Luis Herrera Flores

Expediente 1407/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1407/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Herrera Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega la intervención ministerial signada electrónicamente por el licenciado ******************** Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Adscrita a este juzgado; y en atención a su contenido, ténganse por formulados los alegatos a que se refiere en el escrito que se provee y con los mismos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan. Ahora, de la documentales anexadas al informe que se provee, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso Luis Herrera Flores, en esencia se duele de la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, de radicar la demanda laboral presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, así como de llevar a cabo el emplazamiento del demandado. Sin embargo, de las documentales que obran en autos se advierte que la autoridad responsable mediante proveído de veintiséis de agosto del año en curso, tuvo por recibida la demanda laboral mencionada, registrándola bajo el número 206/E/2022, y ordenó el emplazamiento de las parte demandadas a fin de que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, dieran contestación a la demanda, u opusiera excepciones y defensas, apercibiéndolas que en caso de no dar contestación, se les tendría por contestando en sentido afirmativo. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora, en cuanto al acto que reclama el impetrante de amparo consiste en la omisión de llevar a cabo el emplazamiento del demandado, dicho acto debe declararse inexistente para los fines del juicio de amparo Lo anterior, debido a que no es factible que la autoridad incurra en la omisión de ordenar el emplazamiento a la parte demandada, antes de la radicación de la demanda laboral, es decir, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo (nueve de agosto de dos mil veintidós), no existía la determinación que radicaba el juicio, mucho menos existía la orden de llamar a juicio a los integrantes en conflicto. Ello pone de relieve que tal omisión resulta futura e incierta y, por ende, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." En consecuencia, al cesar los efectos de las omisiones reclamadas, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se fijó para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase a Luis Herrera Flores solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el cuaderno correspondiente; regístrese en el libro de gobierno con el número 1407/2022. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.'' Por otro lado, sin que haya lugar a tener como parte tercera interesada a SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS e IPSSET como lo señala la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de radicar la demanda laboral presentada ante la responsable; por ende, no se actualiza alguna de las hipótesis que establece el precepto 5, fracción III, de la Ley de Amparo, para que tengan la calidad de terceros interesados, en atención a que no han sido emplazados a juicio. En apoyo a lo anterior, se cita de manera ilustrativa el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: No. Registro: 167160, Materia(s): Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, página: 265, de rubro y texto que se reproducen: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental anexada en el escrito que se provee, la cual se admite y desahoga en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; y por correo electrónico al Fiscal Federal.

  4. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "Vista la cuenta que antecede, téngase a Luis Herrera Flores solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el cuaderno correspondiente; regístrese en el libro de gobierno con el número 1407/2022. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.'' Por otro lado, sin que haya lugar a tener como parte tercera interesada a SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS e IPSSET como lo señala la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de radicar la demanda laboral presentada ante la responsable; por ende, no se actualiza alguna de las hipótesis que establece el precepto 5, fracción III, de la Ley de Amparo, para que tengan la calidad de terceros interesados, en atención a que no han sido emplazados a juicio. En apoyo a lo anterior, se cita de manera ilustrativa el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: No. Registro: 167160, Materia(s): Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, página: 265, de rubro y texto que se reproducen: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental anexada en el escrito que se provee, la cual se admite y desahoga en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; y por correo electrónico al Fiscal Federal."

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