto, mediante firma electrónica, lo que, en el caso, no acontece. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al juez a otorgar al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica; por tanto, al no advertirse la firma electrónica en la demanda presentada con el solo nombre de LUIS IGNACIO POZO ROCHA, se DESECHA por notoriamente improcedente, con apoyo además en el diverso numeral 113 de la ley de la materia. Sirve de sustento a la conclusión precedente, por igualdad de razón jurídica, el criterio inmerso en la tesis XVII.7 K (10a.) de la Décima Época, publicada en la página 2154, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo." También apoya lo anterior, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 234, del rubro y texto siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA POR FALTA DE. Conforme al artículo 107 constitucional, fracción I, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, en el caso, aun cuando la parte que se considera agraviada promovió el juicio de amparo por sus propios derechos, sin embargo, la demanda de garantías carece de firma y, como ésta constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a los artículos citados, propiamente no existe agraviado, por lo que a la luz de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse de acuerdo con lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma ley." 3 DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el promovente en el escrito de demanda. 4 GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Se hace del conocimiento que al tenor de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 17 de la ley suprema del país, los servicios que este juzgado de Distrito presta en lo atinente a la administración de justicia, son gratuitos. 5 FOLIO. En la inteligencia, que el folio de este expediente, se imprime con foliador mecánico.
- Principal
Con la demanda de amparo presentada por LUIS IGNACIO POZO ROCHA, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR NÚMERO UNO DE JUSTICIA FAMILIAR EN MONTERREY, por violación a los derechos fundamentales y garantías dada para su protección consagrados en el artículo 20 de la Constitución Federal y copias que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 44/2018; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la certificación de cuenta se advierte que, se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, a las once horas con ocho minutos de ayer, por medio del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal dentro del Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la boleta original, con número de registro 000232/2018 y la demanda de amparo presentada con el nombre de LUIS IGNACIO POZO ROCHA, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR NÚMERO UNO DE JUSTICIA FAMILIAR EN MONTERREY, en la que el Jefe de la expresada Oficina asentó que la demanda no cuenta con la firma electrónica correspondiente. En ese contexto, como del análisis del escrito que se atiende, se aprecia que el promovente remitió el escrito de demanda por medio del Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y no adjunto la debida firma electrónica; por tanto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, que disponen: "...El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "...El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Lo anterior es así, toda vez que, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, esto quiere decir, que se encuentran legitimados para promover la acción constitucional aquéllos a quienes perjudique o cause agravio el acto que se reclama; dicho con otras palabras, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo aquél a quien el acto de autoridad reclamado le cause una lesión a sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual, que se hará valer mediante escrito en el cual se haga constar la inconformidad del promovente contra el acto de autoridad que cuestione, siendo en este caso la firma electrónica en la demanda la expresión de la voluntad del que aparece como promovente, constituyendo ésta un requisito esencial para dar validez a un documento, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe, resultando inconcuso que la carencia de firma electrónica en una promoción o demanda remitida por el mencionado Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, trae como consecuencia, la no apreciación de esa voluntad por parte de quien aparece como accionante. Ello, en atención a que, es innegable que al regirse el juicio constitucional por el principio de instancia de parte agraviada, es al particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, quien deberá presentar el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada autógrafamente por la parte quejosa o en su defecto, mediante firma electrónica, lo que, en el caso, no acontece. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al juez a otorgar al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica; por tanto, al no advertirse la firma electrónica en la demanda presentada con el solo nombre de LUIS IGNACIO POZO ROCHA, se DESECHA por notoriamente improcedente, con apoyo además en el diverso numeral 113 de la ley de la materia.
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