Luis Humberto Hernández Palma

Expediente 64/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
64/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Humberto Hernández Palma

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que el quejoso, lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    .Toluca, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por **********************, contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Internos, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y otra autoridad, regístrese bajo el número 64/2021. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En efecto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu y 217 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, la parte quejosa reclama el citatorio librado para que comparezca ante un órgano interno de control de una dependencia del gobierno del Estado de México. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse cuando éstos sean de imposible reparación. Así, ha establecido que la definición de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe atenderse a la naturaleza propia del acto y a las consecuencias que éste produce, mas no así a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues lo contrario implicaría dejar en manos de los gobernados la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisible. Es decir, no puede considerarse que un acto de molestia, cualquiera que éste sea, es de imposible reparación por el hecho de que el gobernado argumente que fue emitido por autoridad incompetente y que por ello es violatorio del derecho individual que consagra el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al disponer que: " Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Lo anterior porque bajo dicha perspectiva cualquier acto de autoridad podría ser considerado de imposible reparación, lo que quedaría a discreción del gobernado, pues bastaría con que le imputara al acto correspondiente tal violación para que procediera el juicio de amparo en su contra, con independencia de lo fundado o infundado de su planteamiento en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto. En atención a lo anterior, cabe concluir que el acto autoritario impugnado para poder ser considerado de imposible reparación, atendiendo a los criterios definidos al respecto por el Tribunal Pleno, per se y por las consecuencias que produce, con independencia de las violaciones que le impute el gobernado, debe afectar sus derechos sustantivos. En el caso, se considera que el citatorio reclamado y sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto el sujetar al servidor público al procedimiento de responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa a fin de determinar su responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción correspondiente. Eso se sostiene, pues el efecto del citatorio es el de sujetar al servidor público presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar si efectivamente es o no responsable de la falta y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente. Tal efecto del citatorio no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado al que se sujeta el procedimiento administrativo de responsabilidad, pues la sujeción a tal procedimiento es una obligación consagrada a nivel constitucional que deriva de su calidad de servidor público y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. Se insiste, el citatorio a la audiencia de ley en el procedimiento administrativo de responsabilidad no constituye un acto que produzca una afectación de imposible reparación, en virtud de que sólo produce el efecto de sujetar al gobernado al procedimiento administrativo de responsabilidad que puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender y producir huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, es decir, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertir los vicios del citatorio en el medio de defensa legal procedente y, si es el caso, en el amparo indirecto que proceda contra la resolución definitiva, y de ser fundadas las violaciones imputadas al citatorio, ello ocasionaría la insubsistencia del procedimiento relativo al haberse nulificado el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto por lo que tampoco en dicha hipótesis se dejaría huella en su esfera jurídica. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu y 217 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Tesis: 2a/J. 43/2006 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, publicada en el publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242 "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." De ahí que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas a quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente una causa de sobreseimiento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos en el artículo 61, fracción XXIII, 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu y 217 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Luis Humberto Hernández Palma, contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Internos, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, será el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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