Luis Humberto Ramírez Viramontes
Expediente 837/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Humberto Ramírez Viramontes
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del quince al diecinueve de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *****, ostentándose Consejero del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, contra actos del Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, por los siguientes actos: ".La aprobación del Dictamen de fecha 21 del mes de junio de 2022, por el cual se ratifica al C. Eduardo Orihuela Estefan, como Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo. La omisión de aplicar en la votación al Dictamen de fecha 21 del mes de junio de 2022, por el cual se ratifica al C. Eduardo Orihuela Estefan, como Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, lo dispuesto por la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo. La omisión de aplicar en la votación al Dictamen de fecha 21 del mes de junio de 2022, por el cual se ratifica al C. Eduardo Orihuela Estefan, como Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, lo dispuesto por la Constitución Política de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.". En tales condiciones, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 837/2022-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.". De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema, ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En el caso concreto, se combate del Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, la aprobación del dictamen de veintiuno de junio de dos mil veintidós, por el cual ratifica a Eduardo Orihuela Estafan como Presidente del Consejo de Económico y Social del Estado de Michoacán, así como la omisión de aplicar la votación del referido dictamen, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Michoacán y Ley del Consejo Económico y Social del Estado. Lo que hace improcedente el juicio de amparo, porque fue realizada por entes dotados constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de derechos fundamentales. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, determinó que la palabra "soberano" debe entenderse como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. También sostuvo que la legislatura se constituye como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Agregó, que cuando ésta emite ciertos actos, para cuya emisión no se prevea ningún procedimiento normativo, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental. Así la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, concluyó que la decisión del órgano legislativo, en estos casos, se encuentra revestida de alcance constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. En otras palabras, los actos reclamados antes transcritos y precisados, no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección lo haya realizado el Gobernador del Estado de Michoacán, lo cual se evidencia con el dictamen que somete a consideración del Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de este. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la parte quejosa efectivamente pueda tener un interés legítimo jurídicamente tutelado para controvertir los actos que reclama; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, la vía de amparo indirecto no es la idónea para ello, ya que en su caso, podrá gestionar su acción a través de un diverso medio de control constitucional, verbigracias el criterio de rubro: "RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.", el cual surgió con motivo de una controversia constitucional resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tales condiciones al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. E tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle ******* en esta ciudad, autorizando para tal efecto ********, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó el dato inherente a las cédulas profesionales número *****, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *****, el primero hasta en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la referida profesión y el último, toda vez que en esos términos fue autorizado, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "gabrielenriquemontiel", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento del promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *****, ostentándose Consejero del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, contra actos del Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, por los siguientes actos: ".La aprobación del Dictamen de fecha 21 del mes de junio de 2022, por el cual se ratifica al C. Eduardo Orihuela Estefan, como Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo. La omisión de aplicar en la votación al Dictamen de fecha 21 del mes de junio de 2022, por el cual se ratifica al C. Eduardo Orihuela Estefan, como Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, lo dispuesto por la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo. La omisión de aplicar en la votación al Dictamen de fecha 21 del mes de junio de 2022, por el cual se ratifica al C. Eduardo Orihuela Estefan, como Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, lo dispuesto por la Constitución Política de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.". En tales condiciones, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 837/2022-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.". De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema, ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En el caso concreto, se combate del Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, la aprobación del dictamen de veintiuno de junio de dos mil veintidós, por el cual ratifica a Eduardo Orihuela Estafan como Presidente del Consejo de Económico y Social del Estado de Michoacán, así como la omisión de aplicar la votación del referido dictamen, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Michoacán y Ley del Consejo Económico y Social del Estado. Lo que hace improcedente el juicio de amparo, porque fue realizada por entes dotados constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de derechos fundamentales. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, determinó que la palabra "soberano" debe entenderse como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. También sostuvo que la legislatura se constituye como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Agregó, que cuando ésta emite ciertos actos, para cuya emisión no se prevea ningún procedimiento normativo, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental. Así la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, concluyó que la decisión del órgano legislativo, en estos casos, se encuentra revestida de alcance constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. En otras palabras, los actos reclamados antes transcritos y precisados, no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección lo haya realizado el Gobernador del Estado de Michoacán, lo cual se evidencia con el dictamen que somete a consideración del Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de este. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la parte quejosa efectivamente pueda tener un interés legítimo jurídicamente tutelado para controvertir los actos que reclama; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, la vía de amparo indirecto no es la idónea para ello, ya que en su caso, podrá gestionar su acción a través de un diverso medio de control constitucional, verbigracias el criterio de rubro: "RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.", el cual surgió con motivo de una controversia constitucional resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tales condiciones al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. E tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle ******* en esta ciudad, autorizando para tal efecto ********, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó el dato inherente a las cédulas profesionales número *****, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *****, el primero hasta en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la referida profesión y el último, toda vez que en esos términos fue autorizado, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "gabrielenriquemontiel", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento del promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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