Luis Humberto Garcia Colmenares

Expediente 2224/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2224/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Humberto Garcia Colmenares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Aviso principal. Por medio de lista notifico a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, el primero de los referidos acuerdos dice: veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. I. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretario General; dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido. a) Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante. II. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que ----- reclama del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la omisión de dictar la resolución en la que se admitan o desechen las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral ----- . En el caso, de la copia certificada remitida con el oficio de cuenta, se desprende que en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso -esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo- la responsable resolvió sobre la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas por las partes. Dicha copia certificada del proveído en mención, por ser documental pública goza de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una constancia integrada por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. En ese contexto, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dictar la resolución en la que se admitan o rechacen las pruebas ofrecidas por las partes al juicio laboral ----- ; sin embargo, la citada autoridad responsable informó y acreditó que en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, dictó la resolución correspondiente. En ese orden, si la parte quejosa combate la vulneración a su derecho fundamental, es claro que ha cesado el acto reclamado con el actuar de la autoridad responsable. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se advierte la naturaleza del acto reclamado en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la falta del dictado de una resolución se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la determinación emitida por la autoridad en fecha veintitrés de noviembre actual, las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." 2 Sin que en el caso sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considera se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 2 Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.".3 Aunado a que la determinación tomada por la autoridad responsable no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución, pues aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, el resultado sería el mismo y se contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 4 III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. No obra notificación personal. Visto el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha del dictado del presente acuerdo, aún no obra notificación a la parte quejosa, del acuerdo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. II. Comisiónese al Actuario Judicial. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial correspondiente, para que de manera inmediata, notifique a la parte quejosa el contenido del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Cúmplase.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito que presenta el perito oficial mediante el cual, cumple el requerimiento formulado en auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, pues al efecto informa que no accedió al inmueble materia de la litis por los motivos que ahí expone, y solicita se señale nueva fecha para tal efecto. En atención a lo anterior, requiérase nuevamente a la parte quejosa para que permita el acceso al perito oficial al predio materia de controversia, a efecto de que realice los trabajos de campo que le permita estar en condiciones de emitir su dictamen pericial correspondiente. Para tal efecto, la parte quejosa deberá proponer, con tiempo de anticipación, fecha y hora en que el diestro pueda ingresar al inmueble a fin de que esté en posibilidad de desahogar su experticia. En la inteligencia que de no cumplir el anterior requerimiento se le impondrá al quejoso una multa equivalente a Cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Se reserva otorgar al perito oficial un nuevo plazo para la emisión de su dictamen, hasta en tanto la quejosa cumpla el requerimiento formulado en el presente auto. Finalmente, se tiene al perito proporcionando el número telefónico que señala a efecto de establecer comunicaciones no procesales con él. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

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