Luis Homero Vargas Torrescano
Expediente 518/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Homero Vargas Torrescano
Actuaciones
- Principal
Ahora, el uno de marzo actual culminó la vigencia de la circular señalada en el párrafo que antecede; por tanto, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de quince de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, causa estado el proveído en cita. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran los tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, del acuerdo en cita. Por otra parte, de autos se advierte que no fueron ofrecidas por las partes documentos originales, ni tampoco obra billete de depósito toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, se desprende la imposibilidad del actuario adscrito a este juzgado federal para notificar a la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, residente en la ciudad de México, el oficio que se le envió para que rinda su informe previo; toda vez que al marcar el teléfono 55-5036-0000, contesta una grabación e indica que sí tiene conocimiento de la extensión la marque, o en su caso, una operadora contestará, pero se corta la comunicación o señala que el número presionado no existe. Atento a lo anterior, se instruye al actuario adscrito que corresponda, para de ser posible haga llegar la comunicación oficial aludida a la responsable por diverso medio -correo electrónico o vía estafeta-. Ello, con el propósito de integrar el incidente en que se actúa. Por otra parte, como lo informa el servidor público señalado, téngase por entregada vía electrónica la misiva por la que se requirió informe previo al secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, y Verificadores Comisionados por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía para Evaluar la Conformidad de Normas Oficiales Mexicana, con sede en Ciudad de México, en la cuenta de correo electrónica señalada en la razón de cuenta. En diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, bajo el número 518/2020-VII.2. Hágase su registro tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, lo que se reitera en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, el precepto legal citado reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, pues establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El cuadro procesal reseñado evidencia que, la determinación combatida que desechó el recurso de revocación presentado el diez de septiembre de este año, en el que se pretendía impugnar el auto de dos de septiembre del año actual, por el que se negó reservar el desahogo de pruebas, hasta en tanto se resuelva un incidente de nulidad de notificaciones, dentro del juicio de origen; tiene solo efectos procesales y no afecta de manera alguna, derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, por más que esa cuestión no pueda ser materia de análisis en la sentencia definitiva que resuelva el procedimiento del que emana tal acto reclamado, dado que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con los derechos consagrados en los artículos 1, 16 y 17 constitucionales, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con el desahogo de pruebas, se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, como fue integrada la litis. Lo anterior es así, porque el hecho de que la autoridad responsable haya confirmado el proveído que lo citó a la entrevista para la actualización del dictamen en trabajo social, dictado dentro del juicio de origen, no significa que la sentencia se vaya a emitir en forma desfavorable a sus intereses. Pues de acuerdo con lo narrado en la demanda de amparo, todavía no se dicta sentencia definitiva, sino que se está en la etapa probatoria. Máxime, si se toma en consideración que aún cuenta con la posibilidad de obtener su reparación al momento de dictarse la interlocutoria en el incidente de nulidad de notificaciones, toda vez que la misma puede resultar favorable a sus intereses, y de ser así, quedaría reparada la violación que pudiese ocasionar el desahogo de pruebas, o bien en caso de continuar dicha violación, la pueden hacer valer como agravio en el recurso correspondiente que interponga contra esta última determinación y, finalmente, hacer valer como violación procesal en amparo directo que se llegue a interponer en su caso, frente al fallo definitivo de segundo grado, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Con fundamento en el artículo 30, fracción II, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones la dirección electrónica con nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación como ***, ya que está debidamente acreditado.
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